El Gobierno nacional no tiene una posición definida sobre el aumento que aplicará en las tarifas de electricidad y de gas natural, ajuste que afectará a millones de hogares y a las empresas de todo el país.
Las idas y vueltas responden a la existencia de posiciones divergentes en el seno de la alianza gobernante y a la especulación sobre el impacto electoral de tales medidas.
El presidente Alberto Fernández debe resolver un aumento en tales servicios, con especial impacto en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, espacio que conforma el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba).
El Presidente y el ministro de Economía alientan lo que se presenta como un “aumento razonable”, que oscilaría entre el cinco y el nueve por ciento.
Sin embargo, funcionarios y técnicos que responden a la vicepresidenta son partidarios de un congelamiento hasta después de las elecciones legislativas, que se realizarán el 14 de noviembre.
Para el kirchnerismo, el malhumor social será clave, y por ello buscan evitar una suba en las tarifas de los servicios esenciales.
Los comicios van precedidos del proyecto de alcanzar el control de la Cámara de Diputados de la Nación, donde el oficialismo ostenta la primera minoría.
La decisión de mantener las actuales tarifas supone, por contrapartida, un fuerte aumento de los subsidios económicos, que obligaría a un mayor endeudamiento o a incrementar la ya muy elevada emisión monetaria, lo que alienta la inflación.
El Presupuesto 2021 prevé subsidios a la energía por el 1,7 por ciento del producto interno bruto (PIB), que equivale a unos 625.800 millones de pesos.
Pero esa cifra puede resultar insuficiente sin un aumento tarifario razonable para los usuarios particulares y para las empresas.
Un incremento de la emisión genera más desconfianza en los mercados financieros.
Esa percepción ya se tradujo en un aumento de la cotización de los diferentes tipos de dólar y en la exigencia de una mayor tasa de interés para la refinanciación de los vencimientos del Estado nacional.
El Amba absorbe el 60 por ciento de los subsidios por electricidad y el 55 por ciento de los que se aplican al gas natural, mientras que el interior recibe una pequeña porción de la ayuda oficial.
El dilema que enfrenta el Presidente supone, a la vez, un mayor castigo para el interior, que recibe un mínimo aporte.
Mendoza y Córdoba, entre otros distritos, soportan un cuadro tarifario que duplica y hasta triplica el que rige para el Amba.
La sociedad y el sector privado debieran contar con una hoja de ruta en relación con los futuros aumentos y subsidios.
La discriminación tarifaria, fundada en una especulación electoral, se convertirá en un bumerán para las autoridades, que -más temprano que tarde- deberán sincerar el esquema de subsidios.
El Presidente debe actuar con horizontes más amplios, alejado de las presiones que supone concentrar su gestión en el Amba.
El interior, cansado de la discriminación, reclama un trato equitativo en los precios de la energía.
