Rodolfo Suárez respiró con alivio el viernes. Después de un tiempo tormentoso, pudo en una semana mostrar dos avances que se le venían negando: una tregua en el conflicto con los gremios estatales y un destino para el dinero que iba a financiar Portezuelo del Viento y que ya no lo hará.
Cuatro semanas le tomó al Gobierno provincial destrabar el mayor desafío gremial que enfrentó el radicalismo desde que volvió al poder a fines de 2015. Cuatro semanas en las que la tensión con los sindicatos fue en aumento, así como también se multiplicaron algunos reproches internos.
La ratificación y la proximidad de los descuentos por los cinco días de paro fue quizás la clave en el cambio de postura de los docentes, el foco de conflicto que más preocupaba por su notoriedad e impacto social.
El Gobierno jugaba con esa carta a favor: sabía que una vez consumados los descuentos, cuando depositara los sueldos a fin de mes, la conflictividad sí o sí se deshilacharía. Pero no tuvo que esperar a ese momento para lograr el ansiado sí.
El sindicato a la vez sabía que el tiempo jugaba en su contra esta vez. Así como antes lo había favorecido, para sostener el conflicto, que los dos días de paro de fines de julio no se vieran reflejados en los sueldos de ese mes, que ya habían sido liquidados.
Como en todo este proceso, hasta en el monto de los descuentos difieren. En el Gobierno insisten en que el promedio se ubica entre 20 y 25 mil pesos. El SUTE asegura que no superará los 15 mil pesos. Pero en su cuenta sólo consideran el presentismo y el ítem Aula de un mes y no de dos.
Los sueldos ya están liquidados y la mitad de los docentes sufrirán algún descuento. El miércoles se conocerá el impacto real en cada caso y la bronca atravesará a todas las escuelas. El principal destinatario será el Gobierno. Pero el gremio no saldrá ileso. La altísima adhesión a las huelgas y las masivas movilizaciones se nutrieron fundamentalmente de docentes no sindicalizados, muchos de ellos críticos de la conducción.
Por eso, el SUTE abre el paraguas antes de que llueva y promete batallar contra los descuentos. Una vía será la judicial, a la que saben difícil, por no decir inútil. Pero también, sobre todo, dicen que se harán escuchar en cada acto público oficial. “Vamos a perseguirlos porque les molesta mucho. Adonde estén iremos y llevaremos las marionetas”, anticipan.
“El SUTE ha quedado preso de su promesa de que no descontaríamos los días de paro”, dice un funcionario clave en la negociación y agrega: “Le pasó lo mismo que a Macho con el pedido de 40 mil pesos. ATE dice que logró un gran aumento, cuando es lo mismo que recibirá el resto. Ambos deben disimular que llevaron a sus afiliados detrás de un imposible”.
No hacer los descuentos hubiese significado para el Gobierno perder todo su poder de “disuasión” y dejar el camino despejado a nuevos paros. Para el gremio, en cambio, hubiese sido todo ganancia: una medida de alto impacto político sin costo alguno.
Ítem devaluado
En todo este largo conflicto, el oficialismo abusó del argumento que apuntaba a la politización del paro. Fueron los docentes de las escuelas, la mayoría no identificada con el kirchnerismo, los que definieron las huelgas y fueron a las movilizaciones.
Pero también es cierto que los dirigentes del SUTE abusaron del silencio a la hora de asumir que es la pésima gestión nacional la gran responsable de la caída del poder adquisitivo. Esa omisión los deja en evidencia, aunque ellos nieguen que su militancia kirchnerista influya.
En su aparición del miércoles, Suárez apuntó contra el SUTE por supuestamente decir que el ítem Aula se había licuado. Pero ese mensaje pareció estar dirigido más a la interna oficialista que al gremio. Es el ex gobernador Alfredo Cornejo, “padre” de ese adicional, el que piensa y ha dicho que fue menguado por los aumentos en negro que se dieron desde 2021.
El enojo en el cornejismo por el manejo de la relación con los gremios en los últimos años y por su consecuencia más visible, la devaluación del ítem Aula como barrera para frenar los paros, tensionó a la UCR. A los intendentes, además, no les gustó nada tener manifestaciones docentes frente a sus municipios cuando el motivo excede su incumbencia.
Hay un dato que corrobora la pérdida de peso del ítem: en las simulaciones que circularon en los últimos días, ese adicional llega a 3.900 pesos en el caso de los docentes que recién inician su carrera y representa apenas el 4,5% del salario bruto contra una cláusula de garantía de 25.000 pesos. Con 10 años de antigüedad en la docencia, sube a casi 6.000 pesos y equivale a algo más de 7% del total.
De hecho, en el SUTE aseguran que estaban dispuestos a aceptar el descuento del ítem, pero pidieron que se les “perdonaran” el presentismo y los cinco días de inasistencia por las huelgas. La propuesta no fue aceptada.
En el Gobierno insisten en que hicieron el mayor esfuerzo posible para “acompañar” la suba de precios. El 72% que dicen será el aumento anual se asemeja mucho al ritmo al que vienen creciendo (sin descontar la inflación) los ingresos de la Provincia.
El combo recaudación-fondos nacionales hasta el 30 de junio era 70% mayor que el del mismo período de 2021. Mientras que el dinero destinado a sueldos había crecido 63%.
En julio, la coparticipación que llegó a Mendoza volvió a crecer en términos reales 15,9%, según el Iaraf (Instituto Argentino de Análisis Fiscal), mientras que la recaudación tributaria provincial lo hizo 12% según los datos publicados en el Ministerio de Hacienda provincial.
Ahora, la mirada está puesta en cómo impacta en la economía y el consumo el fuerte ajuste que está pergeñando Sergio Massa en el gasto público, sobre el que el peronismo nada dice, como si no existiera. Si la actividad cae como muchos vaticinan, la recaudación también lo hará.
“El aumento hoy se puede pagar, pero no sabemos qué puede pasar en unos meses y menos el año que viene”, se ataja un dirigente del oficialismo. En este contexto, en menos de dos meses, volverá la negociación con los gremios estatales.
Plan B
El Gobernador empezó a dejar ver, a fines de 2021, la posibilidad de cambiar el destino de los 1.023 millones de dólares que la Nación paga en cuotas a Mendoza como compensación por la promoción industrial.
Vencido el plazo en el que el presidente Fernández debía laudar en el conflicto planteado por La Pampa, el velo se corrió y el plan B de Portezuelo, que se suponía más ambicioso, se limitó al dique El Baqueano, sobre el río Diamante. El presupuesto estimado para construirlo es de 525 millones de dólares, justo el monto que ya envió el Gobierno nacional.
Esa represa, de la que se venía hablando hace meses también como opción, fue la elegida por una doble razón: cumple el objetivo acordado para el dinero en el acuerdo Macri-Cornejo (“obras hidroeléctricas”) y es el proyecto más avanzado.
En Infraestructura estiman que en diciembre estará listo y en enero se podrá licitar. Esto da pie a una tercera razón no explicitada: es la única obra grande que Suárez podría iniciar antes de irse en diciembre de 2023.
Elegirla implicó dejar en el archivo por ahora la presa de Uspallata, sobre el río Mendoza, más costosa, más compleja de ejecutar y cuyo proyecto está verde aún. Aunque hay quienes estiman que sería más beneficiosa para la provincia. “El Baqueano es la obra posible”, admiten en el Ejecutivo.
En el oficialismo, algunas voces aventuran que nada podrá hacerse hasta que concluya la gestión de Fernández y alertan sobre la ya anunciada objeción a El Baqueano de La Pampa, cuyo gobierno está empeñado en una cruzada anti Mendoza para generar apoyo electoral.
Mientras todo esto ocurre, los dirigentes del peronismo mendocino sólo parecen preocupados por el destino judicial de Cristina Kirchner y para defenderla han organizado un “cabildo abierto”. Extraña analogía con la revolución de Mayo cuando son ellos quienes detentan el poder en el país. Después no entienden por qué pierden una elección tras otra desde 2011.
