A pesar de la crítica situación económica, el oficialismo no deja de lado su obstinada e implacable ofensiva contra la Justicia.
Como ya ha dicho, el juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia forma parte de la tradicional embestida del kirchnerismo a la justicia argentina.
En especial cuando la Justicia acciona con imparcialidad en las causas que involucran a la vicepresidenta de la Nación y a otros personajes vinculados con las tres administraciones anteriores de dicho sector partidario.
El argumento para provocar un nuevo escándalo institucional fue la sentencia cautelar a favor de la Ciudad de Buenos Aires en la demanda iniciada por ésta ante el provocativo manotazo a los recursos coparticipables que dispuso la Nación, en setiembre de 2020, a favor de la provincia de Buenos Aires.
El agravante fue que aquel procedimiento lo dispuso el Ejecutivo, sin consulta previa, para supuestamente ayudar al gobierno bonaerense a desactivar una huelga policial por reclamos salariales. Pero también lo movía el claro interés de beneficiar a un distrito oficialista contra otro conducido por la oposición.
El oficialismo sabe muy bien que todo el montaje dispuesto en la Cámara de Diputados no tendrá más destino que lo que se resuelva en la comisión específica de Juicio Político.
Ya logró dar viabilidad a las acusaciones promovidas. Pero en el pleno de la Cámara baja difícilmente pueda obtener la mayoría especial que se necesita en estos casos, puesto que la oposición no muestra fisuras con el criterio de que los miembros de la Justicia no deben ser juzgados por sus sentencias.
Por este crítico panorama, en las últimas horas distintos sectores empresarios, incluyendo a la Cámara de Comercio de Estados Unidos en nuestro país, estratégica para el intercambio con el país del Norte, volvieron a cuestionar el proceso contra los miembros del máximo tribunal del país.
Argumentan, con total certeza, que dicha situación traba el funcionamiento del Congreso.
Es que la principal coalición de oposición aclaró que impedirá el debate de temas de interés para el Gobierno si éste no depone su actitud contra la Corte.
Lamentablemente, se eleva así la desconfianza en la calidad institucional del país.
Mientras tanto, crece el descontento de la población argentina por la cada vez más crítica situación económica y social.
Prácticamente no hay sectores de la sociedad que no tengan derecho al reclamo.
Con mucha más razón, obviamente, los de recursos medios y bajos, demolidos por la indomable inflación y sus múltiples derivaciones.
Más de un sondeo de opinión se detiene en algo importante en un año electoral: el estado de ánimo de la gente, del votante.
Hay encuestas que señalan que más del 60% de los consultados se expresaron con pesimismo, tristeza o enojo ante la situación que se vive.
Lo peor que puede ocurrir es que la ciudadanía no halle respuestas, tampoco, en quienes pueden ser alternativa desde la oposición.
En ésta, como en el oficialismo, de lo que más se habla es de candidaturas, peleas internas.
En síntesis, es lamentable que las mezquindades afloren en momentos en los que la dirigencia tiene la obligación de encontrar soluciones para una sociedad agobiada y desesperanzada.
