Hace dos domingos se desarrollaron las elecciones legislativas venezolanas. El boicot de las principales fuerzas opositoras; la ausencia de una autoridad electoral independiente y de veedores internacionales imparciales, y la intimidación a los periodistas fueron los factores determinantes del resultado: casi un 80 por ciento de los ciudadanos se abstuvo, aunque para el oficialismo hubo un 30 por ciento de participación.
La Unión Europea, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos y casi todos los países latinoamericanos decidieron no legitimar lo que Nicolás Maduro presentó como una victoria. La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se mostró preocupada porque parte de la población habría sido presionada a votar para que no le quitaran la ayuda social.
Argentina guardó silencio durante tres días y finalmente se abstuvo de firmar una condena a Maduro en la Organización de Estados Americanos (OEA). Aquí, como en otros temas, se percibe la conflictiva interna que atraviesa al Frente de Todos. De hecho, mientras el kirchnerismo considera legítimamente democrático al régimen que encabeza Maduro, los renovadores no dudan en calificarlo como una dictadura.
Entre ambas posiciones antagónicas es imposible producir una síntesis, que sería el objetivo del presidente Alberto Fernández cada vez que tiene que saldar una diferencia en el interior de la coalición oficialista. Por cierto, aunque tarde en hacerlo público, cuando emite su parecer, suele favorecer al kirchnerismo.
Ese cuadro sólo puede transmitir una cosa: la debilidad presidencial, que es una responsabilidad compartida por la dificultad de Fernández para liderar su coalición y la imperiosa necesidad del kirchnerismo por imponerse sobre el resto y redefinir el programa del Gobierno.
Lo que debieran comprender es que, con esta dinámica, todos colaboran para que el país quede en una situación ambigua en el plano internacional. A propósito de Venezuela, vale recordar que hace unos meses Argentina pasó de apoyar en Naciones Unidas (ONU) el crítico informe en contra del chavismo de la Alta Comisionada sobre Derechos Humanos a relativizar las violaciones a los derechos humanos en la OEA.
Por todo ello, no sorprende que el país se haya abstenido de rechazar las “elecciones fraudulentas” y de condenar al régimen ilegítimo de Maduro en la OEA, en una declaración que contó con el respaldo de 21 naciones y apenas dos votos negativos (México y Bolivia).
“Argentina está convencida de que no se puede desde el exterior hacer caso omiso a la voluntad que manifestaron quienes concurrieron al acto electoral”, manifestó Carlos Raimundi, nuestro embajador ante el organismo. ¿Y por qué no tener en cuenta la voluntad que manifestaron quienes no fueron a votar porque no estaban dadas las condiciones para una competencia democrática, justa?
Como hemos dicho hace poco, la política internacional argentina no puede estar determinada por el sesgo ideológico de una fracción, y tiene que mostrar una posición que no deje lugar a suspicacias.
