Nuestra Argentina, país joven de raíces preferentemente latinas, luego de los primeros años de su historia, donde básicamente Buenos Aires y el caudillaje provincial cambiaban las reglas sobre la marcha imponiendo algunas veces su voluntad los más fuertes o terminando otras tantas en improductivas peleas entra facciones, se preocupó, en la segunda mitad del siglo XIX, en fijar límites institucionales al poder y a los distintos actores sociales.
La dirigencia de esos momentos tenía adversarios políticos y no enemigos irreconciliables. A partir de fines del año 1920 y con excepción de muy pocos períodos rescatables, se llegó hasta comienzos de 1980 con el poder autoritario del niño malcriado que cambia las reglas a voluntad o termina el juego cuando no le gusta cómo le va yendo.
A partir de esa fecha, una democracia en pañales toma las riendas de la República con la obligación de reforzar las instituciones, fijando y poniendo en práctica políticas y normas que permanentemente tiendan a avanzar en el sentido institucional del país. En ese sentido, Argentina, quizá por la herencia recibida de las Leyes de Indias fue en general dura con la normativa, detallista al extremo, pero laxa con los procedimientos.
Toda esta introducción viene a cuento porque el país lentamente está volviendo al poder autoritario del niño malcriado, como podemos verlo en nuestro diario transitar donde se trata de imponer y no consensuar distintas decisiones que nos afectan en cómo actuar hacia el futuro. Piquetes, juicio a la corte, aprietes de algunos gremios a empresas, ministros que no responden al presidente, etc., son muestras diarias que abonan las afirmaciones anteriores.
Un ejemplo ultimo y quizá para algunos, menor, es como un funcionario de no muy alto nivel de la administración federal decide entregar tierras en Mendoza sin siquiera consensuarlo con sus autoridades, lo que termina dando lugar a posibles presentaciones en la justicia por parte de los damnificados y costos interminables para los contribuyentes.
¿El federalismo? …Bien gracias.
El argumento por el cual se entregan esas tierras a los auto percibidos mapuches es que eran descendientes de los pueblos originarios, pensamiento que es falso ya que los araucanos arrasaron con los pueblos originarios de esas zonas a partir del siglo XVIII, mucho después de la llegada de los españoles. Entonces, por ejemplo, los pehuenches, que eran originarios de la zona de Pehuén, actual territorio de Neuquén, fueron desplazados hacia el norte y se establecieron en la zona de cordillera de Malargüe, mientras que al norte del rio Diamante estaban los Huarpes. Luego los araucanos fueron desplazados hacia Chile por otros nativos, descendientes de los españoles, que ya habitaban esta tierra.
Si el funcionario que toma esta decisión desde su oficina en CABA hubiese estudiado un poco de historia seguramente no hubiese cometido un error tan básico en su escrito.
Creo que esta decisión es una de las tantas “vivezas criollas”, en este caso para quitarle foco a la población de los reales problemas que afronta la sociedad y que nos llevarían a tener que discutir los temas de fondo, cosa que no le conviene al gobierno de turno y que seguro tendremos que resolver más adelante, por supuesto, a un mayor costo para la población.
* El autor es ingeniero.
