Argentina enfrenta una coyuntura económica dramática, peor que la que prohijó la crisis de 2001 y 2002, la cual derivó en el quiebre de la convertibilidad del peso con el dólar.
La inflación de noviembre volvió a ser de 2 dígitos, al tiempo que se estima que la de los próximos meses podría estar en torno de 20%, por ajuste de precios y la eventual modificación del tipo de cambio que se producirá a partir del 10 de diciembre.
El presidente electo, Javier Milei, anticipó que “la situación será muy grave” en el primer semestre de 2024, acompañada de una estanflación que podría prolongarse mucho tiempo.
Ese cuadro implica la existencia de una inflación alta, con un estancamiento o una caída en la actividad económica por la acumulación de distorsiones en los precios relativos durante la gestión de Alberto Fernández.
La teoría enseña que cuando se produce estancamiento o recesión, los precios deberían bajar, por la necesidad de fabricantes y comercios de vender sus productos. Sin embargo, eso no sucederá, debido al retraso en el precio de los combustibles, en las tarifas de los servicios públicos y en los bienes en general, más allá de especulaciones ocasionales.
El ministro Sergio Massa, mantuvo congeladas las principales variables o sólo autorizó leves actualizaciones, para reforzar sus chances electorales.
En este contexto, gobernadores en funciones y electos señalan la imposibilidad de hacer frente al pago del aguinaldo, principalmente, y del sueldo de diciembre de empleados públicos. Finalmente, habrá un auxilio por $ 125 mil millones para cancelar aguinaldos y sueldos, según acuerdo logrado por Massa y gobernadores. Esa ayuda, vía aportes del Tesoro nacional (ATN), se hará con emisión, lo que agravará aún más la suba de precios, por la aparición de más pesos en un contexto con caída de la producción.
“No hay plata”, dijo Milei, como una advertencia de que esa operación no se repetirá en el futuro, a la vez que instó a los gobernadores a recortar gastos para hacer frente al pago de las obligaciones. Por momentos, la dirigencia política no comprende la dimensión de la crisis y mantiene la expansión del gasto público pese a la carencia de recursos para afrontar la incorporación de personal, los aumentos salariales extraordinarios o las erogaciones improductivas.
La crítica etapa que afrontará la Argentina en los próximos meses exige un uso eficiente de los recursos públicos, para evitar un mayor castigo para los sectores desprotegidos.
La misma consigna rige para el ámbito privado, que no debe ampararse en la coyuntura para incumplir las obligaciones laborales, en especial, el pago de aguinaldo y del sueldo.
El nuevo ciclo demandará austeridad, racionalidad y creatividad para hallar salida a la inflación crónica, que empujó al país a una decadencia irrefrenable en su historia reciente.
