En los confines del Atlántico Sur no hay reglas ni acuerdos. Invadiendo la plataforma continental nacional, muchos barcos de distinta procedencia capturan la riqueza ictícola indiscriminadamente, generan un gran perjuicio al medio ambiente y se convierten en una competencia desleal para la industria pesquera nacional.
Hace un tiempo, señalamos que el Congreso aprobó por unanimidad la reforma al Régimen Federal de Pesca que incrementa las multas para la captura ilegal en el mar argentino, pero, obviamente, con esa sola medida no se soluciona un gravísimo problema.
Hay temporadas en las que se registran entre 350 y 500 buques capturando los recursos ictícolas argentinos en forma ilegal dentro o fuera de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA). Entonces, pescar sin control de ningún tipo, más allá de las 200 millas y depredar las riquezas que migran a la alta mar desde la ZEE, debe tipificarse de ilegal, por cuanto atenta contra la sostenibilidad del ecosistema y contra los Estados ribereños que, como el litoral patagónico, tienen en el recurso pesquero un ingreso fundamental.
Expertos en la materia sostienen que los buques de distintas banderas extranjeras, que capturan y procesan la rica fauna, privan al país de ingentes sumas de dinero anuales que podrían ser destinadas a cubrir necesidades urgentes de la población.
Para este estratégico tema del latrocinio de peces y otros productos del mar, hemos recurrido varias veces al experto en temas del Atlántico Sur y ex secretario de Estado, César Lerena, de quien transcribimos la siguiente cita: “La pesca ilegal no se resuelve con leyes que sancionan con multas, por elevadas que fueran, mucho menos cuando las fuerzas armadas o de seguridad no tienen la capacidad o la orden de capturar a todo buque pesquero que esté efectuando pesca ilegal, ya sea en la ZEE Argentina, el área de Malvinas, bajo ocupación ilegal británica o, más allá de las 200 millas, cuando se pesca ilegalmente los recursos migratorios originarios de la ZEE Argentina”.
Enfrentamos varios problemas para la solución de la álgida cuestión, en especial porque los países de donde provienen las naves piratas no sólo no hacen nada, sino que subsidian esas actividades.
Además, no pocas naciones, con las que tenemos excelentes relaciones, entienden que en alta mar la pesca es libre porque la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) no penaliza suficientemente la pesca en esa área, que está casi pegada a nuestra protección de las 200 millas de la plataforma continental.
Otra variante en análisis sería que el Gobierno pudiera hacer acuerdos con esos buques pesqueros para tratar de regular la pesca indiscriminada en alta mar.
La alternativa, reconocemos, puede ser de difícil implementación.
A lo descripto se agrega la pesca furtiva y de gran impacto en el área de las Islas Malvinas por parte de buques hispanos, lo que es toda una complicación porque España ha reconocido la soberanía argentina sobre el archipiélago.
Como se ve, defender la soberanía sobre nuestra Plataforma Continental, a la cual recientemente se le ha demarcado el límite exterior a través de una ley votada por unanimidad en Congreso, resulta una materia complicada y que no está solucionada, ni mucho menos. Pero, es una exigencia nacional, un desafío de soberanía y una estrategia de desarrollo en los que hay que persistir.
