La economía argentina tuvo una fuerte caída en 2020. La recuperación insinuada en el último trimestre del año pasado se estancó en abril y mayo últimos, debido a las nuevas restricciones para bajar los contagios y a las medidas tomadas por el Gobierno nacional sobre exportaciones y control de precios.
Pese a este delicado cuadro, que acentúa la desocupación y la pobreza en amplias zonas del país, pero con especial impacto en el conurbano bonaerense, el Estado nacional mejoró sus ingresos. Esta particularidad, de una administración que crece en la recaudación de impuestos pese al estancamiento promedio de las actividades, obedece en gran parte a la carga tributaria que se aplica sobre las exportaciones y los grandes patrimonios. Los precios de las commodities se dispararon a nivel global por la caída del stock de granos, por el registro de sequías y otros problemas de coyuntura, junto a la fuerte demanda de China.
Un informe del Ieral de Fundación Mediterránea señala que los derechos de exportación por las ventas de granos y de sus principales derivados industriales alcanzarán a 8.633 millones de dólares, 49% por encima de lo recaudado en el ciclo anterior.
Este ingreso extra de 2.800 millones de dólares se suma a los 145 mil millones de pesos ya distribuidos por la recaudación del llamado “impuesto a la riqueza”, cuya liquidación final aún no se difundió.
La elevada inflación incrementa la recaudación de los impuestos vinculados con el consumo, cuyos pagos están atados a alícuotas que, a precios más altos, obligan a una mayor tributación. Hay un Estado nacional generoso en sus recursos, cuya distribución está muy lejos de las prácticas federales que exigen la Constitución y las leyes correspondientes.
Antes bien, la gestión de Alberto Fernández tiene una obsesión por atender los problemas del conurbano bonaerense y los que origina la gestión de Axel Kicillof.
Sólo basta un ejemplo para certificar la inequidad de los abultados recursos que distribuye el Tesoro nacional. El Área Metropolitana Buenos Aires (Amba), que incluye la Ciudad de Buenos Aires y los partidos limítrofes, recibirá 175 mil millones de pesos para subsidiar el transporte urbano, mientras que el resto del país sólo tendrá un aporte de 20 mil millones.
Asimismo, otorgó un aumento del 35% para los estatales nacionales, en tanto el Congreso Nacional dispuso que sus dependientes y los legisladores reciban un incremento del 40%. Estas subas están por encima de lo otorgado por el sector privado, que debe sostener, con el pago de los impuestos, el dispendio de los fondos nacionales.
En tiempos en que recrudecen los efectos de la segunda ola de Covid-19 y con alarmantes indicadores sociales y económicos, es necesario que el Estado nacional realice una distribución equitativa y federal de sus recursos.
