La reciente decisión de eliminar las jubilaciones de privilegio pone de manifiesto un problema estructural más amplio: la proliferación de regímenes especiales y la diversidad de coberturas que estos generan. En el ámbito previsional, resulta crucial analizar las normativas que impactan significativamente en la equidad y sustentabilidad del sistema.
Por un lado, existen los denominados regímenes especiales. Mientras que el sistema previsional se rige por regulaciones generales, coexiste una multiplicidad de esquemas específicos que favorecen a determinados colectivos laborales. Estos regímenes incluyen, entre otros beneficios, requisitos reducidos de edad y años de servicio, montos jubilatorios superiores y reglas de movilidad más ventajosas. Por otro lado, están las pensiones derivadas, que otorgan un beneficio vitalicio a los convivientes de jubilados fallecidos.
Actualmente, el sistema previsional presenta una coexistencia de diversos esquemas que abarca a más de 10 millones de jubilaciones y pensiones. Según las normativas vigentes, solo el 20% de los beneficios se otorgan bajo el régimen general, mientras que un 18% corresponde a regímenes especiales o diferenciales. El restante 62% incluye pensiones no contributivas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y beneficios otorgados mediante moratorias que no requieren aportes completos.
En otras palabras, apenas una de cada cinco jubilaciones y pensiones sigue las reglas generales, mientras que el resto se asigna bajo regímenes especiales o excepciones. Además, se estima que uno de cada cinco beneficiarios recibe más de un beneficio previsional.
Si bien el régimen previsional para expresidentes genera debate, su impacto financiero es marginal en comparación con el conjunto de regímenes especiales que permiten a muchos acceder a tratamientos diferenciados. Este fenómeno contribuye significativamente a los problemas de equidad y sostenibilidad del sistema.
Cabe destacar que las pensiones derivadas fueron diseñadas en un contexto de baja participación laboral femenina, donde el acceso a jubilaciones sin aportes no estaba contemplado. En el escenario actual, este esquema ha derivado en una masificación de coberturas duplicadas.
El desafío principal no radica en los beneficios otorgados a expresidentes, sino en implementar un reordenamiento integral del sistema. Es fundamental avanzar hacia un marco en el que todos los ciudadanos sean tratados bajo criterios equitativos, eliminando gradualmente los regímenes especiales. En esta línea, las pensiones derivadas podrían ser optativas, permitiendo al titular designar al beneficiario mediante aportes adicionales realizados en vida. Este enfoque reduciría la discrecionalidad y simplificaría la gestión previsional.
El Acta de Mayo ya contempla medidas orientadas al reordenamiento del sistema previsional. Asimismo, las actuales moratorias expirarán en marzo del próximo año. Esto ofrece una oportunidad clave para avanzar en reformas estructurales.
* Federico Pablo Vacalebre es profesor de la Universidad del CEMA.
