No es nuevo que el funcionamiento de las coaliciones genere debates sobre los alcances de las mismas. Siempre están los que sostienen que se constituyen para participar en forma conjunta de una gestión de gobierno y los que, en cambio, dicen que muchas veces esos armados tienen un propósito meramente electoral y que se terminan diluyendo con la marcha del gobierno. O quedan reducidas a resolver entuertos parlamentarios.
Durante la presidencia de Macri hubo alguna participación de radicales en el elenco ministerial, pero no quedan dudas del liderazgo del fundador de Pro. Y aquí, en Mendoza, ocurrió lo mismo con la firme conducción de Alfredo Cornejo que, sin posibilidades de reelección, limitó su sucesión a un cotejo entre dirigentes de su partido. Así surgió la candidatura de Rodolfo Suárez. Fue en esa instancia cuando desde el macrismo mendocino buscaron imponer una alternativa con Omar De Marchi, que confrontó y perdió en las primarias con el precandidato de la UCR.
En estos casi siete años del eje Cornejo-Suárez hubo algunas bajas ruidosas en Cambia Mendoza, como la de los demócratas, que primero pegaron el portazo a raíz de diferencias muy puntuales con el Gobierno en temas institucionales. Luego volvieron convencidos por Suárez, pero esa unión tampoco duró mucho tiempo.
El resto del amplio abanico de partidos que ideó Cornejo se ha mantenido durante todo este tiempo en el espacio oficialista, pero cierto es que la preponderancia la mantiene el radicalismo. En todo caso, habría que hablar de un gobierno radical y de sus aliados.
A las diferencias surgidas previamente desde Pro y otros espacios con respecto a temas puntuales, como la minería, el plan hídrico o el nivel de exigencia de la revisión obligatoria de vehículos, se sumaron en la semana reclamos más concretos de participación en la discusión de propuestas por parte de otros sectores, como el Partido Demócrata Progresista, constituido en base a los demócratas que formaron parte del gobierno de Alfredo Cornejo y que en la actual gestión se sintieron mucho más aislados. “Con Cornejo hubo más apertura”, opinan. Aunque reconocen que “un gobernador (en este caso, Suárez) no puede poner a gestionar gente en la que no confía, pero lo que preocupa es que no es posible el debate de ideas”.
Si bien sostienen que hace varios meses que reclaman a la conducción partidaria de la UCR la constitución de la mesa de comando de la coalición, en ningún momento desde el PDP insinuaron un escenario de ruptura. Posibilidad que tampoco se observa desde los sectores anteriormente citados. Sólo un estallido de Juntos por el Cambio a nivel nacional daría motivos para pensar en algo similar en esta provincia.
Consideran que los dos gobiernos de la coalición mendocina fueron “exitosos” hasta el momento y que, por lo tanto, encuentran como razonable que ese espacio pueda ganar en una tercera oportunidad. Pero señalan que no es correcto que Cambia Mendoza sea un sello identificado sólo con el radicalismo. Piden más participación en los proyectos que se propongan desde el Ejecutivo. Ese sería parte del trabajo de la mesa de conducción que se reclama a la UCR.
En el oficialismo no coinciden con la crítica. Sostienen que, por ejemplo, en el ámbito legislativo los llamados socios políticos “tienen mucha participación”. Y no advierten que se exprese un descontento con respecto a la intervención de todos los sectores en las políticas que propone el Gobierno. “Son cosas que muchas veces se dicen cuando se acercan los tiempos preelectorales, como un juego propio de la política”, expresó una alta voz del oficialismo relativizando los efectos de la movida.
¿Surtirán efecto los reclamos de los integrantes minoritarios de Cambia Mendoza? Es una decisión difícil de prever y que surgirá de lo que decidan, justamente, en la UCR.
La formación de una mesa de conducción, o de diálogo, similar a la nacional de Juntos por el Cambio. no es muy fácil de imaginar aquí en estos momentos por la falta de ejercicio en tal sentido, salvo que un cambio significativo, poco probable aun, en las tendencias electorales obligue a mantener bien unida la sociedad que encabeza el radicalismo.
Como ya ocurrió previo a la definición de listas para la elección legislativa del año pasado, muchas miradas estarán puestas, seguramente, en los pasos que dé De Marchi. Aunque la tercera vía que muchos desearon que él encabezara en 2021 difícilmente se constituya en la futura convocatoria a elecciones, salvo, como dijimos antes, que se fuese a pique la coalición opositora nacional.
Lo cierto es que en los últimos días el Gobernador estuvo más interesado en temas muy puntuales de su gestión, como la negociación paritaria con los principales gremios provinciales, que terminó satisfactoriamente y que fue una verdadera prueba de fuego luego de la conflictiva situación que generaron, meses atrás, con sus reclamos estatales, los profesionales de la salud y docentes, fundamentalmente.
Y en cuanto a los servicios públicos, el Gobierno decidió publicar los incrementos derivados del reacomodamiento nacional en los casos puntuales en los que la provincia tiene potestad regulatoria, como agua y energía eléctrica. Además, en el transporte, que subirá en los próximos meses en tramos, como prometió el Gobierno, aunque bastante cortos. Todos son incrementos que, si se tiene en cuenta el contexto económico nacional, al Ejecutivo le resulta engorroso pero imperioso a la vez aplicar.
La conflictiva deuda
No debe haber imaginado el Gobernador que esta vez la objeción a la reestructuración de duda (roll over) llegase no por parte de la oposición sino a través de la Fiscalía de Estado. El organismo entiende que no es factible la negociación ideada, sino que indefectiblemente debe ser abordada por el Legislativo.
En un mensaje que dio ante empresarios y productores en Tunuyan, Rodolfo Suárez confirmó que responderán a la determinación tomada por el fiscal de Estado explicando cuáles son los mecanismos que, a criterio del Gobierno, sostienen la decisión de impulsar un nuevo diseño para la deuda provincial al margen del acuerdo en las bancas parlamentarias.
Hubo sorpresa oficial y algún malestar de Suárez y sus colaboradores porque hasta ahora no se habían observado grandes discrepancias con la Fiscalía de Estado, por lo menos en temas de tanta trascendencia pública y de gestión.
Obviamente, el fiscal de Estado, Fernando Simón, es un abogado con paso previo por la política a través del justicialismo, lo que puede generar alguna suspicacia en esta oportunidad, si se tiene en cuenta que el PJ fue el sector que siempre encabezó la resistencia de la oposición a dar los dos tercios que requiere la Constitución para aprobar este tipo de negociación.
Sin embargo, no deja de ser saludable la lejanía partidaria con el actual gobierno, si se parte de la premisa de que el fiscal de Estado, según marca la Constitución provincial, es el encargado de defender el patrimonio del fisco, entre otras atribuciones. Y con su interpretación, el doctor Simón sale al cruce del Ejecutivo en un planteo ya conocido, pero no previsto para dicha instancia.
Se genera, a no dudarlo, una pulseada interesante, ya que el entorno leguleyo del Gobernador ha mostrado eficacia en varias oportunidades en las que a la administración actual le tocó participar de planteos institucionales importantes.
