En la edición del domingo 14 de marzo, en este mismo espacio, advertíamos sobre la posibilidad de que la demora en el nombramiento de un nuevo ministro de Justicia de la Nación obedeciera al ajuste de una estrategia del espacio gobernante en el país basada en la confrontación por el control de la justicia.
Es en ese poder donde se mantienen en actividad, en forma estoica, jueces y fiscales capaces de sostener las causas por corrupción que tienen en la mira a la actual vicepresidenta y a gran parte de sus ex colaboradores cuando la doctora Kirchner estuvo en ejercicio de la Presidencia.
La designación del diputado Martín Soria como titular de Justicia confirmó la decisión oficial de presionar al Poder Judicial para intentar torcer el rumbo en las causas ya citadas.
Es probable que la elección de Soria haya sido decidida por el presidente Alberto Fernández, pero siempre como parte de un menú de postulantes también afectos al combate entre poderes que, se supone, será cada vez más fuerte.
Queda en claro, por otra parte, que la ex ministra Marcela Losardo de ninguna manera podía seguir intentando ejercer libremente su cargo. Su estilo de ver y ejercer la política no tenía mucha comunión con la intolerancia de los sectores más radicalizados del oficialismo.
El nuevo ministro no tardó en hacer conocer su pensamiento, en armonía con la de los funcionarios de segundas y terceras líneas de Justicia que hicieron imposible la convivencia con la renunciante Losardo.
No sólo pidió públicamente “terminar con el lawfare”, una parte del guionado relato cristinista para defenderse de la Justicia, sino que insinuó que los mismos jueces que la juzgaron o la investigan en las distintas causas que la involucran sean los que de ahora en más lleven esos casos hacia la declaración de inocencia.
Martín Soria ganó muchos puntos internamente en el kirchnerismo para llegar al cargo que ahora ocupará. Es el responsable de involucrar a periodistas y jueces, en tiempos de la presidencia de Macri, en el argumentado complot político, judicial y mediático destinado a enjuiciar en múltiples causas a Cristina Fernández de Kirchner.
Así abonó la teoría kirchnerista de la supuesta “mesa judicial” macrista formada con dichos fines. No se puede dañar la imagen y trayectoria de periodistas y jueces con un inventado complot por el solo hecho de visitar la Casa de Gobierno.
Por otra parte, todo lleva a pensar que, sobrepasando la figura presidencial, la estrategia de confrontación con el Poder Judicial para torcer el rumbo de los casos de corrupción denunciados y hasta sentenciadas es de autoría de los sectores del Frente de Todos afines a la Vicepresidenta.
Los argentinos nos encontramos ante una anomalía institucional de gravedad, capaz de llegar no sólo a deteriorar gravemente la relación del Ejecutivo y el Legislativo con la justicia, sino, por añadidura, crear un escenario caótico en cuanto a la división de poderes en la Argentina.
Independientemente de lo que llegue a suceder en el futuro con la situación procesal de Cristina Kirchner y demás figuras del kirchnerismo, la deplorable estrategia de presión sobre jueces y fiscales que puede llegar a ejercer la nueva conducción del Ministerio de Justicia dejará un pésimo antecedente para futuras generaciones políticas, muy lejos de los esenciales preceptos republicanos que nos deberían guiar siempre.
