En estos días los problemas ocasionados por las heladas tardías y las primeras tormentas de granizo de la temporada merecen la atención del Gobierno. Uno u otro fenómeno son una posibilidad en nuestra zona, pero ambos prácticamente a la vez es algo que pocas veces se ve. Y, como bien se ha informado, hay muchos productores a los que primero los alcanzó la última helada y luego los castigó más aún la piedra.
Suárez, además, está pendiente de que su gestión no salga de su curso normal en tránsito hacia el año electoral. Por ello hubo un rápido planteo al gobierno nacional teniendo en cuenta la cantidad de daños producidos. Tomó nota del pedido el ministro Massa, quien, advertido de que el fenómeno de las heladas alcanzó a varias provincias más del oeste del país, incluyendo a la Patagonia, rápidamente decidió montar un acto en Mendoza para lanzar un plan de asistencia para todas las zonas alcanzadas.
En realidad, fue el propio ministro el que dijo, en su mensaje del lunes, en el INTA, que Anabel Fernández Sagasti motorizó la reunión y le insistió hasta el cansancio para que viniera a Mendoza a anunciar alguna solución para los productores afectados.
Hubo una clara intención de obtener rédito político por parte del PJ mendocino, pero, fiel a su estilo de buen anfitrión, fue el Gobernador el que equilibró la escena.
Además, hizo notar que en el vuelo que compartieron ya le había anticipado al funcionario nacional la situación registrada en Mendoza y cuáles eran sus inquietudes.
Sin embargo, quien alzó la voz de alerta después del acto fue el ministro Enrique Vaquié, quien tomó nota de los livianos anuncios que hizo Massa y salió a opinar por los medios. Consideró insuficientes las medidas dadas a conocer, especialmente por las diferencias existentes entre la vitivinicultura y la producción de la Pampa Húmeda, y por lo tanto consideró no conveniente establecer un dólar diferencial por 40 días para economías regionales como la de Mendoza.
Y lo que más alteró a Vaquié y a todo el gobierno local fue el pedido de reducción de la tarifa de electricidad cuando está vigente desde hace tres décadas (gobierno justicialista) un subsidio al riego agrícola con una importante cobertura.
Pocos días después llegó, como complemento de la visita del ministro, la secretaría de Energía, Flavia Royón, con la que hubo sintonía y en el Ejecutivo local pudieron aclarar algunos aspectos que dieron lugar a los roces que generó Massa con sus anuncios y planteos.
La de Massa fue, claramente, una jugada para hacer presencia en una provincia donde su labor todavía no tiene mucho impacto. Por eso cabe definir a la del lunes como una visita de carácter político y con algunos anuncios para la ocasión, con imprecisiones que, como hemos visto, motivaron descontento en las autoridades provinciales y alguna escaramuza con funcionarios mendocinos que ocupan cargos nacionales, como el titular del INV, Martín Hinojosa.
El referente del Frente Renovador no resigna sus aspiraciones políticas, que, sin duda, apuntan a la presidencia en algún momento. Es difícil la gestión que se encuentra atravesando; apuesta a una merma de la inflación que se advierta en tiempos electorales y para ello, como ahora con el plan Precios Justos, complace a la Vicepresidenta y al camporismo.
Para el peronismo mendocino, en general, la llegada de Massa fue considerado como un guiño importante del funcionario nacional. Para el PJ tuvo más valor como político que como ministro. Por eso el gobierno provincial se constituyó en buen anfitrión, pero sin dejar pasar los detalles en los que el ministro de Economía mostró imprecisiones.
La presión prominera
Y mientras las políticas de asistencia a los productores afectados se ajustan y ponen en práctica, el gobierno de Suárez le pide a la Legislatura la aprobación de la declaración de impacto ambiental del yacimiento de cobre Cerro Amarillo. Se puede deducir que es una clara respuesta a la presión ejercida desde Malargüe. Reflota la solicitud que en el mismo sentido hizo el gobierno del justicialista Francisco Pérez en 2014 y que quedó atrapada en la telaraña legislativa por no encontrarse terminado en aquel momento un inventario sobre glaciares en la zona.
Ahora el debate se instala en medio de un clima de desconfianza por parte de los legisladores que defienden la vigencia de la ley 7.722 y que, de algún modo, atribuyen la nueva movida a la presión que ejercen sectores mineros que, aún dolidos por la fallida reforma de la ley vigente al comienzo de la gestión de Suárez, no aceptan que el Gobierno deje el debate sobre para después de su gestión.
“Hay que ver bien el expediente, la mensura y la ubicación de glaciares, además de que exista buena información por parte del Gobierno”, dejaron trascender quienes defienden la ley que rige actualmente.
Por su parte, los que están a favor de la minería más allá de los límites legales actuales consideran que la presión es fuerte, además, por la “gran cantidad” de proyectos para exploración en espera debido a las limitaciones vigentes. “Es lamentable, porque hay muy pocos sectores capaces de emparejar el nivel de inversión que se propone”, afirman.
El otro gran desafío que debe enfrentar el gobierno provincial es responder de alguna manera a la enorme presión que ejerce Malargüe, en especial después de la presentación del proyecto para que el departamento quede exceptuado de los alcances de la ley minera actual, según estudios de sectorización realizados.
En esa línea, la reciente movilización a la Legislatura, encabezada por el intendente Ojeda junto a cámaras mineras y sindicatos de Malargüe, fue de enorme presión para las autoridades. Insisten con el pedido de debate de la propuesta de zonificación.
Hay que recordar que, desde lo político, el intendente malargüino se había mostrado conforme con la postura de Suárez, que considera que la minería es importante por el desarrollo y la generación de empleo que genera, pero admite que no hay licencia social suficiente entre los mendocinos para apartarse de lo que fija la ley en vigencia. En cambio, en esta oportunidad el jefe departamental endureció su discurso: “Queremos hacer minería en Malargüe para poder sacar de la pobreza al departamento y a la provincia de Mendoza”, dijo.
Juan Manuel Ojeda no puede no escuchar a los sectores mineros del departamento que conduce, que no están de acuerdo con el tiempo de espera dispuesto por el Gobernador y exigen definiciones. Obviamente, es la política la que debe buscar una solución acorde con el reclamo de todo un departamento.
No es un asunto de fácil resolución; eso está claro. Dejar para un posterior gobierno la definición del tema supone que todos los sectores involucrados, tanto ambientalistas como promineros, estén pendientes, en primer lugar, de las propuestas que hagan los distintos candidatos.
Pero una vez constituido el nuevo gobierno, dentro de poco más de un año, es muy probable que la ansiedad se haga notar nuevamente. No faltará quien concurra a golpear puertas de despachos oficiales para pedir definiciones. Es por ello que legisladores del propio oficialismo proponen ir avanzando con la discusión sobre los proyectos viables mientras se prepara el terreno para un debate de fondo, nuevamente, sobre los alcances de la legislación.
En el actual contexto económico nacional, lograr que se apruebe la factibilidad de Cerro Amarillo será un gran logro para el gobierno de Suárez y una señal clara para potenciales inversores. Pero más trascendente será en ese caso lograr un punto de acuerdo entre los sectores ubicados a uno y otro lado de la 7.722.
