Una de las lecciones que nos deja la pandemia es que nunca puede ser una excusa para violar la Constitución, sino para reafirmar su vigencia. En momentos de turbulencia, es donde su contenido adquiere su real dimensión, su importancia vital para los pueblos. Por eso, es imperioso que se deje atrás el “estado de excepción” y que se restablezca la plena vigencia del estado de derecho.
Estamos en presencia del Gobierno que más poder ha concentrado en la historia democrática del país, aún antes de la llegada de la pandemia. En diciembre de 2019, recién asumidos, desguazaron al Congreso con la ley de emergencia que delegó 11 facultades y suspendió la movilidad jubilatoria. Cuando el Covid-19 llegó al país, pese a que pronosticaron lo contrario, comenzaron a gobernar por decreto, situación que se mantiene hasta hoy: 104 DNUs dictó Fernández en un año y medio sobre materias que debió debatir y tratar el Congreso. Esa acumulación de poder, ha sido directamente proporcional a su incapacidad e improvisación en el manejo de la crisis. Más allá de los superpoderes, las facultades delegadas y la eliminación de controles, los resultados han sido desastrosos desde el punto de vista sanitario, económico, educativo, social y político.
Con respecto a la salud, es quizás el ámbito donde hubo mayor improvisación, desidia e indolencia, con solo 8% de la población vacunada, pese a que -según el pronóstico del por entonces Ministro de Salud, Ginés González García- en julio obtendríamos la ansiada “inmunidad de rebaño”. Hoy, nuestro país se encuentra en el último lugar de los rankings de gestión de la pandemia y entre los primeros cinco del mundo en contagios y muertes diarias. Con más de 91.000 muertes, muchas de ellas evitables si hubiésemos contado con vacunas suficientes y si no se hubiesen desviado en funcionarios y militantes políticos. A ello, se suma la falta de transparencia en la contratación con los laboratorios y aún resta que expliquen el rechazo a las 13,2 millones ofrecidas por Pfizer y 36 millones por COVAX, que podrían haber cambiado el rumbo de la pandemia en el país.
Además, producto de la cuarentena más larga del mundo, la economía del país cayó estrepitosamente: más de 90 mil comercios cerraron sus puertas, según indica CAME; la tasa de desocupación ascendió a 10,2% conforme al Indec; la caída PBI fue del 9,9% en el 2020; con una inflación del 48,8% interanual que no deja de escalar, pese a tener tarifas y dólar planchados; con aumento de la pobreza que ya alcanza al 42% de la población, esto es, a 12 millones de personas; y la estimación de la OCDE que considera que Argentina será el miembro del G20 que más va a tardar en recuperar su economía tras la pandemia. Si las cosas siguen así, tendremos que esperar hasta 2025 para volver a los niveles de 2019.
En materia educativa, el gobierno decidió romper uno de los pocos consensos que existían: que las escuelas debían ser las primeras en abrir y las últimas en cerrar, no obstante haberse demostrado que no son lugares de súper contagio, decidieron cerrar los colegios por un año. Para agravar el cuadro, la virtualidad, en un contexto donde 7 de cada 10 niños es pobre, se transformó en un espacio de súper deserción, donde se desvincularon más de un millón de chicos del colegio, habida cuenta de que el 50 % de los chicos o no tenía computadoras o carecía de acceso a internet. El daño es irreparable pero necesitamos impedir que aumente.
En lo político, el gobierno que venía a cerrar la grieta y a clausurar los sótanos de la democracia, dinamitó su legitimidad con una agenda enfocada en pulverizar la independencia del Poder Judicial y socavar al federalismo; con una política exterior empática con las dictaduras de la región y del mundo, rompiendo una fuerte tradición de defensa de los derechos humanos y condena a los autoritarismos; incorporando un innecesario sesgo ideológico hasta para la adquisición de vacunas. Con funcionarios que no funcionan en un Gobierno al margen de la ley, donde debía haber ejemplaridad, hubo excepcionalidad y privilegios.
Por todo ello, es imperioso dar certezas, proporcionar seguridad, generar señales claras, no sólo a los inversores, para que posibiliten mover la rueda del crecimiento y el desarrollo económico, sino también a la sociedad en su conjunto: a los estudiantes respecto de la continuidad escolar y la necesaria mejora de la calidad educativa; a los pequeños, medianos comerciantes y emprendedores, bajando la presión impositiva que los asfixia; a los trabajadores y a quienes buscan empleo, cerrando el grifo de despidos con políticas de fomento del empleo y el rediseño de una vieja legislación que es refractaria a la generación de puestos de trabajo en un mundo globalizado.
Tenemos la obligación de construir la esperanza que impida que nos invada la resignación, esa que empuja fuera del país a toda una generación de jóvenes que buscan otros destinos ante la incertidumbre y la falta de perspectivas de crecimiento. Esa construcción, basada en el respeto irrestricto a la ley, comienza con las PASO en septiembre
