Como un padre que decide hacerle la vida más fácil a algunos hijos y más complicada a otros, hace décadas la Nación reparte su dinero o mejor dicho el de todos. No se trata sólo de una decisión arbitraria porque el hijo no defiende los colores del mismo equipo. Es más profunda. Se trata de un perjuicio estructural legitimado por una ley imposible de modificar.
Hablar de coparticipación suena aburrido. La palabra ya requiere ser explicada. Tal vez por eso la dirigencia actual ni la menciona. Menos aún en campaña. Prefieren quedarse con la queja mediática recurrente por el desprecio nacional o bien la defensa corporativa del gobierno propio. En lo único que coinciden todos es en un diagnóstico: “No se puede cambiar”.
Los números son contundentes. El último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) sobre las transferencias de dinero de la Nación a las provincias muestra el desajuste.
Desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto, Mendoza recibió 42.697 pesos por habitante por coparticipación y otras leyes que asignan fondos. Son las llamadas “transferencias automáticas”, que se liquidan a medida que ingresa dinero al Tesoro nacional.
Esos fondos se reparten con un mismo criterio de distribución: un porcentaje asignado por la ley de Coparticipación de 1988, que fue la que fijó las porciones de cada provincia. Y ahí claramente está la raíz de muchos de nuestros problemas presentes.
Ahora bien, veamos qué pasó con las vecinas: a San Juan y San Luis, que suelen mostrarse como modelo de gestión exitosa, llegaron en el mismo lapso $ 87.170 y $ 90.089 por habitante, respectivamente.
A la siempre quejosa La Pampa, en campaña permanente contra Mendoza, le transfirieron $ 108.272 por habitante. O sea: cada pampeano “recibió” lo mismo que 2,5 mendocinos.
Lo de Neuquén no está tan alejado de lo que llegó a nuestra provincia: 54.936 pesos. Pero la brecha vuelve a agigantarse si miramos a La Rioja, que aunque no es una “vecina” directa sí era parte del llamado Nuevo Cuyo: allí fueron $ 105.958 por habitante.
Todos esos valores son los acumulados durante ocho meses. Cuando termine el año, habrán crecido al menos 50% y por lo tanto también se ampliarán las brechas en pesos.
Esa ley de 1988 que dispuso ese reparto fue convertida en un cepo definitivo por la reforma constitucional de 1994: sólo puede modificarse si todas las provincias están de acuerdo. Claramente si alguna merece un punto más, otra debe perderlo y ninguna estará dispuesta a ceder.
Más cuando ya se han acostumbrado a vivir con ese dinero, que en la mayoría de los casos representa más del 80% de sus ingresos totales y les ha permitido relajar sus propios sistemas recaudatorios. Quizás el mejor ejemplo de esa situación sea Formosa, que ya recibió $ 122.924 por habitante este año y donde directamente no existe el impuesto automotor.
Mendoza ni aun contando los ingresos propios por recaudación de impuestos, regalías petroleras y demás (cuyo peso en el Presupuesto ha caído en los últimos años) se acerca a lo que envía la Nación a las provincias mencionadas. Hasta el 31 de agosto, representaban algo más de 64 mil millones de pesos, o sea unos 32 mil pesos por habitante. Sumados a los 42 mil nacionales, aún quedamos bastante abajo de cualquiera de ellas.
Los padres de la criatura
La ley de Coparticipación fue aprobada durante la presidencia del radical Raúl Alfonsín e impulsada por los gobernadores peronistas, incluido el mendocino José Bordón. Por lo tanto, si se quiere, nadie puede hacerse el distraído en la provincia sobre la paternidad del perjuicio.
En el peronismo local, algunos dirigentes suelen enojarse cuando se mencionan las diferencias. El argumento elegido para contrarrestar el planteo suele ser el federalismo: Mendoza no puede desentenderse de que hay distintas realidades en el país y que el reparto de las “ganancias” debe compensar las diferencias.
Aluden así a que el criterio aplicado para fijar los porcentajes de distribución tiene en cuenta la población de cada una, el territorio, la situación social histórica y su potencia económica. Y legitiman con eso aquello de que Mendoza es una provincia “rica”, principal argumento en los ´80 para definir ese algo más de 4% que se le asignó para siempre.
Pero ese argumento tiene patas cortas: si fuera completamente cierta la “justicia” del criterio definido, entonces no se entiende por qué a cada cordobés llega casi 13% más ($48.118) y a cada santafesino 23% más ($ 52.807) que a cada mendocino.
Ambas provincias tienen más habitantes y territorio, una situación social similar y un potencial económico claramente mejor que Mendoza, que por su producto bruto es más cercana a Entre Ríos ($ 72.013 por habitante) o Tucumán ($ 57.218) y la ya mencionada Neuquén, aunque todas ellas tienen menos población.
Así como el peronismo se pone a la defensiva, como si fuera un ataque al partido y no al sistema, actualmente el radicalismo que gobierna parece sumido en la resignación y da por perdida cualquier batalla.
El camino más difícil
La última vez que la Provincia hizo escuchar un reclamo por la coparticipación fue en 2002. El entonces gobernador radical Roberto Iglesias fue acompañado por los legisladores nacionales de todos los partidos y representantes de las cámaras empresarias a planteárselo al entonces presidente peronista Eduardo Duhalde.
Hoy, los reclamos del oficialismo son sólo mediáticos y apuntan sobre todo a los fondos que el Gobierno nacional reparte a su antojo. Es cierto, aquí se nota aún más la diferencia.
Según los datos del Iaraf, Mendoza es la provincia que menos “transferencias no automáticas” (o sea discrecionales) recibió hasta el 31 de agosto: apenas $ 2.487 por habitante.
Otra vez, si vemos a las vecinas, la queja se justifica: San Juan, $ 4.968; San Luis, $ 4.950; La Pampa, $ 9.114; Neuquén, $ 14.649 y La Rioja, $ 27.438. Del doble a diez veces lo que “recibió” cada mendocino. Hay otros dos casos que desmienten el “federalismo” y confirman la discriminación: a Córdoba llegaron $ 6.708 por habitante y a Santa Fe, $ 3.431.
¿Si Mendoza recibiera lo mismo de coparticipación por habitante que Neuquén o Tucumán estaría “salvada”? Claramente no. Ni esas dos ni ninguna de todas las provincias favorecidas por el reparto lo están. La macroeconomía nacional es la que manda. Como definió un economista consultado: “Ni Silicon Valley podría sostenerse en este contexto”.
De hecho, los datos de pobreza conocidos el viernes lo demuestran. Mendoza está mal (43,7%), pero en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y San Luis la situación es igual o peor. San Juan aparece mejor (36,2%), pero el menor porcentaje lo tiene la Ciudad de Buenos Aires (13,9%), la más perjudicada de todas por el reparto.
Contar con esos fondos extra permitiría a Mendoza, obviamente si se administran bien y no se dilapidan, salir del ahogo financiero, tener espaldas para una gran inversión en obras públicas (este año apenas se han ejecutado $ 2.810 millones) e inyectar recursos para dinamizar la economía. “No se necesita más ahorro, sino más recursos para salir de esta situación”, marcó otro economista, enrolado en el keynesianismo.
Es ingenuo pensar que pueda plantearse en medio de las desconfianzas de la campaña electoral. Pero a partir del “aquí está Mendoza” con la mano en el corazón de los candidatos del oficialismo y los “buenos acuerdos” que prometían los del peronismo, podría llegarse a un punto en común desde el 15 de noviembre.
Aquella “misión” que encabezó Iglesias podría ser imitada, al menos como punto de partida. Ningún legislador, del partido que fuere, tendría margen para resistirse a dar pelea por Mendoza si el Gobernador los convoca. Es cierto, la ley es imposible de modificar, pero tal vez se podría empezar a instalar la idea de un “fondo de reparación histórica”, como el del conurbano bonaerense, que compense las diferencias.
No será una batalla fácil ni corta, pero si nadie da el primer paso, estamos condenados a la inercia.
