La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CS) se pronunció el 16 de diciembre pasado sobre la constitucionalidad de la composición del Consejo de la Magistratura (CM) a fin de procurar el equilibrio entre los cuatro estamentos que lo integran para que no sea dominado por alguno de ellos sin acordar con los otros. No se trata de una igualdad aritmética, ninguno puede tener una situación de predominio, si no estaríamos ante una composición desequilibrada. Se determina un plazo de 120 días que vencieron el pasado viernes 15 de abril para readecuar la integración de conformidad con lo establecido en la ley 24.937 de 1997. Deberán designarse seis nuevos miembros y la presidencia estará en cabeza del Presidente de la CS. La incorporación de los nuevos miembros debe llevarse a cabo de manera conjunta. Al mismo tiempo, exhorta al Congreso al dictado de una nueva norma que se atenga a los parámetros establecidos en un plazo razonable.
El cumplimiento de la sentencia de nuestro Máximo Tribunal ha seguido un camino tortuoso caracterizado por los permanentes “palos en la rueda” que le puso el oficialismo bajo la “batuta” de Cristina Kirchner. El respeto de una sentencia del máximo tribunal de una República no es materia de discusión en una democracia consolidada. Los fallos de los tribunales se cumplen de lo contrario se desmorona el Estado de Derecho pues se cae el principio de separación de poderes. La inobservancia de los fallos de la CS es algo “normal” para el kirchnerismo. La no reposición del Procurador General de Santa Cruz Eduardo Sosa ha sido el caso más sonado; un gobierno provincial desafió a la cabeza de la Justicia federal y se “salió con la suya”.
La CS indicó dos caminos: o el Congreso aprueba una nueva ley que le devuelva el equilibrio al CM entre los estamentos políticos y técnicos o, se regresará a la integración que fijaba la ley anterior de 20 miembros, con mayor representación de jueces, abogados, académicos y dos legisladores que deben representar a las segundas minorías en las dos Cámaras, presidido por el titular de la Corte; el art. 114 de la CN habla de jueces de todas las instancias.
Cristina ha realizado otro movimiento destinado a lograr la parálisis del CM, a través de una sentencia del juez federal de Paraná, Daniel Alonso (pertenece a “Justicia Legítima”) que le prohibió al Congreso mediante una extraña precautelar que designe a sus dos nuevos representantes. Abogados, jueces y académicos han designado a sus representantes y el Ministro Rosatti les ha tomado juramento y se han incorporado al CM. Quienes no han cumplido son la vicepresidente y Sergio Massa lo que redunda en un serio conflicto de poderes. El lunes por la tarde la CS ordenó que el CM empiece a funcionar con los miembros electos aunque las Cámaras del Congreso no manden a sus representantes faltantes. Recordó que en su fallo de diciembre pasado les dio a la Cámara de Diputados y al Senado 120 días, “Una vez vencido aquel plazo, resultaría inadmisible que la demora o el incumplimiento de ese deber legal por parte de alguno de los estamentos (…) pudiera retrasar, frustrar o paralizar el funcionamiento de un órgano de rango constitucional”.
Finalmente, Massa designó a la representante del radicalismo Roxana Reyes, lo que fue impugnado por el Presidente del bloque del Frente de Todos y Cristina al senador Martín Oñate de La Cámpora. Esta situación ha llevado a la judicialización de los dos nombramientos. Mientras el CM podrá sesionar pues cuenta con el quórum necesario para ello.
Nos alegramos que haya triunfado la Constitución, se haya restablecido la división de poderes y que la CS haya impuesto su jerarquía dentro de la Justicia. Es de esperar que los pasos siguientes sigan este mismo derrotero y que se terminen los devaneos de quien preside el Senado y en los hechos el país, tendientes a conseguir la impunidad para sí, sus hijos y adláteres.
