La Argentina acaba de dar un nuevo paso en falso en materia de política internacional: su retiro del Grupo de Lima, un polo multilateral que fue creado en agosto de 2017 para aplicar sanciones políticas y económicas al régimen venezolano que encabeza Nicolás Maduro. La idea venía germinando hace tiempo desde el ala dura del kirchnerismo y fue formalizada por la Cancillería hace dos miércoles.
Esta confluencia de naciones tiene en la mira las tropelías del régimen chavista. En particular, las flagrantes violaciones a los derechos humanos constatadas en ese país. Ello derivó en un éxodo masivo de venezolanos hacia distintas regiones del mundo.
Es en ese marco donde emerge una de las más fuertes contradicciones de la administración de Alberto Fernández: Argentina es receptora amigable de los miles de venezolanos que huyeron del desquicio. No se entiende, esa posición dual de país benefactor y, a su vez, de adhesión al régimen.
Según la particular observación del Gobierno nacional, “las acciones que ha venido impulsando el Grupo en el plano internacional, buscando aislar al Gobierno de Venezuela y a sus representantes, no han conducido a nada”. Es decir, frente a esta caprichosa como interesada reflexión, la mejor solución es el paso al costado.
El Palacio San Martín alega, además, que la participación en el Grupo de Lima de un sector de la oposición venezolana (en clara referencia a Juan Guaidó) “ha llevado a que se adoptaran posiciones que nuestro gobierno no ha podido ni puede acompañar”. Inequívoco apoyo a Maduro.
No está en discusión que la mejor manera de contribuir a atenuar la crisis venezolana es a través de un diálogo sereno e inclusivo. Pero será difícil encarrilar la crisis mientras el chavismo perpetúe un sistema dictatorial que expulsa a sus ciudadanos. Incluso elecciones amañadas.
Si el gobierno de Alberto Fernández admite que las propias autoridades venezolanas son renuentes a producir las condiciones para enfocar el mentado diálogo productivo, no se comprende la claudicación en este decisivo contexto de política internacional. Serpentean, a no dudar, cuestiones ideológicas que ponen más dudas que certezas al asunto. Desde que Alberto Fernández asumió la conducción del país, en diciembre de 2019, empinados dirigentes afines a la vicepresidenta Cristina Fernández comenzaron a fogonear la salida del Grupo de Lima, uno de cuyos primeros signatarios fue Mauricio Macri.
¿El Presidente y la vicepresidenta piensan distinto en este y en otros temas de la política doméstica? Las evidencias son claras en el sentido afirmativo. Con todo, resulta un retroceso inadmisible renunciar a un grupo de países que bregan por sancionar a un régimen que, como el chavismo, ha sumergido a su pueblo en la dominación atroz.
