Rodolfo Suárez decidió jugar la carta que venía prometiendo desde la campaña. Pero la reforma constitucional que propone tiene diferencias con la que imaginó antes de asumir, es más, parece en buena parte parida, moldeada, por aquel primer y doloroso fracaso de su mandato: la eliminación de la ley antiminera, la 7.722.
Así como en aquella pulseada de diciembre fue imposible ganar la batalla comunicacional a la “defensa del agua” que esgrimían los opositores a la minería (nadie puede estar, más en esta provincia, en contra del agua), ahora busca que nadie pueda rechazar su plan porque también propone algo difícil de cuestionar: el ajuste de la política.
Así, Suárez busca acorralar a sus detractores internos y a la oposición, y ponerse él esta vez del lado del reclamo popular. Por eso desistió de la reelección con la que alguna vez soñó.
En los primeros párrafos de los fundamentos se define a la Constitución como “la expresión normativa del proyecto político de una comunidad”. Nadie puede negar que en cualquier encuesta la mayoría diría que apoya un ajuste de la política. De ahí a transformarlo en prioridad constitucional, suena cuanto menos arriesgado.
Además, entre el declamado ahorro y la realidad, hay mucho trecho. Entonces, ese objetivo que define en los fundamentos como “primero y central” se parece mucho a un combo de medidas demagógicas, que dicen lo que muchos quieren escuchar y en cuyo nombre se barre con algunos filtros y barreras clave que ponen límites al Ejecutivo.
Eliminar la elección legislativa intermedia es una vieja aspiración de los que entienden que esa instancia hace que cada gobernador conviva con un clima electoral permanente que obstaculiza proyectos, embarra las relaciones con la oposición y frena la gestión pública.
Pero ese clima adverso tampoco cambiará si se aprueba la reforma: las elecciones de medio término de senadores y diputados nacionales seguirán como hasta ahora, y son éstas las que en definitiva marcan el pulso político. Nadie repara en los legisladores provinciales ni en los concejales que también se eligen y van colgados en las boletas.
Lo peor es que el ahorro que se promociona tampoco existirá: cuando las votaciones se hacen el mismo día, es la Nación la que se hace cargo de los gastos del operativo electoral. Y hasta ahora, las legislativas nunca se han desdoblado, como sí ha pasado con las ejecutivas.
Más allá del ahorro real o ficticio, la propuesta permitirá que cada gobernador transite tranquilo todo su mandato con los legisladores que “cosechó” al ser elegido, pero eliminará la posibilidad de que la ciudadanía evalúe si está gestionando bien o mal. Ese “llamado de atención” a los dos años sirve incluso al oficialismo de turno para reflexionar y cambiar.
Así, mientras por un lado se escucha el clamor de bajar el costo de la política, por el otro se desoirá por cuatro años la voz de los representados.
Suárez podrá argumentar a su favor que va contra una instancia que su partido ganó siempre en los últimos 20 años, salvo en 2001, y que le permitió posicionarse para volver al poder. Pero ese “renunciamiento” se lo van a reclamar sus correligionarios y también sus votantes el día que ya no estén en el gobierno y la suerte cambie.
La unicameralidad propuesta con el mismo objetivo de ahorrar también significa eliminar un filtro: la revisión y potencial corrección de cada proyecto. Es cierto lo que plantea el Gobierno: hoy las dos cámaras representan lo mismo y dejan afuera las voces de algunos departamentos. Pero esto se puede arreglar modificando la representatividad de una de ellas, no anulándola.
La Legislatura tal como está demanda el 1 por ciento del presupuesto provincial. Si se baja de los 86 actuales a 48 legisladores, el cambio no será tanto y en poco ayudará a bajar el déficit fiscal arraigado en las cuentas públicas sin pausa desde 2009. De hecho, en San Juan, con una sola cámara de 36 legisladores, también representa el 1 por ciento del gasto estatal.
Tal vez, debería apuntarse más a los múltiples “asesores de la nada” que pueblan la Legislatura para cumplir con los compromisos de la militancia.
Todos los supuestos ahorros que dice buscar el Gobierno entran en contradicción con la creación de una nueva instancia electoral: la segunda vuelta para la elección de gobernador. Aunque no especifica cuál será el piso para evitarlo, si fuera el lógico 50% entonces sería habitual: apenas dos veces desde 1983 un candidato superó ese porcentaje, uno fue Suárez.
Hasta ahora, sólo la Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Corrientes y Tierra del Fuego tienen incorporada la segunda vuelta a su sistema electoral. Mientras que la mitad de las provincias eligen la totalidad de sus legislaturas cada cuatro años y 16 adoptaron la unicameralidad.
La reforma Suárez no sólo declama algo que le resultará difícil cumplir, sino que además, antes de llegar al plebiscito popular, debe pasar el filtro de la política y allí son muchos los que la miran con malos ojos, algunos porque no les gusta lo que propone, otros porque nunca fueron consultados, incluso en el oficialismo. Por eso, los dos tercios necesarios en ambas cámaras asoman lejanos.
