El cónclave en el INV que reunió a todas las entidades de la vitivinicultura resultó, para muchos, en una “tragedia”. El cuestionamiento nacional a la continuidad de la Coviar y, principalmente, a que los aportes sean obligatorios caló hondo. En la reunión también se informó sobre la decisión, casi tomada, de que ambas provincias darán por terminado el acuerdo Mendoza-San Juan para la diversificación de la producción vitivinícola y también la derogación de la Ley de Contratos Frutihortícolas.
A la salida de la reunión, varios participantes se mostraron preocupados, otros asumieron los comentarios como algo intrascendente, y algunos se pensaron victoriosos. La pelea entre entidades planteada como un clásico River-Boca puede ser interesante para las tradicionales charlas en los cafés de la peatonal mendocina, pero no constituyen un espacio “sincero de debate”. Las excusas de ambos bandos son conocidas. ¿Por qué no se han podido acercar posiciones entre ambas partes? Evidentemente, faltó un diálogo constructivo.
Entre tanta pelea salen a relucir algunos números: la superficie cultivada con viñedos lleva 9 años en caída, ubicándose en 204 mil hectáreas. Las ventas en el mercado interno de vinos han caído a 16 litros per cápita. Las exportaciones de vino han tenido años buenos y otros pésimos, pero en los últimos 20 años su mayor registro fue de 814 millones de dólares en 2021, para caer a 640 millones de dólares en 2023. ¿De quién es la culpa de que esto suceda? Obviamente, se trata de una serie de factores, no atribuibles a una entidad en particular, sino a muchas variables.
Ahora, varios consultados, que se muestran “imparciales” se preguntan: ¿Por qué una ley que se configuró en 1994 no puede, a la luz de los cambios en la vitivinicultura, ser reconsiderada? ¿Por qué otra ley que se sancionó hace 20 años no puede ser reformada?
Es interesante el planteo. ¿Quién tiene que hacer el cambio? Debe ser la propia vitivinicultura la que avance hacia “consensos reales”. Pero eso no se puede hacer, sin sumar a todas las entidades. A excepción de la cosecha 2023, probablemente en los últimos 10 años los productores se quejaron de que el pago por sus uvas era por debajo del costo. Parafraseando la canción inmortalizada por Mercedes Sosa, “si cambia lo superficial y cambia también lo profundo”, ¿por qué es extraño que la vitivinicultura cambie?
Qué pasó en el INV
En una reunión que se llevó a cabo en el Instituto Nacional de Vitivinicultura, donde participaron los ministros de producción de San Juan, Gustavo Fernández, el de Mendoza Rodolfo Vargas Arizu y el Secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, Juan Pazo, se dejó en claro que el gobierno de Javier Milei buscará desregular la vitivinicultura y en ese camino irá por Coviar y el aporte obligatorio que impone a la industria.
Establecida en 2004 por la Ley 25.849, Coviar es una entidad público-privada que gestiona el Plan Estratégico Argentina Vitivinícola (PEVI), con el objetivo de impulsar el desarrollo del sector vitivinícola argentino. La corporación es financiada por las contribuciones obligatorias por Ley que hacen las empresas vitivinícolas, uno de los puntos con los que no está de acuerdo el gobierno nacional y varias entidades.
Según pudo reconstruir Los Andes, tras la consulta a varias personas que estuvieron en la reunión, Juan Pazo, quien es el segundo del ministerio de Economía de la Nación que conduce Luis Caputo, estimó necesario evaluar la continuidad de la ley que da origen a la Coviar, sobre la que el funcionario opinó que debería derogarse o modificarse la obligatoriedad de la contribución transformándola en voluntaria. Además, cuestionó en función de los resultados obtenidos por el PEVI 2020, los objetivos de la entidad y su continuidad. Pero para suspender el pago de la contribución obligatoria, se debe modificar la Ley que le dio nacimiento a Coviar, por lo que su tratamiento debería pasar por el Congreso Nacional o ser derogado mediante un DNU.
Según se pudo saber, también los aportes de la Nación a Coviar a través de programas y partidas serían suspendidos. En 2023, el gobierno nacional habría realizado aportes a programas por más de $1.135 millones de pesos, asignados desde el Ministerio de Economía de la Nación. Vale recordar que en el presupuesto de la entidad, el aporte de los privados habría llegado a $527 millones de pesos.
Mario González, presidente de Coviar, minimizó el hecho y aseguró que se trató de un comentario al pasar y que no era un tema que estaba en el orden del día de la reunión del INV. “No creo que haya sido la intencionalidad del secretario de la Nación, sino que fue un comentario”, indicó a Los Andes, agregando que esperaban poder tener una reunión con el representante nacional para analizar el tema.
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