Probablemente, Rodolfo Suárez haya regresado de sus vacaciones pensando que los efectos de un mes de enero bastante atípico en sucesos políticos, fundamentalmente por la tensión nacional, lo devolvería a un trajín especial al reasumir. Hubo dos o tres acontecimientos que lo obligaron a involucrarse desde la lejanía del remanso veraniego.
Tener que decidir de urgencia, y a la distancia, qué hacer con el jefe de la Policía luego del ahora llamado escándalo del Aconcagua seguramente significó para el Gobernador desprenderse, sin haberlo previsto, de un colaborador confiable, independientemente de algunos cuestionamientos que tuvo en sus seis años en el cargo.
Es un asunto que le permite a la oposición, en especial al Frente de Todos, insistir con sus planteos contra la política de seguridad en general. Lo del comisario Munives se suma a los reclamos por los gravísimos errores que se suceden periódicamente con los operadores del 911, que hace poco dieron lugar a otra trágica situación con turistas venezolanos en un hotel céntrico.
No hay cercanía en materia de seguridad entre el oficialismo y el Frente de Todos. Probablemente con las cámaras legislativas activas (enero es el mes de receso) la tirantez hubiese sido mayor.
Pero el mayor disgusto para Suárez seguramente fue enterarse durante los días de descanso del nuevo capítulo en la discordia por Portezuelo del Viento, generado a partir de la interpretación del ministro del Interior sobre el pedido de laudo presidencial realizado por Suárez en junio de 2020.
El acta de aquella reunión, en la que el Gobernador sufrió un esperado revés ante todas las demás provincias vinculadas a la cuenca del rio Colorado, era suficientemente explícita para que se diera por pedida la definición del presidente de la Nación. Y el reclamo de pronto despacho que hizo el propio Suárez antes a fines de diciembre fue en esa línea: no para enmendar un error anterior, sino para reclamar que en algún momento el jefe del Ejecutivo nacional se expidiera.
Se mantiene, obviamente, la postura a favor de la realización de la represa por parte del Gobernador y su equipo, dejando por el momento en suspenso un plan de obras hídricas alternativo con los recursos que llegan periódicamente desde la Nación en cumplimiento de lo acordado durante la presidencia de Macri. Justamente, el viernes llegó otro pago programado y Suárez lo destacó con satisfacción. “Y después dicen que el gobierno nacional discrimina…”, rezongan desde la oposición. Son cuestiones diferentes: el cumplimiento de un convenio no puede tener la misma jerarquía que el manejo discrecional que se puede hacer con los recuros coparticipables, etc.
El veredicto que debe dar Alberto Fernández probablemente se demore medio año más, como mínimo, pero los recursos siguen llegando y con ellos, esa alternativa del llamado Plan B. Se le atribuye a Alfredo Cornejo haber dicho hace bastante tiempo que con los dólares del resarcimiento nacional por los efectos de la promoción industrial no se aseguraba que se pudiese llegar a destrabar el conflicto jurisdiccional y político por Portezuelo, pero sí destinar esos fondos a otras numerosas obras que la provincia está necesitando.
Como ya se ha señalado, la polémica por la realización o no de la obra en Malargüe está, también, muy instalada dentro del radicalismo. Julio Cobos es uno de los que más insiste con la necesidad de realizar el emprendimiento y con él varios dirigentes y funcionarios con trayectoria en la UCR provincial, además del intendente lasherino Orozco. Una manera de reunir, por qué no, a un grupo de dirigentes con trayectoria en la UCR que pretendan tener opinión más allá de lo que resuelvan Suárez y Cornejo.
Sea cual fuere el destino final de los 1.023 millones de dólares asignados en principio al gran dique malargüino, la decisión sobre quién será el nuevo titular de Irrigación no constituirá un tema menor en virtud del rol que tendrá dicho organismo en la distribución de esos recursos que llegan si, finalmente, se lleva a cabo ese Plan B con numerosas obras.
La grieta de la deuda
Con respecto al tema más trascendente de las últimas horas, el acuerdo con el FMI, Suárez no dudó en expresar su satisfacción por el anuncio que hicieron el presidente Fernández y su ministro Guzmán. Siempre es importante honrar los acuerdos y evitar caer en default, dijo el Gobernador. Una respuesta que, más allá de lógica y formal, representa un alivio para la Provincia, porque de ahora en más se inicia un camino probablemente más favorable para la renegociación de las deudas.
Como señaló el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, la limitación que le puso, una vez más, la oposición justicialista al gobierno de Suárez para la toma de nueva deuda o la prórroga y refinanciación de la actual (roll over) limita al Estado provincial a tener que refinanciar solamente compromisos contraídos con instituciones de la Nación y se queda a la espera de que haya una buena recepción de los acreedores al entendimiento de la Argentina con el FMI.
Por otro lado, debe tenerse en cuenta que, en su condición de gobernador, Suárez integra la mesa de conducción nacional de Juntos por el Cambio y por ello su punto de vista sobre el primer resultado de la negociación por la deuda de la Argentina siempre es pertinente. Aunque con cautela, la coalición emitió un comunicado expresando su buena recepción al anuncio efectuado el viernes.
¿Habrá que esperar de la política mendocina una nueva discusión fuerte por la deuda de la Provincia? Probablemente, en especial si en el orden nacional las aparentes intenciones de acercamiento a partir del acuerdo logrado con el FMI se transforman en nuevas embestidas dialécticas y acusaciones cruzadas.
El kirchnerismo probablemente deba atenuar sus embestidas contra la gestión de Macri si pretende un clima de distensión con Juntos por el Cambio, fundamentalmente cuando le toque al Congreso evaluar lo pautado con el organismo internacional de crédito. De la derecha libertaria y de la izquierda no se pueden esperar gestos de adhesión, mientras que un sector del peronismo, como el cordobés que responde al gobernador Schiaretti, ha prometido abstenerse a la hora de votar.
A nivel nacional el oficialismo puso al macrismo a la altura de una peste comparable con el coronavirus. Aquí, el justicialismo no llegó a tanto con el radicalismo y Cambia Mendoza en general, pero siempre pretendió ser condenatorio del endeudamiento generado durante la gestión de Cornejo, emparentado políticamente con el ex presidente cuando coincidieron sus respectivos mandatos.
De todos modos, la oposición K provincial nunca logró que se plantease alguna diferencia entre Suárez y su antecesor por la deuda. Obviamente, la continuidad de Lisandro Nieri al frente de Hacienda marcaba desde la asunción del actual mandatario una misma línea directriz en materia financiera.
Pero las diferencias se mantienen en todo nivel dirigencial. El día del acuerdo con el FMI, ante una apreciación pública de Cornejo sobre la necesidad de “rolear” las deudas, apareció, entre otras, una furiosa réplica del ahora funcionario nacional Guillermo Carmona también referida al manejo de las cuentas públicas que aquel tuvo como gobernador.
Más allá de todas las situaciones y especulaciones enumeradas, Suárez y el oficialismo provincial se siguen respaldando en el empuje que significó el contundente triunfo electoral de noviembre. En cuanto a la oposición, tiene varias voces críticas y contestatarias, pero por el momento no parece encontrar la forma para reestructurarse y encaminarse a ser una opción válida.
