No hay tregua a la vista en la guerra política declarada por la iniciativa del Gobierno para reformar el funcionamiento de la Suprema Corte. Sólo voces a favor y en contra que desfilan por la Legislatura y le dan un marco institucional adecuado.
No es de despreciar que en una misma cita hayan expuesto sus puntos de vista sobre la propuesta reconocidos ex integrantes del máximo tribunal y un ex gobernador.
Y que, a su turno, lo hagan los jueces que tendrán que adecuarse a los cambios si la reforma impulsada por el Gobierno finalmente prospera.
Más allá de enojos en el oficialismo, fue atinada la doctora Aída Kemelmajer cuando apuntó directamente al eje del debate: la supuesta inclinación política de cada uno de los miembros de la Corte.
“Todos los jueces que llegamos a la Corte tenemos nuestras ideas políticas. Pero tenerlas no significa defender ideas partidarias”, dijo con contundencia.
Se afirma frecuentemente que muchas instancias que llegan a definición por parte del órgano supremo del Poder Judicial por lo general tienen un lado político marcado.
Es algo que muchas veces complemente el necesario conocimiento acabado de la ley.
Por otro lado, la ex magistrada ve inconveniente la reforma propuesta en cuanto a la celeridad de los temas que debe resolver la Corte.
Básicamente, la eliminación de la organización actual en salas de tres miembros cada una debería dar paso a un sorteo ante cada causa que ingrese en el alto tribunal, de modo de elegir por ese medio los tres jueces que intevendrán.
Seguramente no cayó para nada bien que reflexionara que “cuando un gobernador envía un juez a la Corte debe preguntarse qué necesita la Corte y no el gobierno de turno”.
Una fuerte crítica, sin ninguna duda, pero que le puede caber tanto a la actual gestión como también a anteriores, incluyendo las de otro signo partidario.
Desde la vereda oficialista, la voz más fuerte escuchada en la semana apuntalando la propuesta fue nada menos que la del Gobernador.
Fundamentalmente, Suárez salió a responder las críticas recibidas desde la mesa de la comisión legislativa que analiza el proyecto.
Dijo haber hablado previamente con todos los integrantes de la Corte con respecto a la excesiva cantidad de causas que recaen en la Sala 2 y que el mecanismo que pretende dejar de lado, y que defiende el justicialismo, no existe en otros lugares. Y, por supuesto, desterró la teoría del 4 a 3 en votaciones plenarias por supuesta influencia partidaria.
En el PJ expresan, sólo formalmente, la esperanza de que el oficialismo acerque una propuesta de reforma del proyecto en discusión, pero advierten que hasta el momento no ha habido señales de querer hacerlo.
Pero también hay voces que advierten que una de las premisas del Gobierno pasa por anticiparse al debate de los recursos del Poder Judicial cuando toque discutir el Presupuesto 2023.
Seguramente, si hay cambios será porque el Gobierno pretende escuchar más las ideas lanzadas por las personas consultadas que hacerse eco de lo que surja de la oposición.
Sin embargo, aparece en escena un dato importante: la votación en la comisión de la Cámara de Diputados que está considerando el tema, Legislación y Asuntos Constitucionales.
La componen 13 legisladores, de los cuales 8 son de Cambia Mendoza. Por la oposición hay 4 diputados del PJ y la única representante demócrata, Mercedes Llano.
Hasta ahora en las discusiones del bloque oficialista no todas las posturas serían verticalistas, es decir, por la aprobación sin reparos del proyecto.
Las voces no radicales (Cairo, de Pro, y Difonso, de Unión por Mendoza) sugirieron abrir más el análisis interno del proyecto para que éste sea realmente del oficialismo en su conjunto y no sólo del radicalismo. No ven bien una votación a libro cerrado.
Se debe tener en cuenta que por el lado de Pro su principal referente local, Omar De Marchi, advirtió recientemente que no tiene sentido pretender “que de una semana a otra” se apruebe o no “un procedimiento que tiene décadas”.
Y llamó a contener la ansiedad, “porque si no, caemos en lo que criticamos del kirchnerismo”.
Aclaró que su partido no está en desacuerdo con la propuesta, pero llamó a abrir el debate y escuchar las disidencias.
Si las diferencias subsisten y debe definir la votación en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales el radicalismo necesitará por lo menos un voto de sus aliados (Cairo o Difonso) para lograr despacho favorable camino al pleno de la cámara.
Posturas distantes
Momentáneamente es difícil imaginar algún tipo de acercamiento entre el oficialismo local y el kirchnerismo. Mucho menos si subsiste la tirantez a nivel nacional.
Y con más razón ante la repercusión que tuvo ayer la denuncia penal contra Suárez, encabezada por la diputada nacional Marisa Uceda, por no haber acatado el Ejecutivo local el feriado nacional dispuesto para el viernes 2 de este mes por la Nación a raíz del ataque a Cristina Kirchner.
Más allá de la sorpresa y el mal humor, en el gobierno local advierten que se trató de una nueva jugada de hostigamiento desde el kirchnerismo a un gobierno provincial opositor aprovechando, además, la turbulencia actual por el debate por la Corte y tantas otras diferencias existentes.
El pedido de información desde el Juzgado Federal número 3 de Mendoza llegó al despacho del ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, que deberá remitir a la brevedad detalles de cómo se desarrollaron las actividades ese día en esta provincia y las razones por las que no hubo adhesión al decreto de necesidad y urgencia que firmó Alberto Fernández.
Cabe recordar que en aquella oportunidad el propio gobernador explicó en varios medios locales que la decisión de no adherir había sido consensuada con sus colaboradores avanzada la madrugada del viernes 2 y no habiéndose publicado todavía el decreto presidencial en el Boletín Oficial.
El sitio oficial del gobierno de Mendoza indicaba en aquella oportunidad que la medida nacional generaba “incertidumbre” por “la hora y la forma” de informarla por parte del propio titular del Ejecutivo nacional.
Tras repudiar “el hecho gravísimo” que significó el intento de ataque a la Vicepresidenta, redondeaba la idea el gobierno local señalando que trabajar con normalidad “es la mejor forma de repudio a cualquier expresión de violencia y adhesión a la paz social”.
En esa oportunidad tampoco adhirió al feriado nacional el gobernador radical de Jujuy, Gerardo Morales.
¿También será denunciado por las huestes K de su provincia por no haber acatado la medida?
¿O habrá trato diferencial y preferencial?
La novedad se da en un momento de crisis generalizada por la durísima situación económica en el país y en un contexto preelectoral que se anticipa y que pone al Frente de Todos en una situación hasta ahora muy complicada.
Ese cuadro se multiplica en Mendoza, donde las perspectivas para el PJ, ya se sabe, son muy complicadas.
