Alfredo Cornejo tomó la decisión de despejar la agenda de cara a la recta final del año, incluso perfilando el rumbo de los tres más que le quedan de gestión. Esta semana no sólo formalizó a su candidata para cubrir una vacante en la Suprema Corte, sino que terminó de blanquear la impronta minera a la que venía apostando seriamente desde su asunción.
Tales decisiones suponen por un lado, reforzar la mayoría no peronista del máximo tribunal de Justicia (allí se juega en definitiva la consagración o el fracaso de cualquier política pública que se implemente); pero en paralelo, ratificar la línea productivista, capaz de atraer inversiones, generar empleo y establecer un nuevo rumbo para la retraída matriz económica de la Provincia.
El paso al frente tiene mucho del sello Cornejo: pragmático en el corto plazo, pero estratégico en el mediano y largo. Como si a una decisión de coyuntura fuera necesario otorgarle una cláusula de protección futura ante probables (y siempre posibles) vaivenes de la política. O las circunstancias que ocasionarían perder una o varias elecciones.
Sin suspenso
Días después de conocida la renuncia de Pedro Llorente sobre la que se remarcó públicamente que la decisión de proponer un ministro de la Corte tenía un obvio cariz institucional (por lo que reclamaba a la opinión pública y la oposición que actuaran con seriedad), se anunció que la camarista Norma Llaster es la postulante.
La nominación no sólo sorprendió por la rapidez, sino también porque la elegida posee un perfil refractario a las críticas que en la previa pretendían condicionar el dedo del mandatario. La también titular de la Asociación de Magistrados (lo que supone el respaldo y reconocimiento de la corporación judicial) exhibe además de su trayectoria una empeñosa tarea académica, lo que la dota de dos virtudes exigidas: conocimiento de la Justicia y méritos profesionales.
Su condición de mujer responde a otra demanda de época de la cual parecía difícil escapar y que de no cumplirse hubiera condicionado a un varón con similares antecedentes. Suena discriminatorio, pero muchos tal vez vean en el envío de su pliego una reivindicación, necesaria por cierto, para un Poder Judicial todavía renuente a incorporar la perspectiva de género.
Llaster tiene origen radical, asegura que cesó su afiliación en 2007 cuando asumió como camarista y que la vigencia del vínculo partidario que se difundió de la consulta al padrón de la Cámara Nacional Electoral está desactualizada. Si se habla de seriedad institucional, un paso elemental que en el apuro, a ningún funcionario se le ocurrió chequear.
Esta polémica es una obviedad más de las que se nutre el circunscripto debate del círculo rojo. ¿O acaso éste, o los gobernadores que le sucedan, propondrán en las próximas vacantes a alguien con quien no coincidan al menos en la visión de lo que debe ser la Justicia?
Los cálculos del Ejecutivo son auspiciosos sobre el devenir de la propuesta en el Senado tras la presentación de adhesiones, impugnaciones y la audiencia pública previa a la votación prevista para el 17 de diciembre. Más allá de los tiempos, la idea es que la aprobación del pliego se produzca antes de fin de año.
Se puso el casco
La Cumbre de Minería Sostenible realizada en el Hotel Hilton supuso la fenomenal plataforma de explicitación del rumbo que Cornejo desea para Mendoza. Al margen de los tabúes, las negaciones y las actitudes vergonzantes, la Provincia -después de mucho tiempo- hizo oficial la necesidad de convertirse en un actor preponderante en la industria minera global.
Y si bien el camino desandado en este año así lo permitía inferir, también el Gobierno se había manejado con suficiente cautela como para no agitar aguas y en todo caso, reducir toda acción a Malargüe, donde se cansó de reiterar que allí “había licencia social”.
La oficialización de esta vocación pro-minera es un hito que no sólo la compromete con el resto de las provincias que conforman la Mesa del Cobre, sino también con la Nación y la comunidad internacional. Ese es el contundente mensaje que no dejó lugar a equívocos: Mendoza quiere y va a hacer minería. Una especie de salida del clóset que el sector, aún sorprendido pese a los guiños que venía recibiendo, interpreta como un antes y un después. Aún bajo el imperio del cepo que supone la ley 7.722.
Fue tal el grado de audacia en la apuesta pensada también para la formación financiera de la inmensa cadena de valor que supone la minería, que la Bolsa de Valores de Toronto, principal operadora bursátil internacional de la industria, desembarcó aquí para validar este cambio de rumbo que se asemeja a la incorporación a la autopista minera mundial. En esa liga se pretende participar, casi como el efusivo acto de fe de un converso.
Como si eso fuera poco, Cornejo también fue explícito sobre la necesidad de apurar la puesta a punto del proyecto maldito de la errática y frustrada experiencia mendocina: San Jorge. El emprendimiento de cobre de Uspallata ya podría estar en fase de producción si no hubieran operado las taras y las trabas con las que la misma política especuló desde hace 15 años. Ahora, ante la evidente comprobación del tiempo perdido (pero también de la oportunidad desperdiciada), la cumbre fue el escenario para el espaldarazo público que tal vez los inversores de Solway Investment (el mayor productor de níquel del mundo) necesitaban para convencerse de reiniciar, otra vez, el expediente administrativo, que luego deberá pasar por la Legislatura y obtener su aprobación.
Son aproximadamente 40 mil toneladas de cobre anual en los 16 años de vida útil de operación previstos. En definitiva, Cornejo no hace más que validar las condiciones que -precisamente- permiten que Mendoza integre la Mesa del Cobre, pues San Jorge es el único proyecto local de los 8 que existen en el país. Paradoja que no por tardía representa un mea culpa dirigencial ante el potencial frustrado que ¿ahora despertó definitivamente?
* El autor es periodista y profesor universitario.
