Estamos frente a un círculo vicioso que urge corregir lo antes posible. Los impuestos al consumo se llevan casi uno de cada 4 pesos de sueldo.
En Argentina, los impuestos indirectos que se pagan al adquirir bienes o servicios representan una alta carga tributaria, que afecta sobre todo a quienes menos ganan.
Como el país arrastra un problema estructural para enfrentar la pobreza y en breve la mitad de su población podría ser pobre, el dato justifica reclamar una vez más que toda la dirigencia política y social se ponga de acuerdo en una profunda reforma impositiva.
Los principales tributos que abonamos en nuestros consumos, a nivel nacional, son el Impuesto al Valor Agregado –el IVA, que nació como un impuesto transitorio en 1975– y los impuestos internos. Inspirándose en el IVA, las provincias crearon Ingresos Brutos.
Con el tiempo, las alícuotas fueron aumentando: el primer IVA fue del 13 por ciento; hoy, del 21 por ciento. Y los municipios encontraron el modo de cobrar tasas por seguridad e higiene o por los servicios públicos, como el gas y la electricidad.
Si han sobrevivido y se han diversificado es porque son de fácil recaudación para el Estado: es imposible consumir y no pagarlos.
De hecho, la compra de algo sin factura no implica necesariamente que el vendedor no nos cobra esos impuestos, sino que el Estado no recibe su parte.
Un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) demuestra cuán regresivos son, ya que absorben una proporción mayor de los ingresos en los salarios más bajos.
Es bastante común ilustrar el punto con el ejemplo de la compra de un litro de leche: una persona pobre y una persona rica pagan los mismos impuestos.
La ventaja que tiene el análisis del Iaraf es que permite apreciar los diferentes impactos en una escala de ingresos.
Una persona que percibe 50 mil pesos por mes le aporta al Estado un 23,57 por ciento de ese monto en impuestos indirectos.
Pero si el salario fuese de 110 mil pesos, los impuestos indirectos apenas representarían el 19,3 por ciento.
Ahora, si se trata de un ingreso del orden de 240 mil pesos, los impuestos indirectos insumen sólo el 14,8 por ciento.
En los menores ingresos aumenta el impacto porque esas personas destinan una porción mucho mayor de lo que perciben al consumo que al ahorro.
Un reciente informe del Indec advierte que, a comienzos de este año, el 60 por ciento de la población ocupada registraba ingresos inferiores a 29 mil pesos.
En síntesis, el Estado siempre termina asistiendo a quienes menos ganan; pero quienes menos ganan son quienes más impuestos le abonan al Estado.
Es por eso que es necesario dar vuelta la pirámide para comenzar a solucionar uno de los grandes problemas estructurales de la Argentina, su profunda regresividad impositiva.
