Como si hubiera poca confusión en nuestro país, tenemos el problema que algunos de nuestros candidatos a la presidencia se ocupan de elevar el nivel de incertidumbre a niveles nunca alcanzados con anterioridad. Por ejemplo, en una parte de una reciente disertación, Javier Milei dijo que el precio agua en un río es “cero”, que un industrial lo puede contaminar cuanto quiera, y también habló de privatizar al recurso hídrico.
Considero que semejantes horrores requieren retomar estos temas a partir de los paradigmas económicos y legales básicos universalmente aceptados y vigentes en todas las normativas referidas al agua y el ambiente hoy existentes.
Conviene, en primer lugar, aclarar que los bienes pueden tener naturaleza muy distinta: hay bienes privados y bienes públicos. Los bienes privados son aquellos que satisfacen necesidades del consumidor, y que tienen la característica de que pueden ser utilizados única y exclusivamente por quien los adquiere o los posee. Ejemplos son el pan, una lapicera, un automotor, etc. Los bienes privados tienen a aquellos que los producen y los ofrece para su venta (oferta), y hay quienes los compran para su consumo (demanda) y este es el clásico mercado. El que no paga, no consume y queda fuera del mercado. Oferta y demanda determinan el precio.
Un bien público es totalmente lo opuesto. Los bienes naturales son bienes públicos. Un paisaje, la montaña, caídas de agua, lagos, glaciares, ríos, constituyen bienes que produce la naturaleza y que satisfacen necesidades humanas básicas, y por lo tanto tienen valor. Ahora bien, para estos bienes, no existe competencia entre oferentes porque quien los produce es Madre Natura, por lo tanto, no hay mercado. Se admite que el mercado fracasa totalmente en la gestión de los bienes públicos. Los bienes públicos son de todos y no son de nadie. La administración de estos recursos debe realizarse a través de la acción común, que siempre termina siendo el Estado.
Existen bienes que, si bien pueden ser producidos por el sector privado, se reconoce que de esa manera se proveerían en cantidades insuficientes para lograr lo socialmente deseado, como son el caso de la Educación y la Salud. Por ello se requiere que el Estado complemente la provisión de estos servicios.
El tema de la contaminación ambiental (de aguas, suelos, aire, radiación, ruido, etc.) es lo opuesto a los bienes públicos. Es un mal público. El problema es que a quienes producen contaminación, que indefectiblemente afecta a terceros, produciéndoles costos o daños de distinta naturaleza, les resulta caro eliminarla o reducirla. A este impacto económico negativo se lo denomina externalidad. Este nombre deviene de que es un fenómeno externo al mercado, puesto que tal mercado no puede existir por su carácter de público. La función del Estado en el manejo de la contaminación constituye una obligación indiscutible e indelegable.
Finalmente, un párrafo referente al tema de la privatización del agua. Estamos viendo como Chile está esforzándose en revertir el sistema de gestión privada del agua, que fue establecido por el gobierno de Pinochet conforme a lo establecido en el Consenso de Washington, muy ajustado a lo recomendado por la recordada Escuela de Chicago. Huelga decir que el sistema ha fracasado, y que es el único país que puso la gestión del agua en manos del mercado.
* El autor es Ex-Director del INA-CELA. Miembro Eco Hábitat Mendoza.
