Recibían un título de propiedad y, con un Colt, un Winchester y un caballo partían a tomar posesión de los acres donde criar ganado en pleno territorio de apaches, comanches y otros pueblos nativos.
Fue a través de aquellos colonos que, en el siglo XIX, EE.UU. se expandió desde la costa atlántica hasta la costa en el Pacífico. A la conquista del “far and wild west” (lejano y salvaje oeste) la hicieron civiles que se convertían en hacendados combatiendo a los indios con sus propias armas.
Esa modalidad de expansión generó también una camada de inventores que se convirtieron en acaudalados industriales fabricando las armas que habían creado. Samuel Colt, Oliver Winchester, Horace Smith y Daniel Wesson son algunos de los más notables inventores e industrializadores de armas. Así, no sólo el mapa norteamericano tiene que ver con esa cultura de las armas; también la economía está relacionada con los orígenes de lo que devino un culto social.
El mundo entero pudo ver el origen de la cultura armamentista que impera en EE.UU. a través de las películas de cowboys, los vaqueros que debían cuidar la hacienda y al mismo tiempo combatir a quienes los enfrentaban por usurpar sus territorios.
Ese modelo de expansión territorial a través de civiles había comenzado con los colonos que empezaron a adentrarse en el territorio desde las 13 colonias de la costa Este. Cuando la corona británica quiso cobrarles impuestos por las tierras que ellos conquistaron con sus armas, las usaron para defenderse de lo que creían un espolio. Y cuando la metrópoli quiso quitarles las armas para poder cobrarles, saltaron las primeras chispas de la guerra independentista.
En esa historia está una parte de la explicación de las dificultades que existen para impedir el acceso libre a la posesión de armas que sólo debieran utilizarse en la guerra.
El tema no es el derecho del ciudadano a poseer un arma, sino el desopilante derecho a estar armado hasta los dientes. Una cosa es poseer una pistola, un rifle o una escopeta, y otra muy distinta es poseer uno o muchos fusiles de asalto. Las armas automáticas y semiautomáticas son las protagonistas de todas las masacres.
Desde la segunda mitad del siglo XX han proliferado los psicópatas que irrumpen en colegios, centros comerciales, cines, universidades y colegios disparando a mansalva contra todo lo que respire. Semejante proliferación, posiblemente, se da también en muchas sociedades del mundo. Pero en casi ningún otro país se puede acceder tan fácilmente al armamento con el que cualquier psicópata puede causar una masacre.
Desde los años sesenta, empezó a repetirse la pesadilla de los individuos que repentinamente se convierten en asesinos en masa, disparando contra multitudes; un flagelo que no tienen que ver con el delito organizado ni con el terrorismo, sino con patologías mentales y sociales.
Al principio, los exterminadores eran excombatientes de las guerras en Corea y Vietnam. Los traumas generados, sobre todo en la jungla vietnamita, explicaban la epidemia de masacres al comienzo. Pero los traumas que generan exterminadores se diversificaron y las masacres se multiplicaron. Lo que no cambió fueron las leyes sobre el acceso a las armas de guerra que protagonizan las sangrías. Por eso, después de cada masacre, la sociedad, la política y la prensa se sumergen en debates sobre la legislación que pone fusiles de asalto al alcance de lunáticos que, por sufrir traumas, por consumir drogas o teorías conspirativas, o por racismo, xenofobia o lo que sea, entran en trance exterminador y disparan contra multitudes inermes.
Los estériles debates repiten sus frustrantes desarrollos. Cuando los cuerpos acribillados se enfrían en sus tumbas, el debate se disipa en el aire, como el humo de los disparos. El dolor, el espanto y la lógica jamás pueden torcerle el brazo a los lobbies de las armas. Primero, la razón grita contra la demencial accesibilidad a los fusiles de asalto y la señala como causa principal. Luego empiezan a escucharse propuestas delirantes, como armar a los maestros para que defiendan a balazos a sus alumnos contra atacantes en la escuela. A continuación, el debate sobre la Segunda Enmienda de la Constitución, establecida en el siglo XVIII.
Una y otra vez, la historia se repite. Corren ríos de sangre, pero el poder económico de los lobbies sostiene el muro de congresistas conservadores dispuestos a mantener las cosas como están, al precio de más masacres.
Las víctimas del último tiroteo fueron niños. Una diferencia significativa con las anteriores.
¿Podrá el horror por esas muertes doblegar la actividad criminal de los grupos de presión que defienden un statu quo injustificable?
