Uno de los pocos temas en los que los argentinos tenemos plena coincidencia, es en el repudio y condena del maltrato y agresión de mujeres e integrantes del colectivo LGBT, sucesos que la ciudadanía querría ver erradicados para siempre, lo que hoy es una utopía a todas luces.
El presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció hace unos días una serie de políticas para promover la participación de mujeres en el ámbito de la obra pública y señaló que esas iniciativas eran “en honor de Micaela García, para regalarle la sociedad que ella no tuvo cuando un violento frustró sus sueños”.
El mandatario homenajeó a la joven que fue violada y asesinada en abril de 2017 a la salida de un local bailable de la ciudad entrerriana de Gualeguay. Se refirió a la “necesidad imperiosa de terminar con la violencia de género” y agregó que “no hay más espacio para ser tolerante con los violentos”. En este mes, la víctima hubiera cumplido 25 años y su caso llevó a la sanción, en diciembre de 2018, de la llamada Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en la temática de género para agentes de los tres poderes del Estado.
Las medidas del Gobierno nacional apuntan a la construcción de centros territoriales de políticas de género y diversidad; la ejecución de proyectos del plan Argentina Hace, vinculados al cuidado y acceso a derechos de mujeres, niños y adolescentes, y la prioridad de financiamiento para obras que se ejecuten con paridad, entre otras disposiciones anunciadas.
También está previsto un manual para la gestión de la obra pública con perspectiva de género. “En el siglo XXI no podemos soportar más vivir en una sociedad que discrimina porque retrocedemos siglos, mientras que cuando se avanza hacia la igualación nos volvemos una mejor sociedad”, fue otro comentario del Presidente, tras señalar que “las mujeres, hoy en día, trabajan a la par del hombre”.
La comunidad entonces aguarda que estas plausibles decisiones tengan una aplicación. Si no es posible en forma inmediata, por lo menos que sea lo más rápido posible. Que se cumplan efectivamente, por lo que deberán implementarse procedimientos de control que las hagan realidad y que se cumplan.
La igualdad entre el hombre y la mujer en todos los planos sociales, y en especial en el ámbito laboral, es un objetivo que persigue la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en todas sus líneas de trabajo. Es una problemática transversal y prioritaria, una de cuyas máximas es que “el trabajo decente para la mujer traerá consigo una vida decente para todos”.
Esperamos que estas normas también se puedan desarrollar y aplicar en nuestra provincia y que, de esa forma, se mejoren las capacidades y potencialidades del trabajo compartido por personas de distintos sexo y condición.
Es una ampliación de garantías para proteger más y con mayor efectividad a mujeres y componentes del colectivo LGBT en caso de ocupación en los empleos que demanden los trabajos a encararse en nuestro territorio, dentro del marco de la obra pública.
