No bastan los acuerdos firmados con ministros nacionales, aunque la legislatura mendocina los ratifique.
Para usar los u$s1023 millones de Portezuelo del Viento en otras obras -hídricas o no- fuera del sur, Cornejo deberá lograr que el Congreso Nacional autorice por ley el cambio de destino y de localización de esos fondos, por una parte; y por otra, obtener licencia social -que legitime ese cambio- en San Rafael, General Alvear y Malargüe.
Si omite lo primero, incurrirá en malversación de fondos públicos. Si descuida lo segundo, el Sur Mendocino se le tornará definitivamente esquivo.
REPASEMOS
Nación benefició a San Luis, Catamarca, La Rioja y San Juan -con perjuicio a Mendoza- con el régimen -varias veces extendido- de la Promoción Industrial (leyes nac 21608, 22876, 23614, 23658)
Ante ello, Mendoza le hizo juicio a Nación (Expte M457 - CSJN). No hubo sentencia, sino -en 2006- un acuerdo entre Cobos y Kirchner (ratificado por ley.prov 7708/07 y homologado en 2009 por la CSJN), sin ganadores ni perdedores... “en teoría”.
En realidad: Nación le “pagó” -simbólicamente hablando- a Mendoza con Portezuelo, una obra hídrica -prevista por el Coirco desde 1976- regulatoria de los caudales del Río Colorado que bajan a La Pampa, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires; estimándose un importe de $ 1.005 millones al 2006.
Así, Nación “mató dos pájaros de un tiro”, pues una obra de alcance interprovincial que sí o sí debía hacer con fondos nacionales, le sirvió para arreglar el desequilibrio económico sur mendocino provocado por la promoción industrial.
¿Y Mendoza? ¡Bien, gracias!
Dos veces omitida y perjudicada: por la Promoción Industrial , primero. Y por el arreglo de Portezuelo, después. Caso raro.
“Des promocionada” a costa de 4 provincias del oeste argentino, Mendoza fue “aparentemente resarcida” mediante una obra que -en lo esencial- impactaría a otras 04 Provincias -del centro del país-, pero no a ella. En efecto: ni un litro de agua para Mendoza (pues el arreglo judicial no incluyó el Trasvase del Río Grande al Atuel).
Sólo promesas de regalías hidroeléctricas litigiosas (pues la cuenca del Río Colorado es interprovincial); de trabajo sólo durante la obra; y el impacto turístico y ambiental del espejo de agua (ídem Valle Grande, El Nihuil, entre otras).
MENDOZA NO GANÓ EL JUICIO
En este contexto, Mendoza no ganó el juicio por la promoción industrial; lo transó vía arreglo con la Nación en 2006, mediante el cual aceptó la realización en territorio sur mendocino de Portezuelo del Viento -una obra de impacto interprovincial- a financiarse con crédito público por u$s 1023 millones, importe que –a fin de no mezclarse con el dinero provincial- fue depositado en un fideicomiso creado a tal fin; aceptando -Mendoza- cobrar los perjuicios sufridos recién al finalizar la obra, con las regalías que la misma produjere por generación hidroeléctrica (véase ley Cornejo 8949./2016).
Si Mendoza hubiese ganado el citado juicio –mediante sentencia- habría recibido directamente el dinero y con libre destino –no “atado” a Portezuelo-, para destinarlo a obras provinciales –no interprovinciales-, ingresando a rentas generales –no a un fideicomiso- los u$s 1023 o la suma que la justicia le reconociera; y disponiendo de ese importe desde que la sentencia quedara firme –o sea, sin necesidad de esperar a la conclusión de una obra, para irse cobrando con las regalías resultantes de la misma-
EL PECADO ORIGINAL
Lo peor -sin embargo- no fue la ausencia de beneficios proporcionales al perjuicio sufrido; sino el carácter interprovincial (no exclusivo) de Portezuelo -y, por ende- su impacto en los fondos asignados y en la jurisdicción aceptada. Así de sencillo:
Los u$s 1023 millones no nacieron como de libre disposición por Mendoza; quedaron exclusivamente afectados a Portezuelo, no pudiendo Mendoza darle otro destino; de allí que fueron a un fideicomiso a cargo de Emesa SA (Decr 120/20), apartados de rentas generales y a la espera del inicio de los trabajos.
Siendo interprovincial, tampoco Mendoza podía decidir en soledad las modalidades de la obra. No resultando oponibles al Coirco –por más pergaminos universitarios que se exhibieron- los estudios de impacto unilateralmente contratados por Mendoza a fin de destrabar el proceso licitatorio.
Todo debía canalizarse vía Coirco y con intervención de las otras provincias que lo conforman. Justamente, con las supuestas beneficiarias de la obra, quienes -en realidad- viven la regularización del Río Grande (cuenca del Colorado) no como una oportunidad, sino como una amenaza.
De allí que todo quedó trabado desde 2006.
El problema nació -paradojalmente- en el mismo momento en que se suscribió el acuerdo judicial por la promoción industrial, al haberse aceptado -como indemnización- una obra de alcance regional interprovincial, con todas las trabas que -para Mendoza- ello significó en materia de autorizaciones, estudios de impacto ambiental y disposición de fondos.
UNA SALIDA COMPLICADA
El acuerdo Frigerio/Cornejo celebrado en 2016 (Decr 1900 y ley 8949) fue la confesión oficial de ese “pecado original”.
Es que mediante ley 8949/16 se “devolvió” -en los hechos- a la Nación la facultad de armar los pliegos, conducir el proceso licitatorio, adjudicar la obra previa intervención de las provincias del Coirco; y finalmente entregarla –llave en mano- a Mendoza para su monitoreo y a cambio -como única reparación- de un paquete de regalías, tan litigiosa -y compartible- como la de los actuales Nihuiles.
Tal “devolución” no solucionaba el problema sino que lo agravaba, pues ya no sólo Mendoza había recibido una obra problemática, sino que -con la 8949- renunciaba prácticamente a recibir fondo alguno, pues todo sería hecho desde la Nación.
Fue la previsión de los u$s 1023 para Portezuelo en el presupuesto nacional de 2019 (Ley 27467) lo que llevó a Mendoza a revisar su decisión.
Fue así que Mendoza “se puso -nuevamente- al hombro” la obra (Acuerdo Frigerio/Cornejo 2019; Decr Pen 1320 y Ley prov 9170) aunque ampliando su afectación a “Portezuelo y/u otras obras hídricas necesarias para el desarrollo de la generación hidroeléctrica provincial”, sin que tal ampliación estuviera autorizada en el presupuesto nacional
Y ahora -en 2024- Cornejo ratifica el rumbo de la 9170, aunque ampliando el elenco de obras provinciales no sólo a las de carácter hídrico, sino a obras “de infraestructura necesarias para el desarrollo provincial”; ampliación que tampoco está autorizada en el presupuesto nacional.
SOLUCIONES APARENTES
En otros términos; los acuerdos de Cornejo en 2019 y 2024 tendientes a reencauzar los fondos hacia las arcas provinciales, son intentos inútiles de “expiación” del “pecado original” cometido al transar el juicio de la promoción industrial.
Lo que se pretende -con las ampliaciones firmadas- es desafectar de Portezuelo los u$s 1023 millones y transferirlos en propiedad a Mendoza y para obras provinciales.
Tales soluciones ampliatorias son -sin embargo- aparentes. Es que no basta un acuerdo entre ejecutivos nacional y provincial que admita variar el destino de los fondos (ampliándolos a otras obras provinciales), si en paralelo no obra “luz verde” por parte del Congreso Nacional que autorice una ampliación presupuestaria a ese nuevo tipo de obras; lo cual hasta el momento no existe.
Es que -a diferencia de la obra de Portezuelo- ninguna de ambas ampliaciones – de 2019 o 2024- ha sido homologada por la Corte NI cuenta hasta la fecha con respaldo presupuestario nacional.
En efecto, por Ley de Presupuesto Nacional 27467/19 –anterior a tales ampliaciones- se previó la suma de u$s 1023 dentro del ítem “Crédito Público” (Art 40 y su Anexo); suma que luego se respaldó mediante la emisión de letras de tesorería (Resol Conjunta Nro 057/19 de las Secretarías de Finanza y Hacienda del Minist de Economía de la Nación).
Siendo la citada ley 27467/19 anterior a los acuerdos firmados por Cornejo en 2019 y 2024, resulta evidente que el Congreso jamás autorizó fondo alguno para obras provinciales mendocinas; siempre entendió afectar la asignación sólo a Portezuelo por ser la única obra transada hasta ese momento. Y luego de la 27467, no hubo otra ley nacional sobre el tema.
EL CONGRESO NACIONAL TIENE LA PALABRA
Resulta insoslayable –entonces- dar intervención al Congreso Nacional a fin de que modifique –vía ampliación- la asignación de los u$s 1023 millones, de modo tal que esa cifra resulte comprensiva no sólo de la obra interprovincial Portezuelo – originalmente transada- sino de las “otras” obras provinciales –transadas a posteriori- .
Es que Portezuelo sigue en los papeles, ahora como una opción frente a las otras obras provinciales. Si el Congreso le dio calce presupuestario en 2019 por tratarse de una obra supraprovincial y por consumir crédito público, por esta misma razón debe intervenir ante cualquier pretensión de modificación presupuestaria.
Y más aún, cuando -como en el caso- no se trata de variación presupuestaria con destino a otra obra interprovincial, sino para obras totalmente mendocinas; lo cual significa –lisa y llanamente- transferir la propiedad de esos fondos, que hasta ahora sólo están dados en administración a Mendoza.
Desde otro ángulo: Si en el marco de estos acuerdos Nación/Provincia, el beneficiario de los fondos –Mendoza- debe dar intervención a su Legislatura, tal como ha anunciado el Gobernador; con más razón debe dar intervención a sus legisladores (léase Congreso Nacional) quien –como Presidente- entrega esos fondos.
Sólo podría prescindirse del Congreso si –por haber judicialmente triunfado o conciliado mejor- el dinero hubiese pasado en 2006 en propiedad a Mendoza y para su libre uso y destino. Esto sin embargo, no ocurrió; y por ello los u$s 1023 fueron afectados a Portezuelo y –a tal fin- se formó un fideicomiso en cuya virtud Mendoza sólo ha tenido -y tiene- la administración de esos fondos, no así su propiedad y disposición.
FONDOS DEL SUR... O EL SUR AL FONDO
Siendo así, la permanencia de los fondos para el sur mendocino encuentra una “argumento de legalidad”: mientras el Congreso no autorice la ampliación y consecuente transferencia presupuestaria al erario provincial, Mendoza sólo tendrá la administración de esos fondos y sólo para Portezuelo; y Cornejo no podrá darles otro objeto –sean obras hídricas o no- ni otra localización –fuera del sur- , so riesgo de incurrir en malversación de fondos públicos.
La falta de previsión presupuestaria nacional no es –sin embargo- la única razón para que los fondos continúen afectados al sur mendocino. Existe –por otra parte- un “argumento de convencionalidad”.
En efecto: el acuerdo transaccional Kirchner/Cobos celebrado en 2006 decidió aplicar los fondos en el sur mendocino, vía Portezuelo; en tanto, los acuerdos posteriores –firmados ambos por Cornejo- mantienen “La Obra” de Portezuelo como la única (acuerdo Macri/Cornejo, año 2016) o como la principal opción, a la cual se le agrega la posibilidad de obras provinciales hídricas (acuerdo Macri/, año 2019) o de infraestructura para el desarrollo (acuerdo Milei/Cornejo, año 2024).
La aceptación de Portezuelo como única o principal opción durante casi 20 años (entre 2006 y 2024) no es un capricho o una casualidad. Habla que tanto Nación cuanto Mendoza han reconocido –en los sucesivos acuerdos- la justicia en la localización de los fondos en el sur.
Y habla también del tamaño de la imputación de esos fondos al sur mendocino. Es que el mantenimiento de Portezuelo como opción –en el reciente acuerdo firmado por Cornejo- significa que –se haga o no- el sur merece fondos equivalentes al costo de Portezuelo; caso contrario esta obra habría sido suprimida de la “addenda” anunciada por Cornejo.
Todo lo cual conduce -además- a un “argumento de legitimidad”.
Es que al respecto: el sur mendocino sufrió -lejos- los mayores perjuicios por las políticas de promoción industrial, según dan cuenta la totalidad de los estudios y mediciones estadísticas realizados en Mendoza. La sustancial caída de su participación en el producto bruto interno provincial (de un 47% a un 15%) a partir de 1970 hasta la derogación del régimen y la brutal merma de las fuentes de trabajo vinculadas a la industria de la alimentación -y su impacto en la cadena de valor- no registra comparación con el resto de Mendoza.
No fue casual -en ese marco- que las reacciones al régimen de la promoción industrial surgieran desde el sur, a través de amparos -años 2003 y 2010- motorizados por la Cámara de Comercio de San Rafael, otorgando -además- un “argumento de iniciativa u origen”.
DIVIDE Y REINARÁS
Obviando todo lo anterior, el anuncio del 1° de mayo en la Legislatura fue la oficialización de la decisión política de relocalizar los fondos de Portezuelo a lo largo y ancho de Mendoza.
El argumento oficial es la “federalización” de los u$s 1023; la promoción industrial afectó a toda Mendoza y no sólo al sur, se indica desde fuentes oficiales. Argumento que -sin embargo- no se escucha desde el Gobierno cuando de distribuir el presupuesto provincial se trata, otorgando “migajas” al sur mendocino.
A fin de evitar la reacción desde el sur, se entusiasma a San Rafael con El Baqueano; a Malargüe con la Minería o -ahora- nuevamente con Portezuelo; y que Alvear siga peleando por el Trasvase. Divide y reinarás.
Lo anterior se complementa con la convocatoria a los mendocinos a formular proyectos viables, en una reedición del Fondo para la Transformación y el Crecimiento. Logrando -en cada comunidad- que cada uno se concentre en su propio juego.
Evidentemente, la dirigencia sur mendocina debe procurar un salto de calidad, no permitiéndose que los intereses departamentales o sectoriales neutralicen el reclamo común de que los fondos sean para el sur.
Y SI DE PROYECTOS SE TRATARA...
Hay un tema común -que une- a los tres departamentos mendocinos: “el Agua”; neutralizando tácticas divisorias, como no lo logra cualquier otro proyecto.
A “ojos cerrados” el agua es el gran desafío mundial a resolver (véase informes del “Ianigla”). Enclavada en zona desértica, sin agua no hay Mendoza.
La megasequía impone centrar la mira en políticas tendientes a que ingrese más agua en Mendoza, por una parte (léase Trasvase); y que –por otra parte- no se pierda más el agua de/en Mendoza (léase infraestructura y eficacia hídricas, combate de las “aguas claras”). En ésto debe pensarse cuando se habla de los u$s 1023 millones
El embalse del Portezuelo oportunamente licitado (denominado “variante baja”) presentaba dudas en cuanto a su posibilidad de llenado, con el consiguiente malgasto en obra y menores regalías a las esperables; dejando bajo el agua parte de ruta nacional y el actual paraje Las Loicas; y -se llenara o no- le aportaba “cero litro” a Mendoza; todo lo cual ponía en duda su legitimidad.
Hay -sin embargo- otra alternativa sobre el cauce del Río Grande, denominada “La Estrechura” (también conocida como Portezuelo “variante alta”); de menor volumen, de menor costo de obra; y que no deja nada sumergido.
En tanto, la variante alta (desde La Estrechura) permite tres centrales hidroeléctricas (Infiernillo, Los Morros y Los Molles), la incorporación de 6700 has bajo riego, la provisión de agua a Malargüe y la reactivación de Los Nihuiles.
Ambas variantes admiten un futuro Trasvase de agua al Atuel, pero por la variante baja las obras de canalización son más costosas, por extensión y topografía.
Frente a ellas, Cobos propuso otra variante (intermedia) también de menor volumen pero con otra ruta de trasvase no garantizaría llegar con agua en forma estable a la ciudad de Malargüe, ni nuevas centrales hidroeléctricas.
La Estrechura -en suma- permitiría una obra de embalse más pequeña y proporcionada a los caudales hídricos futuros. En tanto, el Trasvase permitiría disponer hasta 24 m3/seg de agua del Río Grande hacia el sur de Mendoza con el consiguiente impacto económico, ambiental y energético para la Región y para todo Mendoza.
¿Y EL COIRCO?
Descontamos la automática oposición de La Pampa a cualquier intervención (presa, central o trasvase) sobre la cuenca del Río Colorado, sea variante alta media o baja.
La disminución del caudal hídrico del Río Colorado es su argumento constante. Omite -sin embargo- que desde 1976 -como mínimo- el resto de las provincias del Coirco -ella incluida- usan en su beneficio los caudales que -trasvase mediante- corresponderían a Mendoza.
No obstante, tendrá que someterse al tratado del Coirco -avalado por ley 21611- que legisla para Mendoza hasta 34 m³/seg; y a tal fin, el derecho a realizar el Trasvase.
En cualquier variante, el Trasvase no es una obra opcional donde haga falta unanimidad en el marco del Coirco; aunque todas las provincias vecinas dijeran no, esa obra es obligatoria (conf ley.nac 21611) siendo el único modo de llevar ese agua a territorio mendocino.
No resulta ocioso indicar que el Trasvase pondría fin a décadas de inobservancia del acuerdo del Coirco; que encontraría altísima legitimidad en el acuerdo transaccional del juicio por la promoción industrial; y en el reciente acuerdo firmado por Cornejo -tan es así, que ayer lunes 6/05/2024 acaba de decirle a los de Malargüe que Portezuelo -el anterior o uno más chico- es aún posible.
El Trasvase permitiría además a Mendoza cumplir acabadamente con el fallo de la Corte Nacional que encomienda otorgar agua justamente a La Pampa. Y con una ventaja adicional: mientras la Corte le exige a La Pampa poner dinero para obtener esa dotación, por esta vía nada tendría que contribuir.
DE LOS DIRIGENTES
Cuando la dirigencia mendocina comprenda o reconozca (según sea de buena o de mala fe) que Mendoza no ganó -ni negoció adecuadamente- el juicio iniciado por la gestión Lafalla contra la Nación por los efectos nocivos de la Promoción Industrial, recién ahí podremos construir un buen diagnóstico que nos permita corregir el rumbo y dar pasos correctos a fin de desatar el nudo generado por una insuficiente transacción judicial que puso fin al reclamo (acuerdo De Vido / Cobos, 2006).
Asistimos a un espectáculo preocupante; dirigentes de todos los colores y sectores tratan de desatar sin éxito el nudo gordiano ; y/o tratan de llevar agua para sus molinos con argumentos falaces o que -como mínimo- demuestran un absoluto desapego por el análisis del problema.
“Ríos -mejor dicho: mares- de tinta y teclas” se han ocupado de los u$s 1.023 milones. Simbólicamente, con todos los caracteres de las palabras escritas y pronunciadas, ya habríamos “llenado” varios embalses como el de Portezuelo.
Sin embargo: y luego de casi 20 años de declamaciones, Portezuelo -la “Obra del Siglo”- no se ejecutó; el Río Grande -afluente del Colorado- sigue su curso sin regar una sola hectárea productiva en Mendoza; y todo sigue igual, como en Oct’ 1976, fecha del Acta de la 6ta Conferencia de Gobernadores que dió nacimiento al Coirco y reconoció a Mendoza hasta 34 m3/seg. vía Trasvase.
Mientras, las remesas mensuales que religiosamente la Nación viene enviando desde hace casi 5 años (Oct 2019 a Oct 2024) siguen desvalorizándose, pues también hay inflación en dólares; desconociendo las gestiones de administración y cuidado del primer fideicomiso encargado de su custodia y aplicación; y menos del poco explicado segundo fideicomiso creado por la actual gestión en sustitución del primero.
“Hace casi un siglo… desde el año 1912, datan los primeros estudios sobre el aprovechamiento del Río Grande, mediante el trasvase al Río Atuel…. Si la obra no se ha concretado hasta la fecha, no es por falta de estudios, ni falta de dinero, sino pura y exclusivamente por la negligencia o la inercia de quienes tienen la responsabilidad de tomar las decisiones de las políticas de Estado” (”Río Grande. El Drama de una Desidia”, Dr. A. Guarino Arias, 2007).
¿Vamos a continuar pasivos?
