El Ministerio de Educación de la Nación viene trabajando fuertemente con encuentros y diálogos con todas las provincias a la hora de ir evaluando el proceso de presencialidad en las distintas instituciones educativas. Esto implica planificación y aplicación de un modelo educativo que contemple el retorno a las aulas, en el porcentaje y período del ciclo lectivo que considere adecuado, en cada una de las regiones de la provincia y en todos los niveles y modalidades del sistema educativo.
Desde la autoridad nacional y junto al Consejo Federal de Educación, se ha generado un protocolo que debe ser utilizado como marco para que cada provincia y sus respectivas regiones planifiquen y ejecuten esta política de la manera más eficiente y segura posible. Esto será factible si se respetan los derechos laborales de los trabajadores y se protege la salud de toda la comunidad educativa.
Es necesario que, en la provincia, como lo propuse en el proyecto que presenté en la Legislatura el último 26 de junio, se creen ámbitos de debate en los que participen los expertos de la salud involucrados en el estudio de la pandemia, las delegaciones administrativas de la DGE, en su rol de autoridad educativa, y los miembros sindicales en representación del gremio docente, además de los representantes de los municipios de cada región.
Debe generarse cuanto antes un diagnóstico que contemple la situación edilicia de las escuelas; la formación de los docentes, directivos y celadores en aspectos sanitarios; el estado de salud de todos los trabajadores -cuántos pertenecen a población de riesgo-; el acceso a insumos necesarios para la desinfección y prevención del contagio; el acceso al servicio de internet fijo en las instituciones educativas; las redes de transporte público necesarias para garantizar una movilidad segura para todos los que deban trasladarse a las escuelas; la situación de todo el estudiantado y demás aspectos que deban ser atendidos y trabajados.
Los meses que han transcurrido en este contexto de pandemia han dejado en claro que las políticas públicas más efectivas son las que surgen del consenso y que han sido planificadas comprendiendo cómo afecta la realidad a cada uno de los actores que intervienen en el proceso. La única manera de garantizar que esta nueva etapa sea eficiente en su aplicación y que mejore verdaderamente el proceso de construcción de conocimientos, es escuchando a todos los sectores que sostienen el sistema educativo.
Por lo que considero que, crear consejos regionales, podría garantizar una perspectiva territorial, que contemple las realidades diversas que atraviesan las comunidades educativas de la provincia. Hay áreas que han sido más afectadas por la pandemia en términos de contagio. Asimismo, la efectividad en la aplicación de la modalidad a distancia ha sido muy desigual. La brecha digital -que afecta a todo el territorio- es aún más drástica en las zonas de la provincia donde el simple acceso al servicio de Internet fijo es deficitario. Esto condicionó fuertemente la trayectoria educativa de los jóvenes y, por lo tanto, es necesario que se visibilicen cuáles son las necesidades de cada comunidad a fin de atenderlas correctamente.
Es imprescindible que todas las regiones de la provincia generen este análisis y diagnóstico estructural y trabajen en la construcción de grandes consensos, para poder tener una mayor capacidad de respuesta en un nuevo modelo educativo que incluya la educación presencial.
*La autora es Lic. en Trabajo Social y Senadora provincial (FDT)
Edición y producción: Miguel Titiro
