En el Poder Judicial de Mendoza el fuero más relegado es precisamente el más sensible y el más cercano a la sociedad: el de Familia.
Supongamos que Ud., lector o lectora, es una persona de escasos recursos que tiene un problema legal y civil de familia.
Por lógica, o por asesoramiento, concurrirá al Juzgado de Familia más cercano a su domicilio, donde observará que quizás una sola persona (agotada) recibe la atención de todo el público de un departamento (Las Heras, por ejemplo).
Le otorgarán un turno con un abogado ah-hoc (un patrocinante legal particular que cumple funciones como auxiliar de la Justicia) o con un Co-Defensor (un abogado del Estado, empleado del Poder Judicial), con suerte para un plazo no menor a tres meses de distancia (si su problema es por cuota de alimentos, lo siento mucho).
Previo, tuvo que intentar hacer una mediación con la persona a quien quiere demandar, tiene que sacar turno en un 0800. Suele colapsar, pero lo atenderán si tiene paciencia.
Una vez que logra concurrir con su representante, éste deberá recopilar toda la prueba e iniciar la demanda.
Aquí comienza la aventura: deberá afrontar plazos ilógicos para que provean sus escritos, un sistema informático repleto de defectos, demoras en cada etapa del juicio, dificultad para sustanciar la prueba, y mucho más.
La ficción de “El Proceso” de Franz Kafka se vuelve realidad en la justicia mendocina.
Aclaremos antes de seguir que no estamos en presencia de una histórica burocracia. No, no, no. No siempre fue así. De hecho, si se “empapa” más en el juicio que decidió iniciar descubrirá un mundo fascinante: el abogado ah-hoc que le asignaron sólo cobrará poco más de 2 mil pesos por su juicio, si es que éste llega a fin, y si no, la mitad (dinero insuficiente para una compra normal de verdulería).
El personal del juzgado (o Gestión Judicial) que maneja su situación se ha reducido considerablemente en los últimos años, contrario al aumento de población y de causas.
La motivación de éstos es nula, el sueldo es bajo (no como en otros tiempos y muchos piensan), los ascensos están paralizados o manejados al antojo de la Suprema Corte de Justicia, y muchos de ellos ocupan cargos sin estabilidad y con sueldos de clases inferiores.
También hay sitios donde la violencia laboral y las presiones están institucionalizadas.
También lo dejarán anonadado las actitudes de algunos magistrados, que lejos se encuentran de los ideales constitucionales.
¿El sindicato? sí, existe, pero dudo que pueda verlo en acción.
No obstante, su problema puede llegar a encontrar solución. Pero no es magia. No es gracias “al sistema”, sino a la muy buena predisposición de su representante gratuito, o del empleado o funcionario al cual le fue a reclamar. Que quizás al verlo desesperado/a hasta le dieron algo de dinero para que almuerce o se tome el micro. Y resulta ser de esta manera, irónica, en que la Justicia se mueve: por el inconmensurable “valor agregado” de un sector de la parte humana que interviene en estos temas (obviamente no todos).
Sí, son muchos de esos que se levantan todos los días a las 6 de la mañana, esos que hacen malabares para llevar adelante sus vidas y llegar a fin de mes, esos que reciben las críticas o el mote de “vagos”. A esos que llaman “recursos humanos”.
El crecimiento exponencial en la conflictividad social de los últimos tiempos -asociada indefectiblemente a las crisis económicas, a la pandemia, a la violencia y a la universalización de las drogas- no ha hecho más que incrementar abruptamente los litigios judiciales en el fuero en cuestión.
Como contraparte la respuesta es recortar el personal, barajar empleados, experimentar con sistemas informáticos dudosos, contratar a pasantes con sueldos miserables (la mitad de un salario mínimo, con leves aumentos).
Cada proyecto de solución sólo empeora las cosas. Y eso que hablamos de decisiones tomadas por profesionales del derecho o de la administración.
El gobierno provincial no se queda atrás: los “ajustes de sueldo” (porque no merecen llamarse “aumentos”) pierden la carrera contra la crónica inflación.
Las paritarias se han vuelto un trámite, una obligación legal a cumplir, “y si no les gusta la oferta, va el decreto”. Pero aquí no hay discriminación, eso seguro, el ninguneo no es exclusivo para el empleado judicial.
Retomando el asunto en cuestión, yo suelo preguntarme: ¿Por qué precisamente el fuero más perjudicado es el de familia? Porque no pasa lo mismo en la materia Civil, Laboral o de Paz. La parte Penal es muy conflictiva sí, pero goza de mucho presupuesto. ¿No era la familia la base de la sociedad, como me dijeron en la escuela o cuando me casé?
Creo tener la respuesta: la justicia de Familia es así porque es para los pobres, y éstos no tienen donde quejarse. De la misma forma que el transporte público hace tiempo que es deficiente: la gente de dinero no viaja en colectivo.
Bueno, lo dejo tranquilo/a, sólo quise ponerlo/a al tanto de la situación. Tengo la esperanza de que todo esto algún día se revertirá, que aprenderemos de los errores que hemos cometido y que podremos sentirnos orgullosos de nuestro sistema judicial.
Será justicia.
*El autor es Licenciado en Ciencias Políticas. Docente de la UNCuyo
