De modo repentino, el doctor Eugenio Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema de la Nación, hizo público un pedido de indulto al ex vicepresidente Amado Boudou. El reclamo fue hecho al presidente, Alberto Fernández, con el argumento de que, sin la aplicación de esa medida, la del indulto, “continuará habiendo presos políticos” en nuestro país.
Con su pronunciamiento, el veterano jurista, políticamente alineado con el kirchnerismo, se sumó al insistente argumento del oficialismo de que tanto la Vicepresidenta como gran parte de sus ex colaboradores y seguidores fueron objeto de una persecución judicial ordenada por el ex presidente Macri, sin reparar, vale recordarlo, que muchas de las causas comenzaron durante los mandatos constitucionales de la señora de Kirchner.
Todo el oficialismo, incluyendo al Presidente, fue muy crítico con la Corte Suprema, que ratificó unánimemente el fallo condenatorio del ex ministro y vicepresidente kirchnerista en la causa por el intento de apropiación de Ciccone Calcográfica. Esto generó la dura reacción de la dirigencia oficialista, a la que se sumó ahora el controvertido Zaffaroni. Y no debe dejarse de lado la posibilidad de que avance en Diputados la reforma judicial que aprobó el Senado, sobre la cual es recomendable “echar mano” a la justicia, según la apreciación del por momentos imprevisible presidente Fernández.
Por otra parte, si bien el titular del Ejecutivo pareció cerrarle la puerta a la posibilidad de indulto planteada a favor de Boudou, sí admitió que se puede hablar de amnistías como atribución del Congreso. Y allí sí cabe la posibilidad de expedirse a favor de quienes aún no fueron a juicio o resultaron condenados, sino de los que están procesados y esperando el juicio, como Cristina de Kirchner y otros.
La figura del indulto, aplicada en distintas oportunidades en estas casi cuatro décadas de democracia, mayormente generó más divergencias que consentimiento. El saldo es de más dudas que adhesiones. En tal sentido, es de recordar la decisión del presidente Menem, que benefició a genocidas y golpistas, o el del presidente provisional Duhalde, que fue contemplativo con el desenlace de la situación del golpista Seineldín y el guerrillero Gorriarán Merlo. Ahora el pedido que se hace desde el seno de la corriente política en el poder es a favor de los responsables de claros latrocinios.
Ya en campaña, Alberto Fernández negó una y otra vez que en ejercicio de la Presidencia accediera a la figura del indulto, por considerarla una “rémora de las monarquías”. Y lo reiteró recientemente ante estos nuevos planteos. Pero también al sostener púbicamente en estos días que es el Congreso el que tiene la atribución de otorgar no indultos sino amnistías, queda una duda muy grande que se deberá dilucidar rápidamente: ¿buscó cerrar de una vez la discusión que plantean en el interior de su espacio gobernante o deslindó la responsabilidad y trasladó el juego a sus legisladores para que busquen favorecer a todos los implicados en casos de corrupción, empezando por la misma Vicepresidenta?
Lamentablemente, las reiteradas posturas de los principales referentes del kirchnerismo sobre el rol de la justicia son antecedentes que obligan a mantener un estado de alerta sobre la calidad institucional que tanto cuesta mantener en la Argentina.
