A 169 años de la promulgación de la Constitución Nacional, donde se buscaba darle a la Argentina el instrumento jurídico que consagrara un sistema de organización republicano, representativo y federal, 16 gobernadores ultra kirchneristas ahora venidos en una “Liga”, con el pretexto de la búsqueda de “más federalismo y unidad nacional”, vienen impulsando una serie de proyectos que sólo debilitan la cada vez más delgada institucionalidad de la República.
A modo de ejemplo, proclaman una reforma para controlar la Corte Suprema de Justicia elevando a 25 miembros, eliminar las PASO o impulsar ley de lemas para garantizar el control electoral, acuerdos fiscales que suben impuestos para disponer de más recursos que alimenten el modelo populista, y para coronar el relato de la falsa búsqueda de la unidad nacional proponen ahora la desobediencia a la Corte Suprema de Justicia argumentando una “supuesta” defensa de los recursos provinciales.
La amenaza inicial del Poder Ejecutivo Nacional tomada en conjunto con la Liga de Gobernadores de desobedecer la resolución de la Corte, ahora reconvertida en un conjunto de vías recursivas anómalas y antojadizas que pretenden desvirtuarla, pero más aún la legitimidad de la cabeza del Poder Judicial de la Nación, es lo que pone letalmente en crisis a las instituciones republicanas, por violentar el equilibrio de los valores del federalismo que sustentan el sistema republicano y explican que es el Poder Judicial quien cuenta con la atribución de revisar las leyes y su adecuación a la Constitución Nacional.
Es necesario explicar que los recursos coparticipados a las provincias no se vieron afectados con la transferencia de recursos acordada con la Nación, ni éstas se verán afectadas con la restitución ordenada por el fallo, ya que tal como establece la ley 23548, del monto recaudado será coparticipado el 42,34 % en forma automática a la Nación, el 54,66% en forma automática a las provincias, y el 2% restante para el Fondo de recupero de las provincias de Buenos Aires, Chubut, Neuquén y Santa Cruz (el restante 1% conforma los Aportes del Tesoro Nacional, repartidos discrecionalmente por el Ejecutivo Nacional).
Así entendido, la Nación sostuvo, hasta la transferencia plena del servicio de seguridad en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los recursos provenientes del 42,34% que se reservaba para el sostenimiento de los servicios que esta brinda en su ámbito de competencias.
Es decir, que no estamos hablando de recursos que correspondieran a las provincias ni que tampoco deban ser redistribuidos entre ellas.
La resolución de la Corte, contrariamente a lo que sostienen el Presidente y la Liga de Gobernadores, viene a fortalecer las garantías de protección de la coparticipación federal de recursos, reestableciendo la autonomía de la voluntad provincial y fijando que no es jurídicamente posible detraer recursos coparticipados por la Nación a una jurisdicción, sin el consentimiento de ésta.
Quienes transitan los pasillos de la justicia saben que los fallos son “buenos” o “malos” conforme el análisis provenga de quien resultó favorecido o perjudicado con la resolución. Pero es el primer caso en el que quienes resultan beneficiados –la Liga de Gobernadores kirchneristas - sean quienes rotulen de “mala”, una resolución que viene a garantizar la intangibilidad de recursos coparticipados, prohíbe su alteración arbitraria.
Mendoza es la antepenúltima provincia cuando calculamos la distribución per cápita de los recursos coparticipados. Tomando el acumulado a noviembre 2022 Mendoza ha recibido $112 mil por habitante, mientras que Catamarca recibió $ 349 mil, Formosa $ 323 mil o La Rioja $ 277 mil.
Pero en el caso de nuestra provincia la situación es especialmente grave, ya que la discriminación del actual Gobierno Nacional no sólo no compensa ni busca mejorar ese penúltimo puesto, sino que lo agrava con medidas discrecionales, impidiendo por ejemplo la concreción de Portezuelo del Viento o distribuyendo discrecionalmente recursos nacionales a la Provincia de Buenos Aires y demás provincias afines políticamente, relegando al último lugar a Mendoza.
Es decir, Mendoza se ve afectada tanto por la Coparticipación como por la discriminación en la utilización de los recursos nacionales del Gobierno central. Lejos de defender los intereses de nuestra provincia, vemos a los legisladores mendocinos del Frente de Todos encolumnados fanáticamente, apoyando cada maniobra de su jefa Cristina Fernández de Kirchner para coartar la independencia judicial, en lugar de cuidar a Mendoza alzando sus voces desde sus bancas.
La Constitución es la camisa de fuerzas que las sociedades nos damos en tiempos de cordura para evitar dañarnos en periodos de locura como el que vive actualmente el Gobierno Nacional.
El artículo 75º inciso 2º de la Constitución Nacional establece que al Congreso le corresponde el dictado de “una ley Convenio para establecer el régimen de coparticipación federal de recursos”, y no a una liga de gobernadores, justamente la misma liga de gobernadores feudales de gestiones mediocres que se opone a discutir una nueva Ley de Coparticipación.
El próximo año nos encontrará frente a un enorme desafío: recuperar la institucionalidad, terminar con el hostigamiento judicial, volver a retomar el orden en las cuentas públicas y asegurar los principios esenciales de la democracia para desterrar definitivamente el esquema de poder nocivo construido a través de los años por el kirchnerismo.
* La autora es Diputada Nacional. Interbloque UCR-Juntos por el Cambio.
