El 18 de abril pasado se dio inicio al año judicial, inaugurándose también el año de mayor brecha salarial dentro del Poder Judicial y en su relación con la sociedad: un magistrado de la Corte gana más de un millón de pesos mensuales, mientras que un trabajador de la justicia que recién ingresa gana 130.000 pesos de bolsillo. Y no, no tenemos los supuestos privilegios que se ha querido instalar en la opinión pública: percibimos salarios que están por debajo de la línea de la pobreza, que no alcanzan a cubrir los gastos de la canasta básica de consumo para una familia tipo.
Dicha apertura se hizo con los trabajadores protestando dentro y fuera del Palacio de Justicia porque no se nos permitió presenciar el acto, a pesar de ser los que llevamos adelante el “servicio” de Justicia, día y noche; las 24 horas. Y no solo eso, sino que en su discurso el presidente de Corte ignoró completamente a los trabajadores, a pesar de que nos hacíamos sentir afuera del salón de actos.
El presupuesto que el Gobierno Provincial destina al Poder Judicial viene cayendo desde 2015. Asimismo - dentro de ese presupuesto- lo que se destina a personal ha caído además un 24%. ¿Cómo se logró? A costa de reducción de la planta de personal y de bajos sueldos. Sin embargo, no todos los sueldos cayeron: los magistrados recibieron aumentos acorde a la inflación, y la brecha entre sus aumentos y el de empleados/funcionarios en el período 2020-2022 es del 112%.
Si a eso le sumamos las decadentes condiciones laborales en las que el personal se encuentra inmerso, el combo es extremo. Por mencionar dos casos: el Fuero de Familia y las Oficinas Fiscales están sometidos a una constante presión, cúmulos excesivos de trabajo, exposición a violencia externa e interna, temáticas física y psicológicamente estresantes, falta de personal, presiones para trabajar fuera de horario y hasta días no laborables, entre una larga lista que podemos elaborar; y todo esto con cada vez menos recursos. ¿Hasta cuándo podemos aguantar?
No obstante ello el gobierno, ante la negativa de acordar porcentajes de aumento que en términos reales hacen perder poder adquisitivo, cierra la paritaria unilateralmente con una extorsión nunca antes vista: dejar sin aumento a los trabajadores judiciales con una inflación galopante que roza el 8% mensual en Cuyo y con salarios de miseria. Literalmente eso es perverso; el salario es necesario para subsistir. Necesitamos urgente la reapertura de paritarias, no solo porque es ilegal y extorsivo cerrarla, sino porque es inhumano en un contexto de inflación tal elevada.
¿A ustedes, lectores y compañeros, no les parece obsceno que en una provincia donde el 42% de los mendocinos es pobre (más que la media a nivel nacional), el 8% es indigente y el 60% de los niños no tiene cubierta las necesidades básicas, haya supremos que ganen más de 1 millón de pesos al mes? Son 14 salarios mínimos y son 17 veces más que nuestro básico (ya que tenemos múltiples ítems en el bono de sueldo no bonificables).
La brecha es histórica entre lo que ganan los ministros y los trabajadores, quienes todos los días y noches ponemos todo para que la rueda de la justicia funcione. Aún sin tener infraestructura edilicia adecuada, ascensores que se caen, casi nula asistencia psicológica, ausencia de carrera laboral y, fundamentalmente, con salarios que ya no nos permiten tener una vida digna.
Esa brecha histórica también lo es con la sociedad: una justicia cada vez más alejada de los mendocinos, que sufrimos el deterioro social y económico, mientras algunos pocos disfrutan de millonarios sueldos.
Es hora de que tanto el Gobierno provincial como la Corte se comprometan con los trabajadores y con la sociedad a la que pertenecen, y que dejen de extorsionarnos perversamente. De lo contrario, seguirán en aumento los índices de pobreza e indigencia en la provincia con los sueldos más bajos del país para la mayoría de los mendocinos y millonarios para unos pocos.
