Hace unos días el Gobierno de Mendoza anunció la concreción de financiamiento por parte del CFI para la realización de un Master Plan Hídrico a través de la empresa estatal israelí Mekorot. Según lo trascendido por las autoridades, dicho plan consiste en proyectar para los próximos 30 años la disponibilidad hídrica, su demanda y posibles acciones que serán necesarias desarrollar para hacer frente a los distintos escenarios que puedan proyectarse.
Sin conocer en detalle, considero que es una buena noticia avanzar en este sentido, ya que hace tiempo que junto con los sectores productivos y como miembro de la Comisión de Aguas del Consejo Económico, Ambiental y Social, solicitamos la importancia de abordar la problemática de la mega sequía con propuestas para el corto, mediano y largo plazo.
También es válido aclarar que todo plan, para ser exitoso, debe venir acompañado de obras, acciones y gestiones en conjunto con las organizaciones de usuarios; sumado a la necesidad de contar con el financiamiento necesario para lograr los objetivos propuestos.
Un ejemplo es la necesidad de cambiar el paradigma actual de entrega de agua según oferta para pasar a un sistema de entrega según demanda, el “riego acordado” es una forma de hacerlo, ya que respeta el principio de inherencia del agua a la tierra y moderniza la gestión del recurso.
Dicho esto, me es difícil comprender que por un lado el Gobierno Provincial reconozca públicamente la acuciante realidad que nos golpea debido a la sequía; cuando por otro lado se anuncia la decisión política de destinar u$500 millones de los fondos ya depositados por la Nación (y que nos corresponden por derecho) para ejecutar la obra de “el Baqueano” que únicamente generará energía hidroeléctrica para inyectar en el sistema interconectado nacional sin beneficiar con un solo litro de agua en la optimización de la distribución.
Creo que es un error utilizar fondos estratégicos así y más sabiendo que no volveremos a tenerlos.
Continuando con las incoherencias, si nos vamos al Sur Provincial, cuesta entender cómo, por un lado, estamos viendo pasar el caudal de un río al cual tenemos el derecho de usar, mientras que por el otro lamentamos los efectos de la sequía que ponen en riesgo la continuidad poblacional y productiva de todo el oasis sureño.
Es por ello indispensable hacer uso de la cuota de agua del Río Grande que nos corresponde y que actualmente no estamos aprovechando mediante la realización del Trasvase del Río Grande al Atuel por la cuenca alta. Frente a esto,
Mendoza ya tendría que haber avanzado en los estudios técnicos complementarios necesarios para la concreción de la obra que permitiría a los habitantes del sur gozar de los beneficios energéticos, hídricos, turísticos y productivos que ofrece el Trasvase.
Estamos atravesando el décimo segundo año de sequía y probablemente el sector primario volverá a sufrir daños económicos por no contar con el agua necesaria para sus cultivos.
Un claro ejemplo es la postergación de la corta anual en varios ríos de la provincia que seguramente impactará en la disminución de la producción agrícola en general, pérdida de empleo, insumos, transportes, etc.
Contamos con una oportunidad histórica. Es sabido que la obra de Portezuelo del Viento como estaba proyectada no se va a realizar y esto nos habilita a redireccionar los fondos para comenzar a instrumentar obras y acciones que garanticen mejorar la disponibilidad hídrica y el desarrollo socioproductivo.
¿Logramos comprender la gravedad que estamos viviendo?
Respecto a la obra del Baqueano, corresponde al Gobierno Nacional (quien es el mayor beneficiado) aportar el financiamiento para su construcción.
Un buen ejemplo es lo que se piensa aplicar para la obra “Los Blancos” (inversión privada con financiamiento internacional y del Estado Nacional).
Estamos frente a un contexto complejo que no permite margen de error y que pone en juego el presente y futuro de la sostenibilidad económica, social y ambiental de Mendoza.
Viendo el vaso medio lleno, si optimizamos considerablemente la red de distribución actual (se habla que sólo contamos con el 15% aproximadamente de los canales impermeabilizados) podríamos estar más cerca de satisfacer la demandas.
Pero para ello hacen falta obras que logren hacer más eficiente la red de distribución, permitiendo luego mejorar el uso del riego intra finca y el consumo poblacional.
Por lo expresado anteriormente, está claro que la prioridad como provincia no es lo energético sino lo hídrico. Es por eso que los u$ 1023 millones que nos corresponden por derecho deberían ser administrados a través de un fideicomiso de afectación específica con el fin de realizar obras estratégicas como el Trasvase del Río Grande por la cuenca alta al Río Atuel y que busquen el mejoramiento de la distribución y aprovechamiento del uso hídrico.
Además, este fondo podría ser nutrido por una parte de las regalías petroleras e hidroeléctricas ya existentes; siendo también una herramienta de apalancamiento para la búsqueda y potenciación de créditos externos.
De esta manera se podrán optimizar al máximo los recursos que aportan el Estado, los productores y usuarios en inversiones hídricas; proyectando una política de Estado permanente que garantice un presente y futuro sostenible.
* El autor es abogado. Representante del sector agrícola en el Consejo Económico Ambiental y Social. Subgerente de ACOVI.
