Promediando enero de 2021, tres de los diecisiete sindicatos que se reúnen en paritarias con el Estado están, según la amenaza gubernamental, a la puerta de un decreto que determinará el incremento salarial este año. La diferencia entre recibir este incremento por decreto y haberlo acordado en las paritarias consiste en que no se percibirá una suma en negro de $ 54.000 distribuida a lo largo del año, la que formaba parte del ofrecimiento por parte del Gobierno, y se les negará, a modo de castigo, a los trabajadores representados por estos sindicatos.
En los términos del Ministerio de Gobierno, conforme ha sido publicado: “No podemos tratar igual a los que aceptaron la oferta que a quienes la rechazaron”. De entre estos sindicatos, el SUTE es el que ha recibido mayor cobertura mediática, así como es el sindicado por el Gobierno, los medios de comunicación más afines a este y otras entidades gremiales, como el responsable de que los trabajadores de la educación no perciban dicha suma en negro. ¿Es así? Conviene arrojar luz al asunto para poder dilucidar los protagonistas de esta situación, y a quién habría que interpelar.
Pero antes de entrar en quiénes rechazaron el ofrecimiento salarial del Gobierno para los trabajadores de la educación, cabe aclarar en qué consiste y qué representa. Básicamente, el ofrecimiento del Gobierno para todos los gremios tiene dos componentes: 20 % de incremento salarial escalonado de marzo a agosto, y $ 54.000 distribuidos a lo largo de los 12 meses del año. En el acta paritaria constaba una convocatoria en marzo para discutir cómo se incorporarían al básico en 2022 esos $ 54.000 en negro. No obstante, considerando que fue necesario que el SUTE acudiera a la Justicia para que el Gobierno convocara a paritarias, que se requirió constituir un Frente de Unidad Estatal que amenazara con un paro general para que se haga un ofrecimiento salarial, que años después aún no se paga a muchos docentes la actualización por zona, que nunca se terminó de cumplir la sincronización de pagos de suplentes con titulares, entre muchos otros hechos que sería extensísimo enumerar, hay razones que justifican el escepticismo respecto de ese compromiso. Además, siendo que no se trataba de un aumento (pues no guarda ninguna relación con el salario) sino una suma fija por igual para todos (y por eso cabe llamarlo “bono”), no hay manera de prever el modo de incorporarlo al básico, ya que una suma fija representa un porcentaje distinto según el básico de cada trabajador (por ejemplo, según la cantidad de horas cátedra que se disponga). Por otro lado, está el antecedente de Cornejo, quien, en 2017, en lugar de cumplir el compromiso de revisar la actualización salarial en noviembre, entendió que un bono único en negro de $ 7.000 saldaba la diferencia entre la recomposición salarial y la inflación. Más allá de todo esto, de lo que no cabe duda es que el Gobierno no cumplió con el fallo judicial de discutir una recomposición salarial para 2020, pues lo que ofreció es pagadero a lo largo del 2021 y no cubre ni la mitad de la inflación proyectada para este año.
Ahora sí: ¿quién rechazó este ofrecimiento para los trabajadores de la educación? ¿Fueron las autoridades del Sindicato? Para responderlo adecuadamente hay que explicar el procedimiento fijado por el estatuto del SUTE para consultar a sus bases lo que se ha de solicitar al Estado, lo que se ha de aceptar o rechazar, y las medidas que se han de tomar. Primeramente, las autoridades del Sindicato convocan a la realización de asambleas en las escuelas, plenarios departamentales y plenario provincial. En las asambleas escolares, los participantes determinan el mandato que llevarán los delegados a los plenarios departamentales, en los cuales cada uno sólo puede votar en conformidad con el mandato recibido. Lo que resulta mayoritario en el plenario departamental (en el caso de acciones directas, como el paro, la mayoría debe ser de dos tercios) es lo que se mandata para el plenario provincial, en el que cada congresal departamental sólo puede votar en conformidad con el mandato. De este modo, lo que resuelve el SUTE no es otra cosa que lo que se impuso, por determinación de los trabajadores, primero, en las escuelas, luego, en los plenarios departamentales y, finalmente, en el plenario provincial. Cada una de estas instancias queda registrada en los mandatos escolares (que durante la virtualidad iban acompañados de firmas escaneadas) y en las actas de los plenarios. Este itinerario, con las mayorías que se necesitan según el caso, está, como se dijo, establecido por el estatuto del Sindicato, el que ha sido convalidado por el Estado. De hecho, el incumplimiento del mismo inhabilitaría al Sindicato para paritar, exponiéndolo a una intervención estatal.
¿Y cómo sucedieron las cosas en este caso? Cuando la presión del Frente de Unidad Estatal forzó al Gobierno a convocar a paritarias salariales, el SUTE hizo lo propio: convocó a asambleas en las escuelas, plenarios departamentales y plenario provincial. Lo que resultó a lo largo de estas tres instancias fue exigirle al Gobierno una recomposición salarial que empate a la inflación registrada hasta entonces, más una cláusula de actualización automática. Con este mandato se presentó en paritarias el Sindicato cuando el Gobierno hizo el ofrecimiento descrito en el segundo párrafo. Siendo que dicho ofrecimiento distaba abismalmente de lo mandatado (pues suprime la recomposición salarial por lo perdido en 2020), lo que hubiera correspondido era que el Sindicato rechazara de plano el ofrecimiento y exigiera una nueva oferta. No obstante, la conducción del SUTE optó por bajar el ofrecimiento a las escuelas convocando nuevamente a asambleas y plenarios (lo que le mereció duras críticas por parte de las agrupaciones opositoras hacia dentro del Sindicato). Así fue como en todos los plenarios departamentales se impuso el rechazo al ofrecimiento salarial del Gobierno. Claro que esto no quiere decir que en todas las escuelas ganó este rechazo, sino que en todos los departamentos fueron más escuelas las que mandataron el rechazo que las que solicitaron la aceptación. De este modo, en el plenario provincial ganó por unanimidad el rechazo (a pesar de que una de las agrupaciones que integran la Conducción del Sindicato había militado la aceptación). Y esto fue lo que se llevó a la paritaria del 18 de diciembre último.
De este modo, cuando desde el Gobierno se dice, según lo publicado, “tomaron la decisión de rechazar la oferta en la mesa del gremio y sin consultar los docentes”, se está mintiendo. En efecto, el Gobierno no solo conoce el estatuto del SUTE, sino que podría inhabilitarlo para paritar en caso de incumplirlo. Y no sólo él conoce el procedimiento, sino también las entidades gremiales que se han sumado a su juego e insisten en exigirle al SUTE que acepte el ofrecimiento salarial. Pero el Sindicato efectivamente lo plebiscitó, y fuimos los trabajadores de la educación (docentes, celadores y administrativos) los que elegimos el rechazo. Y el Sindicato no puede volver a someter a consulta exactamente lo mismo, porque significaría desoír lo que ya mandatamos. Es verdad que la mayoría de los trabajadores de la educación no se pronunciaron en las asambleas escolares o consultas supletorias (en virtud de las condiciones de la virtualidad), ya sea porque no se enteraron, porque descreen del Sindicato, porque no les interesa participar, o directamente porque no hubo asamblea o instancia equivalente en su escuela. Pero la consulta efectivamente se hizo, y resultó lo que resultó, y el Sindicato no está facultado para hacer otra cosa. Y una juntada de firmas en Change.org no puede cambiarlo, porque el Sindicato necesariamente debe proceder conforme a su estatuto para poder sentarse en la mesa paritaria con el Gobierno. Y sólo el SUTE (ni SADOP, ni SUCEND, ni UDA, ni ATE Educación) tiene el aval para paritar. Y todas estas instituciones están al tanto.
Así, fuimos el conjunto de los trabajadores de la educación los que rechazamos la oferta salarial. Se trata de la sumatoria de los que votaron el rechazo, los que lo hicieron por la aceptación, los que no votaron porque no pudieron o no supieron, y los que optaron por desentenderse delegando la decisión.
Y ahora somos los mismos trabajadores de la educación los que tenemos que hacer algo al respecto. No sólo no somos víctimas del rechazo al ofrecimiento salarial del Gobierno, sino que tampoco lo seremos si este último termina resolviendo de manera unilateral. Lamentablemente, fueron muchos más los trabajadores que votaron el rechazo al ofrecimiento que los que se movilizaron para respaldar en la calle esa decisión. Es necesario que esto se invierta: no sólo que quienes votaron el rechazo se presenten para manifestar que no fue el Sindicato sino ellos mismos los que no aceptan la injusticia de ese ofrecimiento, sino también que quienes votaron la aceptación, o directamente no votaron, se hagan presentes para manifestar que no aceptan la injusticia de una recomposición del 20 % para dos años en los que la inflación bianual acumulada rondará el 100 %.
La cita es el próximo 28 de enero, cuando habrá una nueva paritaria no salarial para acordar cuestiones apremiantes (como los movimientos en Educación Media y la titularización de celadores) que ya estaban resueltas en las comisiones técnicas para la del martes 12, pero que el Gobierno decidió no tratar como parte del castigo, y como una muestra más de la mala fe negocial (porque no tienen nada que ver con la discusión salarial). Hagámonos cargo de que somos los trabajadores organizados los protagonistas de la reivindicación de nuestros derechos.
