El Gobierno provincial activó la cuenta regresiva. El presidente, Alberto Fernández, debería comunicar el viernes 21 su decisión sobre el conflicto abierto con La Pampa por la construcción de la presa Portezuelo del Viento, en Malargüe. Pero hay pocas esperanzas puestas en esa definición.
Primero, nada asegura que Fernández se vea impelido a cumplir los plazos administrativos y responder el planteo presentado un mes antes por el gobernador, Rodolfo Suárez.
Segundo, todo lo ocurrido desde 2020 hace presuponer que el Presidente apoyará el pedido pampeano de hacer un nuevo estudio de impacto ambiental, que demoraría todo el proceso al menos dos años más.
Desde que el Frente de Todos asumió en la Nación, todo lo que se había avanzado para la construcción de la llamada “obra del siglo” durante la gestión de Cambiemos volvió a foja cero. Rarezas de la política en la que hasta los informes técnicos tienen siempre dos lecturas posibles.
Así, el laudo favorable a Mendoza firmado por Mauricio Macri dejó de valer y las provincias que antes avalaban la construcción ahora la rechazan sólo porque cambiaron de signo político o simplemente porque se alinearon con el nuevo poder central.
Hay también un nuevo condimento que hace prever un resultado negativo: en noviembre pasado, el peronismo perdió por primera vez en La Pampa. Un laudo en contra podría condenarlo a la derrota en 2023.
En Mendoza, lo sabe el Gobierno nacional, las posibilidades del PJ son escasas, aun cuando su decisión favorezca a nuestra provincia. La cuenta es simple: mejor elección en mano que pájaro volando.
Además, al peronismo local nunca lo convenció la represa malargüina. Sus dos últimos gobernadores (Celso Jaque y Paco Pérez) priorizaron en cambio Los Blancos.
Por eso, más que la expectativa por el resultado, a Suárez lo desespera que haya una definición, aun cuando sea negativa.
Así, quedaría habilitado a decidir un nuevo destino para esos 1.023 millones de dólares que la Nación debe pagar igual y de los cuales ya llegaron 320 millones.
De hecho, al otro día de vencerse el plazo para que Fernández responda, la Casa Rosada debe hacer una nueva transferencia, esta vez de más de 50 millones de dólares.
En cómodas cuotas, la Nación va compensando así los daños ocasionados por la promoción industrial que rigió en las provincias vecinas.
Tal vez hastiado por las vueltas y contramarchas, Suárez piensa hoy que lo mejor sería darle otro uso a ese dinero que se deposita en un fideicomiso a medida que va llegando.
“No podemos esperar dos años más para ver qué hacemos”, insiste. Esos dos años marcan justo el final de su mandato y la posibilidad de irse sin un legado.
El plan alternativo
El Gobierno ya tiene un listado de obras que podría financiar con ese dinero. Irrigación presentó un plan al Consejo Económico, Ambiental y Social que contempla una red de canales por U$S 230 millones. En esos canales incluso podría producirse energía colocando turbinas.
Además, está la posibilidad del dique El Baqueano en el río Diamante, cotizado en U$S 540 millones y que también sumaría a la red energética.
Aunque el acuerdo con la Nación sólo contempla el financiamiento de obras hídricas, también se buscaría mejorar el sistema de agua potable: hay 1.500 km de cañerías obsoletas que pierden gran parte del líquido que circula por ellas, además de plantas potabilizadoras y cloacales por hacer.
El objetivo de todas esas obras es optimizar el uso del agua que escasea cada vez más en los ríos mendocinos por las nevadas declinantes.
Suárez ya tiene planeado, para después del 21, una convocatoria a las universidades y cámaras empresarias para que analicen las opciones. El Consejo Económico sería el paraguas para contener el debate.
“Tenemos que triplicar las exportaciones y para eso necesitamos agua”, dice en la intimidad el Gobernador.
De esa discusión estratégica, en buena medida, depende lo que ocurra en los próximos 30 años. Será una suerte de plan “Mendoza 2050″.
La decisión de Suárez es apoyada por Alfredo Cornejo, quien como gobernador pactó los pagos con Macri y licitó la obra. También por Tadeo García Zalazar, uno de los posibles candidatos a sucederlo y por lo tanto a ejecutar ese programa de obras.
En el Gobierno reconocen un efecto colateral positivo: mientras Portezuelo debe pagarse con dólares contantes y sonantes, las nuevas obras se cancelarían en pesos. Los dólares recibidos podrían cambiarse en el mercado de contado con liqui a un valor muy superior al oficial.
Así, el impacto de esos 1.023 millones de dólares casi se duplicaría. Toda crisis trae una oportunidad.
Razones y sinrazones
¿Y Portezuelo del Viento? En estas condiciones, nunca se hará. Y se perderán años de trabajo desde el acuerdo entre Néstor Kirchner y Julio Cobos en 2006 para compensar a Mendoza.
Avanzar con la licitación sin el laudo presidencial, como anunció varias veces el año pasado el Gobierno, podía terminar con la obra frenada a poco de iniciada, millones gastados en vano y juicios contra la Provincia.
También podría haber tenido consecuencias legales para quienes pusieran la firma en la adjudicación, en particular para Suárez.
Esta amenaza latente fue la que frenó definitivamente aquella decisión de avanzar pese a todo, que parecía tener más motivaciones electorales que argumentos técnicos.
En el Gobierno remarcan ahora que el dique es una obra pensada hace 60 años, pactada con la Nación hace 15 y licitada antes de la actual gestión. En todo este tiempo, admiten, las condiciones cambiaron mucho.
“Vamos a juntar agua que sólo servirá para producir energía porque no hay cultivos para regar allí y la energía en Argentina no tiene precio”, argumentan tras el cambio de postura.
Este giro fue precedido a lo largo de todo 2021 por múltiples objeciones, algunas políticas, otras empresarias y muchas de ámbitos técnicos, que fueron desechadas.
El principal cuestionamiento es la caída drástica del caudal del río Grande: el promedio de la última década es menos de la mitad del promedio de los 30 años previos y el panorama será peor a futuro. Esto incluso haría dificultoso el llenado del dique para empezar a producir energía.
Por esa razón, con el valor actual de la energía, se necesitarían 40 años para recuperar la inversión.
La represa a la vez dividió aguas entre los empresarios. Numerosas cámaras, entre las que están algunas ligadas a la construcción que ven una oportunidad en la diversificación de esos 1.000 millones de dólares, salieron a oponerse hace seis meses. Entonces y ahora, los industriales metalúrgicos pidieron que se haga.
Paradójicamente, la decisión de no hacer Portezuelo del Viento tiene como perjudicada directa a una empresa de la que son accionistas desde hace unos meses los estados nacional y provincial: Impsa.
La ex firma de la familia Pescarmona es parte del único consorcio que se presentó para hacer el dique. Si la obra no se adjudica, se quedará sin la hasta ahora mejor opción que tenía para generar ingresos y salir de la crisis terminal que obligó a estatizarla.
Pero no es la única contradicción en la que entraría el Presidente si no se pronuncia o si define contra Mendoza. La principal accionista del consorcio es una constructora estatal china y dejarla sin nada es una decisión con impacto geopolítico. Nunca es bueno quedar mal con la potencia económica que más crece.
Todo este proceso coincide con otra negociación que suma tensión: el pedido del Gobierno nacional a los gobernadores radicales para que apoyen el aún incierto acuerdo con el FMI, cuyo contenido se desconoce.
La reunión con los mandatarios provinciales de la oposición, incluido Suárez, se pospuso hasta la semana siguiente. Será justo en la previa del plazo que tiene el Presidente para expedirse sobre Portezuelo, si quiere.
