Hacia Portezuelo con un escenario adverso

Alberto Fernández y Santiago Cafiero terminaron de convencer a las autoridades del gobierno mendocino de que las conclusiones de la reunión de gobernadores del próximo viernes no serán muy favorables para los anhelos inmediatos sobre Portezuelo del Viento.

El Presidente, en declaraciones que hizo el viernes, reiteró que su intención es que la obra de Malargüe se haga con el acuerdo de todas las provincias que integran el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco).

Y el jefe de Gabinete de la Nación, en su informe ante el Senado, expresó que el estudio regional de impacto ambiental de la represa aún está a consideración de la autoridad de cuenca, razón por la cual se avaló desde el Gobierno el pedido pampeano para que se desarchivara la solicitud de una nueva revisión.

De todos modos, Cafiero debió salir al cruce de las lógicas especulaciones que realiza parte de la dirigencia política mendocina, al señalar que “no se trata ni de privilegios ni castigos, sino de la búsqueda de consenso para que una obra que involucra a 5 provincias se haga en forma adecuada”.

Están los que no descartan que hubo alguna intencionalidad política: favorecer el reclamo de La Pampa por pertenencia partidaria y “pasar factura” a Mendoza por el acuerdo entre Cornejo y Macri para dar vía libre a la construcción de la represa Después de todo, ese mismo día Cafiero dijo que la “pandemia” en el país comenzó con el gobierno de Macri; entonces por qué no responsabilizar de esa expansión del imaginado “virus” político también al ex gobernador y actual diputado nacional.

El contexto también juega a favor de los pampeanos: el gobierno nacional y la poderosa provincia de Buenos Aires, que es parte de la cuenca del Colorado, ahora son conducidas por el kirchnerismo.

En el gobierno local dedican el mayor tiempo posible a la estrategia que presentará Suárez el viernes. Hay reservas, como es lógico, aunque ya se supo que una de las acciones que lanzará Mendoza, si el encuentro resultase adverso, es una demanda por las regalías compartidas con La Pampa por las centrales de El Nihuil (Los Andes, edición del viernes).

Aseguran en el oficialismo que, más allá de su estilo conciliador, el Gobernador está dispuesto “a dar pelea” ante el disgusto de tener que salir a defender un proyecto que está listo para su licitación.

Sobre la actitud de La Pampa no se sorprenden, porque este tipo de reclamos por todo lo que tenga que ver con el uso del agua es histórico por parte de esa provincia. En cambio, admiten que lo dicho por el Presidente el viernes “no es para nada alentador”.

“Pelearla es el mensaje. El hecho de que Suárez apueste al diálogo no significa que ante una injusticia no muestre resistencia, en este caso fundada en el total convencimiento de que todo está hecho como corresponde. Los papeles están”, destacó un cercano colaborador de Suárez aludiendo al argumento del justicialismo de que el acuerdo Macri-Cornejo estuvo “flojo de papeles”.

Además, calculan en el Ejecutivo mendocino que la nueva discusión, como va a ser planteada, no se puede agotar en una sola reunión. Con más razón teniendo en cuenta que el encuentro posiblemente no sea presencial, sino virtual, en razón de las limitaciones que impone la pandemia.

Dentro del espacio oficialista Cambia Mendoza, los demócratas progresistas (ex integrantes del PD que formaron parte del gobierno de Cornejo) promueven, a través de la diputada Josefina Canale, un proyecto legislativo instando al Ejecutivo a reclamar a la Fiscalía de Estado la preparación de la demanda de ejecución del convenio por el cual la Nación acordó con Mendoza los desembolsos por Portezuelo del Viento. Hasta ahora el nuevo gobierno nacional pagó sus cuotas, iniciadas por la administración de Cambiemos, pero la inestable situación económica hace pensar en la posibilidad de que esa sucesión se interrumpa.

En línea con el pensamiento de constitucionalistas mendocinos, sostienen que Mendoza debe exigir el cumplimiento de la totalidad del convenio, que consiste en el dinero que la Provincia debe recibir por el resarcimiento por la promoción industrial, además de defender como inapelable el laudo presidencial reciente que avaló el emprendimiento.

Este sector de demócratas también estima que si Mendoza sale vulnerada en cuanto a sus derechos (concretamente los recursos) se debería promover una acción contra la Presidencia de la Nación por “irresponsabilidad” en el ejercicio de la función pública.

Por el lado del oficialismo, el apoyo a la acción de Suárez por Portezuelo del Viento se completa con los demás sectores que forman parte de la coalición, que sumados a los partidos de la oposición representan un bloque institucional y político fuerte.

El PJ se sumò sin dudar al respaldo al Gobernador. Salvo excepciones, prácticamente ningún referente salió a relativizar la importancia de la obra en el sur provincial. No obstante, no faltan quienes consideran que para nada contribuye en este tema la pretendida cercanía de la Nación con el gobierno de Suárez la postura fuertemente opositora que demuestra casi a diario Alfredo Cornejo con la gestión de Fernández. El alejamiento de Suárez de su antecesor es un gran anhelo de buena parte del peronismo, pero, como ya se ha dicho, es una posibilidad muy remota. Este argumento se asemeja a la crítica al endeudamiento provincial que dejó Cornejo, que derivó en la falta de apoyo a todo tipo de toma de deuda en dólares solicitada por el nuevo gobierno local.

En esa crítica a la administración cornejista se enmarca, también, el reclamo por la coparticipación de impuestos justo en momentos en los que la Provincia comienza a tener serios problemas para pagar sueldos y aguinaldos, entre otras obligaciones. Desde la Nación avisan que todavía transcurre la mitad del año, por lo que las demás entregas se harán en los próximos meses, siempre en un contexto generalizado de caída de la recaudación tributaria. Pero las protestas de los sectores estatales en la provincia comienzan a generar inquietud. La sensación de insolvencia provincial puede haberse potenciado, con toda lógica, a raíz de la parálisis económica por el coronavirus, pero es algo que los radicales habían olvidado en los últimos años y ahora comienza a molestar.

Lo que sí se advierte en el Gobierno es un manejo no del todo claro del programa que la Nación creó para asistir a las provincias a raíz de la crisis por la pandemia. Se sospecha de algún tipo de prioridad o favoritismo por cercanía política. No hay intención de acusar desde el ámbito gubernamental porque a nivel institucional se debe mantener la relación con el Ejecutivo nacional, que ha sido muy correcta en todo lo relacionado con el manejo de la emergencia sanitaria. Pero sí hay otras voces que se alzan, como la del diputado nacional De Marchi, que se animó a pensar en una suerte de “extorsión política” por el retraso del envío de fondos a Mendoza. Esa posibilidad fue negada desde el justicialismo, que insiste con el argumento de que los recursos no son los óptimos y el reparto se hace según prioridades y necesidades.

Como se ve, el Gobernador rematará la próxima semana con una reunión crucial, cuyo resultado quedará marcado en su gestión. Los dichos de las principales figuras del gobierno nacional hacen pensar que aquella suerte de zancadilla política que Suárez esperaba no recibir el viernes 26 ya fue lanzada desde las huestes del oficialismo nacional.