Cada vez más los gobernadores, sobre todo los de las provincias menos desarrolladas, levantan la voz contra el “centralismo porteño”. Es notorio, que, la mayor parte de ellos no se caracterizan ni por el uso adecuado de las palabras ni por sus conocimientos de la historia argentina.
Desde los inicios del debate sobre el sistema de gobierno a adoptar en las antiguas Provincias Unidas hubo en los autodenominados federales una confusión entre Confederación y Federalismo. Algunos decían que pretendían aplicar el sistema vigente en los Estados Unidos sin tener la menor idea sobre el mismo.
Nuestro país conoció un sistema confederal de hecho a raíz del colapso nacional de 1820, cuando además del gobierno central se derrumbaron las gobernaciones intendencias, que Dorrego en un discurso en el Congreso en 1826 propuso restablecer. Cada provincia actuó como un miniestado, con su milicia y sus aduanas. El gran beneficiario fue Buenos Aires que dejó de financiar con sus recursos al resto del territorio como lo había hecho cuando afrontó la mayor parte del costo de la guerra de la independencia. El que entendió el beneficio para Buenos Aires de ese colapso fue Juan Manuel de Rosas, por eso exigía el monopolio portuario para Buenos Aires.
Consciente de ese desconocimiento, Facundo Quiroga le ofreció al joven Alberdi pagarle una estadía en ese país para que lo estudiara, viaje que el asesinato de Facundo frustró.
Será con Sarmiento, que además del viaje leyó los debates de la Convención de Filadelfia y los libros de Alexander Hamilton, James Madison y John Jay, lecturas que también hizo José Benjamín Gorostiaga, el verdadero autor de la constitución de 1853, erróneamente atribuida a Alberdi.
El centralismo no es de Buenos Aires es del Estado nacional del que Buenos Aires es la capital, por voluntad de las provincias interiores que con la fuerza militar a un costo de seis mil muertos le impusieron a la provincia de Buenos Aires la entrega de la capital provincial a la Nación. De esa manera la provincia de Buenos Aires dejó de ser más importante que el Estado nacional. No se concebía un estado central fuerte sin establecer la Capital Federal en Buenos Aires. Así se completó el proceso iniciado con la nacionalización de la Aduana porteña, Ese centralismo es el que derivó fondos de Buenos Aires para el progreso de todo el territorio.
La Constitución argentina adquirió un carácter más federal cuando el estado de Buenos Aires se incorpora a la Confederación y participa de la reforma de 1860. Los convencionales porteños, promueven derogar el artículo de la constitución de 1853 que obligaba a las provincias a someter sus constituciones a consideración del Congreso Nacional. Las provincias de Mendoza y San Luis las debieron modificar porque el Congreso no aceptó el voto calificado, que, por influencias de Alberdi, habían incluido las dos provincias cuyanas. Fue derogada, además, la facultad del Congreso de someter a juicio político a los gobernadores. La reforma de 1860, suprimió el artículo aprobado en 1853, donde se establecía la capital en Buenos Aires. Quedó librado el lugar para establecer la capital al Congreso.
Los enfrentamientos de Unitarios y Federales ya eran un anacronismo en 1853. Así como Urquiza tuvo como vicepresidente al ministro de Hacienda de Rivadavia, el sanjuanino Salvador María del Carril, el primer presidente de la Argentina reunificada, Mitre, nombró ministro del interior al sanjuanino Rawson que había integrado la legislatura del gobernador Nazario Benavídez y canciller a Rufino de Elizalde, quien simpatizó con Rosas antes del Caseros.
El mayor ataque al federalismo por parte del gobierno nacional son las retenciones a las exportaciones. Ese impuesto, inexistente en casi todos los países, perjudica a los habitantes de las provincias, pues en sus territorios se producen la mayor parte de los bienes exportables. Retenciones más la liquidación de las mismas a una cotización que es la mitad del valor real, expolia a los que producen riqueza, afectando las inversiones y la creación de empleos en el sector privado.
Esta expoliación es posible porque, salvo contadas excepciones, los gobernadores y legisladores nacionales elegidos en las provincias, las avalan. Para asegurarlo toman la precaución de promover al Congreso candidatos cuya mayor virtud es ser “levanta manos”, es decir votar siguiendo órdenes, aunque ello implique, hacerlo contra los intereses de sus votantes. Esto explica la crisis de representatividad que soporta el sistema político.
Sus reivindicaciones pasan por más recursos fiscales para financiar obras de baja rentabilidad social, gastos improductivos, emprendimientos estatales ineficientes y deficitarios, clientelismo y financiados por las expoliaciones a los que emprenden y trabajan en las provincias productivas y que sólo sirven para montar un sistema patrimonialista del poder y asegurar su perdurabilidad en los clanes familiares en un claro retroceso a la etapa preconstitucional del país.
* El autor es miembro de número de la Academia Argentina de la Historia y de la Academia Nacional de Historia Militar.
