La renuncia de Pedro Llorente, el juez más antiguo, a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza es una oportunidad para el gobernador Alfredo Cornejo.
Y no porque, después de Santiago Felipe Llaver (1983-1987) que renovó por completo el máximo tribunal, pueda convertirse en el mandatario que tiene la posibilidad de designar más integrantes, tres en este caso. Lo que se le abre a Cornejo es la ocasión de dar una señal.
Cuatro de los últimos seis ministros de la Corte mendocina, más allá de otros antecedentes, surgieron del riñón mismo de la política. Tanto que tres de ellos saltaron, sin escalas previas, del gobierno al escalafón más elevado de la Justicia.
Mario Adaro (2011) y Dalmiro Garay (2018) fueron ministros de las gestiones de Celso Jaque y Cornejo, respectivamente. María Teresa Day (2020), si bien de origen judicial, era la número dos del Ministerio Público Fiscal durante la administración de Rodolfo Suárez. El currículum de Julio Gómez (designado en 2015 por Francisco Pérez), por su parte, muestra antecedentes como legislador provincial del PJ y como funcionario del gobierno de Rodolfo Gabrielli. Las alas radical y peronista de la SCJ no dejan lugar a dudas.
La oportunidad que se le presenta al gobernador Cornejo es la de volver a proponer a alguien de indudable origen judicial, con trayectoria predominante en el Derecho. Como lo fueron Aida Kemelmajer y Alejandro Pérez Hualde, como lo son Omar Palermo (2012) y José Valerio (2016). Más alla de sus simpatías políticas o de la adhesión a tal o cual biblioteca jurídica.
La oportunidad que se abre no responde a que las anteriores designaciones carezcan de solidez intelectual o tengan alguna mancha ética o reproche legal. Alfredo Cornejo tiene la oportunidad de honrar la tan cacareada institucionalidad mendocina, de darle sustento a la pretendida división de poderes y de aportarle mayor seguridad jurídica a esa búsqueda de diversificar la matriz productiva.
* El autor es periodista. clarosa@losandes.com.ar
