Influir, operar y lograr beneficios son algunos de los objetivos que se trazan distintas personas cuando se agrupan, pueden hacerlo en cámaras empresarias, gremios u organizaciones sociales. No tiene nada de malo cuando los objetivos están claros y manifiestos. El problema surge cuando los miembros del grupo ya ni saben bien quiénes lo integran y lo único que importa es pertenecer a un reducido número de personas con privilegios, cuya realidad es bien diferente a la del resto.
Más grave es la situación cuando la política empieza a manejarse de esa manera, funcionan como una suerte de club y empiezan a priorizar estas necesidades, así el grupo de la corporación política va separándose de la realidad. Ejemplos hay varios. Tenemos a miembros de la Asesoría de Gobierno y del Tribunal de Cuentas cuyos sueldos van desde los $ 600 mil pesos y pueden llegar al millón. Algo similar pasa en la Suprema Corte de Justicia.
Las soluciones que necesita Mendoza se demoran porque los miembros del club piensan que vivimos en una provincia que es un ejemplo en el país y que lo tiene todo, así entonces la distancia con los problemas es enorme.
El año pasado el salario promedio en Mendoza llegó a los 77.500 pesos, en San Juan a los 83.000 y en San Luis a los 94.000. Sí, nuestra provincia, la Barcelona Argentina, tuvo en el 2021 el salario promedio más bajo de Cuyo. A esto hay que sumarle que por distintos factores, entre ellos el turismo, Mendoza es una provincia muy cara. Entonces tenemos los peores salarios de Cuyo y los precios más caros. Vamos que podemos.
Pero los miembros del grupo no sólo tienen buenos salarios, las modificaciones patrimoniales desde que llegan a la función pública, en algunos casos, tiene variaciones interesantes, tanto en políticos oficialistas como en opositores. Así es como tenemos a una destacada política que logró adquirir el 50% de un lote de 14 mil metros y una superficie construida de 270 metros al tiempo de asumir su cargo. Otro, más modesto, compró un terreno de 700 metros con 200 de superficie construida. A otro le fue mejor y el año pasado logró adquirir un inmueble de 600 metros cuadrados con una superficie construida de 180, un terreno de 10 mil metros y otro de 11 mil metros.
Hay varios miembros del club que están en la Legislatura y vienen ocupando cargos desde el 2016. Uno compró un departamento de 57 metros y dos lotes, uno de 500 y otro de 400 metros. Otro que también ocupa banca se hizo de una casa de 308 metros cuadrados con 130 metros construidos, de un terreno de 299 metros con 160 construidos, de un Jeep Compass Longitude y de una moto BMW 200.
Hay legisladores que tienen auto con chofer y hasta están los que se quejan porque no les gusta el vehículo que les toca. En la Legislatura hay 6 autos a disposición de las autoridades legislativas y otros 5 para tareas del personal.
Pero los miembros del club no sólo piensan en ellos, también en sus familiares, y como tienen contactos, piden ubicar a sus hijos en reparticiones o empresas públicas o en firmas privadas que necesitaron algún favor del Estado.
Mientras los miembros del club disfrutan de privilegios, se pavonean mostrando su vida social a través de las redes y no dudan en destacar las bondades de Mendoza como la nieve o sus paisajes, demoran definiciones importantes, dos ejemplos: la inversión de 500 millones de dólares de YPF está paralizada porque el Gobierno no avanza con las promesas para que la petrolera comience a liberar dólares. Tampoco se sabe qué va a pasar con la ley de minería para Malargüe, se necesita un ok del Ejecutivo que no llega.
Y la clase dirigente mendocina, a la que le gusta destacar la “institucionalidad” de la provincia, esta semana recibió una fuerte bofetada que le mostró la realidad que se vive en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza entre los jueces que responden a uno u otro partido. El desastre es tal que la ex ministra Aída Kemelmajer de Carlucci le dijo en una nota a la periodista Marisa Alarcón de diario El Sol que “La Corte de Mendoza ha perdido credibilidad en la opinión pública” y destacó que uno de los hechos que minaron esa credibilidad fue la jura de Teresa Day en la sede del Ejecutivo y no en el Poder Judicial.
Y aquí vamos, pensando que lo mejor que nos sucedió fue el pasado porque el rumbo no está claro y el futuro es incierto.
