El mayor desafío de la Argentina de las últimas seis décadas, puede conducir a situaciones no deseadas que agravarán aún más el delicado cuadro social que ya golpea a millones de ciudadanos. Argentina cierra 2020 con uno de los peores desplomes de toda la región. Y la sensación generalizada de la población es que en las últimas semanas se ha producido un fuerte aumento de los precios en diferentes rubros, en especial, los vinculados con los alimentos.
La medición del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) había registrado una leve desaceleración en noviembre. El índice de precios al consumidor (IPC) registró un alza de 3,2%, algo menor que el 3,8% de octubre. En el año, el indicador acumula una suba de 30,9. En ese mes, los precios mayoristas se dispararon 4,2%, mientras que el costo de la construcción tuvo una fuerte alza por el crecimiento de la demanda privada y de la obra pública. El incremento alcanzó a 12,4%, de acuerdo al relevamiento del Indec. En el año, los materiales y la mano de obra de la construcción suben más de 20% en relación con los precios y bienes del IPC. Además de los pedidos por la reactivación del sector, esos valores incluyen una especulación ante la decisión de los ahorristas de volcar los pesos a la mejora de sus viviendas o a nuevas construcciones.
Lo más preocupante de este escenario, que podría mantenerse al menos en el primer trimestre de 2021, es la inexistencia de una clara decisión de la administración de Alberto Fernández de llevar adelante una política de control de la inflación. A la carencia de decisiones macro y microeconómicas que alivien la situación de los consumidores se agregan señales contrapuestas por parte de los integrantes del Gobierno nacional.
Las decisiones para combatir la suba incontrolable de los precios, que termina por agravar las condiciones socioeconómicas de millones de argentinos, van desde los lineamientos que sugiere el ministro de Economía, Martín Guzmán, al voluntarismo político.
Días atrás, el Presidente intervino en una reunión del gabinete económico, cuya principal decisión fue instruir a los intendentes del conurbano bonaerense para que estos actuaran como inspectores del cumplimiento de los esquemas de precios máximos y de precios cuidados en sus respectivos distritos.
Nada se informó de un aliento a una mayor competencia entre los grandes productores de materias primas y de bienes industrializados; de iniciativas para lograr una mayor producción y de políticas macro que contengan la emisión de pesos para financiar el déficit público.
El ministro Guzmán es optimista en cuanto a la visualización de “una senda de reducción constante de la inflación”, que irá acompañada de “la consolidación fiscal, que liberará al Banco Central de la presión para financiar” al Tesoro nacional. El correcto objetivo planteado por el titular de Economía tropieza con las múltiples promesas de los principales funcionarios del Gobierno, que convalidan gastos y emprendimientos ante los pedidos de sus interlocutores.
La eventual estrategia de “aguantar” esta situación hasta las elecciones legislativas, sin asumir el mayor desafío de la Argentina de las últimas seis décadas, puede conducir a situaciones no deseadas que agravarán aún más el delicado cuadro social que ya golpea a millones de ciudadanos.
