Es muy sencillo establecer la postura de Protectora sobre reformar la justicia. Históricamente hemos postulado nuestro interés en realizar una reforma debatida y consensuada por todos los espacios políticos, que pueda lograr una justicia eficaz, independiente y transparente.
Pero esta reforma, realizada con apuro por el ejecutivo, y casi sin modificaciones por parte de una Corte que se vio obligada a realizarle cambios a un proyecto entre gallos y medianoche; no es la reforma de la justicia que pretendemos y queremos para el pueblo de Mendoza.
Debemos recordar que la división de poderes, es un principio que se basa en las prácticas constitucionales británicas del siglo XIII, de cuyo estudio Locke y Montesquieu, establecieron una teoría constitucional que se consagró desde el siglo XVIII hasta la actualidad.
Las decisiones que tomemos respecto a temas trascendentales como la Reforma Judicial no puede ser algo que sólo se consagre en el rol de esporádicos representantes y que busque beneficiar a determinado sector. Estos cambios deben ser pensados para y por los y las mendocinas.
Si el poder legislativo nombra al poder ejecutivo y al judicial, como lo indicó Montesquieu, no habrá separación ni división de sus poderes, puesto que el poder de nombrar lleva consigo el de revocar. En la separación de poderes ningún poder debe tener preponderancia real o formal sobre los demás poderes, es decir, que de hecho y de derecho sean entre sí independientes. Eso distingue a la separación democrática de poderes de la división funcional. Eso es lo que defiende la República, y lo que evita la creación de un poder único y autoritario.
La reforma que se impulsa desde el oficialismo (Cornejo a través de Suárez), y que nos quieren hacer creer ha sido mejorada sustancialmente por la Corte Suprema de Justicia de la provincia, es una farsa republicana.
¿Por qué? Porque, el Poder Ejecutivo (Suárez), por imposición de su líder político (Cornejo), pretende imponer la organización interna del Poder Judicial por una única razón: que desaparezca el poder de sentencia de sus opositores políticos de una de las Salas, y es tan grande la presión ejercida por el Poder Ejecutivo, que logra imponer una negociación a la que formalmente le llaman acuerdo.
El Poder Legislativo se ve obligado a aceptar sin más el supuesto acuerdo acordado y avalar el objetivo inicial de imponer la mayoría que el Poder Ejecutivo tiene, y así, el objetivo de la reforma del Ejecutivo, se sostiene en el proyecto de los jueces de la Suprema Corte: que desaparezca la Sala II.
Estos avasallamientos sobre los poderes republicanos del Estado, no son nada más y nada menos que la pérdida de poder y representatividad de la ciudadanía mendocina, que están muy lejos de poder debatir un proyecto de reforma de la justicia, y no porque no quieran, sino porque los poderes no se lo permiten.
Hoy nos encontramos frente a una legislatura transformada en escribanía del Ejecutivo de turno, y un poder judicial, que va en camino a ser una secretaría de ese mismo poder provincial cooptado por un color político que habla de republicanismo sólo cuando le conviene, y no cada vez que es necesario.
Los mendocinos hoy tienen otras prioridades, sí es real. Pero está en nosotros, representantes del pueblo explicarles por qué es importante que se empapen de una posible reforma del sistema judicial. Qué les ofrecemos para que la justicia sea menos ajena a sus problemas, más accesible, más eficaz, y más inmediata. Nada de eso se planteó siquiera para debatir en estos proyectos.
Desde Protectora pretendemos, como desde hace años, impulsar y consensuar una transformación que incluya federalismo y republicanismo.
Protectora tiene como eje la creación de un fuero de los consumidores, porque existe la necesidad del Estado presente, y eso se logra con una justicia equitativa para todos, especializada, rápida y eficaz.
Mendoza puede ser pionera en tener abogados especializados gratuitos para los consumidores, con un fuero que resuelva los procesos rápida y definitivamente a favor de usuarios y consumidores.
Poner a los usuarios y consumidores en pie de igualdad con la empresa debe ser la prioridad.
Pero, además, planteamos como necesidad, el debate sobre la creación de un fuero contencioso administrativo descentralizado. Creemos que es necesario pensar en la aplicación de un fuero especializado para generar ventajas como mejorar la calidad técnica, y tramitar los juicios de manera mucho más eficiente.
La creación de juzgados también permite evitar el fórum shopping que actualmente se denuncia entre la Sala 1º y 2º de la Suprema Corte.
Lo que demuestra no sólo que hay formas de hacer una justicia y una Suprema Corte mucho más eficaz, si no que hay detrás de esta reforma, una decisión política de someter bajo una misma idea a todos los poderes del Estado provincial; enterrando el republicanismo, la independencia, la transparencia y la democracia.
* El autor es Diputado provincial Mendoza.
