El concepto de africanización que por estos días se ha utilizado para describir el terrible cuadro socioeconómico del conurbano bonaerense ha horrorizado a no pocos, sacando de eje a una cuestión que padecemos desde hace décadas, pero insistimos en no mensurar de la manera adecuada y mucho menos en instrumentar los medios para combatirla.
Nos referimos a la radiografía del atraso argentino expresada en muchas provincias administradas como emprendimientos privados por parte de gobernadores y aun de grupos familiares y sociedades de hecho construidas desde la política para beneficio propio y en contra de los principios más básicos del bien común.
En tiempos de pandemia, la sucesión de desatinos con consecuencias no pocas veces mortales que estas prácticas han producido fue y sigue siendo noticia en el país.
Ahí está Formosa para corroborarlo: administrada por Gildo Insfrán desde casi siempre, al punto de que resulta difícil recordar alguna gestión anterior a la suya.
De hecho, el inicio de su primer mandato se remonta a mediados de la década de 1990.
La más postergada de las provincias argentinas es la mejor muestra de nuestra impotencia para siquiera ensayar la corrección de nuestros males.
Y, tal como si se tratara de una región de otro continente, la Nación asiste a un festival de atropellos diversos que se ejercen impunemente sobre una sociedad sumisa, amordazada y manoseada sin sentirse obligada a poner freno a los abusos perpetrados en una provincia que se considera amiga.
Y cuyo gobernador ha sido definido como el mejor por el mismísimo presidente de la Nación.
En los últimos días fueron noticia la violencia ejercida sobre la minoría wichi, casi una tradición provincial.
Pero antes lo fue el casi increíble dato de que los ciudadanos con diagnóstico de Covid-19 son sacados por la fuerza de sus domicilios para ser internados en una suerte de campo de detención sanitario, en condiciones de hacinamiento y violando sus más elementales derechos.
Antes aún fueron noticia los centenares de ciudadanos que permanecieron meses a la intemperie pugnando por un regreso que debió facilitar la Justicia cuando algunos ya habían perecido tratando de trasponer los límites provinciales.
Formosa es ese raro paraíso sustentado por fondos nacionales cuyo destino nadie averigua en el que miles de ciudadanos extranjeros con DNI argentino cobran jubilaciones de Anses y subsidios diversos y votan en cada elección.
A Gildo Insfrán, naturalmente.
Y donde la Justicia y la Policía responden al amo de turno y donde nada se hace sin su permiso.
Y cuyo mayor empleador, claro está, es el Estado provincial, lo que explica muchas cosas.
Como su atraso.
Hay una vasta literatura sobre las autocracias latinoamericanas que Formosa se esmera en imitar mientras el país todo quiere creer que se trata de una provincia de un país limítrofe, en tanto algunos que no tienen problemas digestivos alaban lo impresentable.
Esto último, al menos podrían ahorrárnoslo, aunque más no fuera en nombre del decoro.
