Hubo alguna tensión política, pero Dalmiro Garay fue reelecto como presidente de la Suprema Corte de Justicia y esta vez con el visto bueno unánime de los miembros del máximo tribunal. Mérito para Garay, sin duda, si tenemos en cuenta que hace más de un año la relación entre las alas radical y peronista del máximo tribunal era muy tirante.
Claro, entre otros asuntos había contribuido a la generación de ese clima la polémica designación de María Teresa Day en remplazo de Jorge Nanclares. Pero el tiempo cura heridas, de eso no hay dudas. La vez anterior el cuarteto filo radical impuso su mayoría para designar al presidente, pero votando solo. Ahora hubo unanimidad, lo que demuestra que los mayoritarios reconocieron que hay un sector en minoría a tener en cuenta. El buen gesto también provino, obviamente, de los 3 que, desde la minoría, ahora dijeron presente y que en anterior oportunidad habían faltado.
Antes de ser titular de la Suprema Corte, la llegada de Garay al tribunal supremo (en 2018), en lugar del renunciante Alejandro Pérez Hualde, fue tomada como un claro reconocimiento del gobernador de entonces al ministro que mejor había interpretado e ideado desde el Ejecutivo las reformas judiciales que para la provincia pensó Alfredo Cornejo. Este lo consideró como una suerte de custodio de lo logrado políticamente. Ante la vacante generada, Garay pasó a ser una suerte de brazo político de las ideas renovadoras de Cornejo por él interpretadas y diseñadas desde su Ministerio de Gobierno.
Para el radicalismo gobernante, la presencia de Garay en la Corte debía garantizar que lo reformado tuviese la debida aplicación en el terreno judicial. Vale la pena insistir que, claramente, además de un premio por su interpretación reformista, su llegada a la Corte fue un mecanismo tendiente a asegurar que se pusiera en práctica lo que se pensó desde el Ejecutivo y se aprobó en el Legislativo.
Su posterior primera designación como presidente del máximo tribunal fue un mayor reconocimiento político. El oficialismo consideró que su labor previa como funcionario que ideó los cambios tuvo su correlato desde su lugar como ministro raso en el máximo tribunal. La actual administración de Rodolfo Suárez es continuadora de lo gestado en los años de Cornejo en el gobierno y, entonces, qué mejor que potenciar a Garay.
Por otra parte, lo expresado por el reelecto titular de la Corte en la entrevista que publica ayer Los Andes por lo menos permite pensar que ese cuerpo no seguirá funcionando al filo de convertirse en dos comités partidarios: uno radical (4 miembros) y uno peronista (3 miembros), según los antecedentes políticos de cada uno de sus integrantes y pese a la opinión del propio Garay, que en esa misma entrevista considera que es el periodismo el que les pone rótulo partidario a algunos jueces. Sin embargo, reconoce que el acuerdo gestado fue el que, de algún modo, permitió superar la llamada grieta. ¿Hay o no hay, por lo tanto, incidencia partidaria?
Y es inteligente de parte del presidente del cuerpo advertir que la idea de aumentar el número de integrantes del mismo se encuentre fuera de la agenda política, como señaló en la charla con este diario. La Corte mendocina es bien vista en general por la cantidad de integrantes con que cuenta y por su funcionamiento en salas. Y como bien observa Garay, a partir de lo que hay en funcionamiento sí se puede llegar a pensar en una mejora en cuanto a la distribución del trabajo. Es justo destacar, por otra parte, que hubo avances que se tramitaron en los últimos años por iniciativa de jueces que ya no están en funciones (Nanclares, Pérez Hualde, por citar ejemplos) que no supieron de grietas u otros obstáculos para poder materializarse.
Que los jueces supremos hayan limado asperezas (o en la mayoría de los casos verdaderas durezas) y hayan podido distribuir responsabilidades y fijar límites operativos de aquí en adelante es un gran paso no sólo para la figura de Dalmiro Garay, como conductor y principal responsable de lograr consensos; también para la Suprema Corte en su totalidad. Es la oportunidad que tienen los jueces de más alto rango de la provincia de consolidar un tribunal que funcione armónicamente y traslade esa sintonía hacia los demás espacios del Poder Judicial local.
