A los pocos días de las elecciones presidenciales, llegaron los reclamos de los gobernadores por la falta de fondos para pagar el aguinaldo y los sueldos de diciembre de las administraciones provinciales ante la baja de la recaudación fiscal nacional y por ende de la masa coparticipable.
La baja en la recaudación ha sido provocada por el voto de los legisladores nacionales que responden a esos gobernadores al beneficiar a los que tienen los ingresos más altos en la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, que debería denominarse a los ingresos, y se paga en todos los países serios y desarrollados del mundo. Fue una medida del “plan platita”, de repartir dinero sin recursos genuinos, en la campaña oficialista más desvergonzadamente cara de nuestra historia a costa de acelerar la inflación que corroe los ingresos de todos y en particular, de los que menos tienen.
Los que provocaron la baja de ingresos ahora reclaman al tesoro nacional, como siempre no se hacen cargo. Este es uno de los resultados perniciosos de las deformaciones que se hicieron a la coparticipación federal desde los cincuenta y agravadas en 1988, que al financiar en algunas provincias el 95% del presupuesto provoca empleo público innecesario, obras de baja rentabilidad social, corrupción, estructuras clientelares, desinterés en la inversión privada y en mejorar la eficiencia de los servicios estatales, entre ellos el de recaudar más recursos provinciales.
Tampoco nadie se hace cargo del colapso del sistema previsional, otra de las barrabasadas del señor Massa, que promovió la incorporación al sistema de tres millones de personas sin aportes, dos tercios de ellos con recursos considerables y que no necesitan la jubilación para cubrir sus gastos.
El presidente saliente ante las cifras de pobreza e indigencia que deja el ciclo de estanflación que soportamos desde 2011, ya agravado por la ineficacia de su gobierno, en vez de hacerse cargo dice que la pobreza está mal medida. No se hace cargo de su responsabilidad en el empobrecimiento de los argentinos, como no se hacen cargo los gerentes del pobrismo que pueblan la burocracia sindical y la burocracia piquetera y ya amenazan la estabilidad del gobierno electo hace pocas semanas.
La frase del presidente electo Milei afirmando que nos esperan dos años de estanflación, en vez de decir dos años más, provocó otro de los espectáculos patéticos de la vicepresidente saliente haciendo de maestra ciruela a dos legisladoras que les agrada hacer gala de servilismo. Se hace preguntar qué es la estanflación y contesta (mientras camina acelerando el paso y obligando a sus servidoras a apurarlo) que eso es lo que viene y la catástrofe social que implica, sin hacerse carg que esta catástrofe es la que generaron sus gobiernos y potenció el que auspició hace cuatro años.
No se hace cargo el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicilloff, que pagó 11 mil millones de dólares a valor presente por el 51 % de las acciones de YPF cuando el 100% de la compañía vale menos de esa cifra, ni se hace cargo que por no respetar las normas que rigen a esa empresa hemos perdido un juicio que nos costará a los argentinos 16 mil millones de dólares.
Hay que reconocer que existe un grupo de legisladores oficialistas que sí se hacen cargo. Sin rubor muestran su alma de genuflexos al votar el juicio político a la Corte Suprema de Justicia. De genuflexos porque lo hacen con la complicidad de los que siguen al Sr Massa, para avalar los caprichos de Cristina Fernández en su búsqueda desesperada de impunidad para sus tropelías. Pero es más grave aún que estos legisladores respalden las creencias de Cristina Fernández (y que siguen los gobernadores patrimonialistas que pululan en varias provincias, es especial en el norte) que el poder judicial deben subordinarse a los dictados del poder ejecutivo o del legislativo, en vez de ser el garante de los derechos y libertades de los ciudadanos frente a los atropellos del poder. Con entusiasmo quieren entrar en el cuadro de la historia de la infamia.
Siempre es bueno rescatar la lección que dio el líder de la mayoría demócrata en el Senado de los Estados Unidos en 1936 ante la pretensión del presidente Roosevelt de ampliar la Corte Suprema. El bloque de senadores contaba con 69 senadores y la minoría republicana 27. Con la ampliación del Tribunal el presidente buscaba evitar los fallos contrarios a algunos de sus proyectos legislativos. Pero Roosevelt se encontró con la negativa firme del jefe del bloque oficialista quien le dijo. “no está en juego la administración, si le damos el poder de contar con una corte de adictos, peligra mi libertad”.
Son muchas taras del pasado que debemos afrontar, resolver y superar cuidando que ese pasado y sus rémoras nos alejen de pensar el futuro porque la política más que ocuparse del pasado, tarea de investigadores y historiadores, debe afrontar el desafió de construir un futuro mejor para todos.
* El autor es miembro de número de la Academia Argentina de la Historia y del Instituto Argentino de Historia Militar.
