La política se puso de acuerdo para postergar las PASO y las elecciones legislativas de este año. Una decisión atinada, en especial por el sostenimiento de las primarias, que desde su implementación fueron objeto de planteos sobre su efectividad por la propia dirigencia política. Esas dudas inevitablemente se trasladan a la sociedad.
Haberle dado seriedad al proceso electoral de este año fue una decisión coherente de oficialistas y opositores, porque es verdad que la pandemia acecha mucho más que el año pasado, pero hay mecanismos para buscar garantizar comicios normales.
Por otra parte, los tiempos siempre apremian y las reglas de juego deben respetarse. Si seguían las dudas, especulaciones y rencillas se hubiese llegado al límite de tiempo establecido para que la Cámara Nacional Electoral, que ya había confirmado el cronograma electoral 2021, pudiese convalidar un cambio de fechas, como al final se dispuso. Y el cierre del padrón provisorio, de acuerdo con el esquema que confirmó dicho organismo, estaba previsto para el 27 de este mes.
El acuerdo al que arribaron los dos sectores políticos más gravitantes en esta etapa democrática, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, dejó atrás todo tipo de estrategias tendientes a modificar el cronograma con el argumento de los riesgos de contagio o volcar lo que cuestan los comicios a la ayuda social y económica que gran parte de la población requiere. Es real que faltan recursos, pero no se puede alterar el funcionamiento institucional del país para implementar paliativos, no soluciones de fondo.
Se arribó, por lo tanto, a un acuerdo que le devolvió la sensatez a la dirigencia en general, porque hay que recordar que gobernadores, dirigentes de las distintas provincias y hasta el propio presidente de la Nación se vieron involucrados en las especulaciones sobre la postergación o la lisa y llana supresión de las PASO, por citar el tema electoral más candente que se presentó en lo que va del año.
Este manto de sensatez que recayó, afortunadamente, sobre los referentes de los sectores políticos más influyentes del momento debería servir de ejemplo ante los desatinos que han invadido a las autoridades nacionales y de provincias a raíz de la crítica situación que produce la nueva ola de Covid-19 y el hasta ahora inestable sistema de vacunación. Todo potenciado a partir del dictado del no consensuado decreto presidencial que dispuso nuevas restricciones.
Tal vez por nerviosismo ante la situación coyuntural o por mera especulación política por encontrarnos en un año electoral, los gobernantes de la Nación, de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad autónoma que es capital del país ingresaron en las últimas semanas en una disputa ya casi intolerable y de imprevisibles derivaciones.
La imagen de armonía y priorización de las necesidades de la población que se logró en el traumático año 2020 parece haber quedado atrás en momentos más críticos que los anteriores según el nivel de contagios y de cantidad de muertes. Es vergonzoso que la salud pública y el nivel sanitario del país hayan quedado inmersos en una pelea que se nutre de especulaciones políticas de indudable corte electoral.
Si un grupo de dirigentes consiguió ponerse de acuerdo en lo referente al proceso electoral, con más razón se debe exigir una elemental cuota de sensatez para encauzar el abordaje de la actual ola de contagios. El rédito electoral, en todo caso, se logra con eficacia en la gestión y en sobreponer las diferencias ideológicas para priorizar la salud de la gente.
