¿Estará dispuesto el presidente del Comité Nacional de la UCR a aplicar el mismo criterio que usa para pedir la intervención federal de una provincia argentina (alegando “restricciones a las libertades básicas”) a cualquier otra que presente las mismas presuntas situaciones que según su opinión y la de su partido existen en aquella sobre la que han desatado su furia intervencionista?
¿Consideraría el diputado Cornejo pedir la intervención federal de Jujuy, por ejemplo, donde hay “restricciones a las libertades básicas” comprobadas desde hace más de cinco años, que han trascendido las fronteras argentinas convirtiéndose en escándalo internacional y que protagoniza su socio político y alter ego Gerardo Morales gracias a la suma del poder público y su secuela de causas armadas y de prisiones políticas contra sus opositores?
¿No implicarían para la UCR “restricciones a las libertades básicas” el dictado de un Código Contravencional que limita el derecho de reunión y de petición a las autoridades criminalizando la pobreza y la protesta social; la persecución a organizaciones y dirigentes sociales con causas armadas; la existencia de presos políticos por varios meses; el amedrentamiento de intendentes opositores mediante el impulso de causas a partir de denuncias anónimas; la imputación penal de legisladores opositores por acompañar una protesta de trabajadores estatales; la represión brutal a manifestantes en la que el mismísimo jefe policial es captado en videos golpeando y deteniendo a quienes se expresaban pacíficamente; el ataque policial a la más multitudinaria, justificada y pacífica movilización popular de las últimas décadas, con corridas persecutorias de ciudadanos a más de cinco cuadras del lugar de manifestación; la detención violenta de trabajadores y dirigentes sindicales que reclamaban en la peatonal de la capital provincial, respetando los protocolos por la pandemia, por los salarios de miseria de los municipales de la capital; la promoción del desafuero de un legislador opositor en circunstancias en las que el proceso judicial (sospechosamente amañado y claramente persecutorio) podía desarrollarse sin necesidad de desafuero; el sometimiento a jury de enjuiciamiento a magistrados que no aceptan los dictados autoritarios de un gobernador?¿Estará la UCR nacional igualmente dispuesta a solicitar la intervención federal de una provincia en la que suceden esos atroces atentados contra el Estado de Derecho? Me hago la pregunta porque todo eso y muchas cosas más de similar tenor han ocurrido y siguen ocurriendo en la Mendoza que fue gobernada por Cornejo y que sigue gobernando el cornejismo.
Todo eso y mucho más está pasando porque la Procuración de la Corte fue transformada por Cornejo en un apéndice del Poder Ejecutivo, porque fracasado su intento de ampliar la Corte han generado una mayoría automática incorporando como miembro a una profesional que no reúne las condiciones que exige la Constitución provincial y que inexplicablemente resuelve como magistrada de una Corte que aún tiene pendiente decidir sobre la constitucionalidad de su incorporación, porque casi la totalidad de los organismos de control se encuentran en manos de hombres y mujeres vinculados al ex gobernador, y porque el Ministerio Público Fiscal y una parte significativa del Poder Judicial han sido cooptados como instrumentos políticos al servicio de la coalición neoliberal-neoconservadora que gobierna la provincia.
No está en mi ánimo hacer una defensa del gobierno de una provincia hermana. El Partido Justicialista de nivel nacional ya se expresó categóricamente en relación a los fines y al modus operandi de la oposición en relación a su pedido de intervención federal de la provincia de Formosa. Al respecto, a lo dicho por las autoridades de mi partido me remito. Si considero que es necesario poner en evidencia la actitud de quienes pretenden exigir a otros lo que nunca en su vida pública cumplieron. Eso es desvergüenza.
No solo es paradójico que el ucerreismo pretenda ser paladín de la institucionalidad democrática en la Argentina habiendo sido parte de un gobierno nacional que practicó un pretendido republicanismo vaciado de democracia y al tiempo que demuele al Estado de Derecho en las provincias que gobierna. Es además un acto de hipocresía. Lo del presidente de la UCR no es solamente un juego de doble vara, es la más cabal expresión de una práctica demagógica que reúsa sujetarse a las reglas elementales de la convivencia democrática.
