El gobierno provincial, a través de su Ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, decidió dar por terminada la lucha antigranizo y en reemplazo propone un seguro agrícola a productores de hasta 30 hectáreas. Vale la pena recordar la que, hasta donde hemos podido indagar, fue la primera experiencia del seguro agrícola estatal en la Argentina, que se implementó en Mendoza, hace más de cien años.
En 1911, el agrónomo Leopoldo Suárez, director de la Escuela Nacional de Vitivinicultura, propuso organizar un seguro contra incendio, granizo y helada mediante una asociación mutualista, aunque no logró el apoyo de los productores. Años después, cuando el radical José Néstor Lencinas asumió la gobernación en 1919, nombró a Suárez como Ministro de Industrias y Obras Públicas. Bajo su orientación, el ejecutivo presentó un proyecto de ley que entre otros aspectos contemplaba un “seguro mutuo con intervención del estado”. En realidad, el proyecto de ley elevado a la Legislatura proponía un seguro contra el granizo que se financiaría con un impuesto a la uva. El texto tenía varias falencias como la falta de un análisis técnico para sustentar cómo con un recurso variable (producción de uva), se pudieran pagar los siniestros; además no contaba con información estadística sobre la recurrencia del granizo. De todos modos, el seguro estatal, que fue incorporado a la ley 759, incluyó a la helada y determinó formar el fondo de capital mediante un gravamen “extraordinario” sobre el precio de la uva fijado por el Estado.
Este inédito ensayo, que se prolongó por casi cinco años, tuvo varios problemas de funcionamiento no solo por la falta de un estudio que permitiera prever su sustentabilidad en el tiempo sino, también, porque no se incorporó al texto otra exigencia básica, sobre todo en este tipo de seguros: el control de los siniestros. Para ello se necesitaba un cuerpo de inspectores idóneos y sólidos recursos financieros. Otro factor que conspiró contra la iniciativa fue la inestabilidad política de la provincia. No obstante, por debajo de estos sinuosos acontecimientos, se detecta un interesante proceso de “prueba y error”, que ajustó su aplicación al final del periodo. Repasemos brevemente este proceso.
El programa de Suárez se debía poner en práctica al filo de la muerte de José Néstor Lencinas, en enero de 1920, con la designación de la primera Comisión administradora del seguro. El fallecimiento del gobernador, la sucesión de dos ejecutivos (Ricardo Báez y el interventor federal Eudoro Vargas Gómez), el reemplazo del ministro y de la Comisión, todos éstos sin estar empapados del tema, hicieron defectuosa su implementación. Así, cuando en febrero de 1922 asumió la gobernación Carlos Washington Lencinas, había una importante deuda de los seguros con los productores. El nuevo ejecutivo nombró nuevamente como ministro de Industria y Obras Públicas a Leopoldo Suárez quien se abocó a mejorar varios aspectos del programa. Primero, nombró comisiones departamentales de viñateros para controlar las denuncias de daños y evitar la sobre declaración de los siniestros. Decisión acertada porque se constataron 10.140 hectáreas afectadas contra 14.625 declaradas. También se ajustó el promedio de rendimiento anual de uva por hectárea (sobre el que se determinaba el canon a pagar), cálculo que había sido muy alto y que había dificultado cumplir con los productores. Por otra parte, el ministro, consciente de las numerosas fallas de la ley, decidió reformularla. Su proyecto cambiaba el concepto de impuesto por el de “prima mutual del seguro agrícola”, que era el correcto. El 70% de lo obtenido se destinaría a las indemnizaciones y el resto a los servicios de administración, control y ejecución, y se institucionalizaban treinta delegaciones vecinales para constatar los daños con un inspector oficial.
El plan generó un gran debate entre el Estado, los viñateros y los industriales. Una Comisión nombrada por Lencinas proponía delegar la administración del seguro en una agencia autónoma con diversas atribuciones. Sin embargo, la propuesta no llegó a la Legislatura porque cuando, en noviembre de 1922, Lencinas asumió la gobernación luego de una licencia, comenzaron denuncias por graves “irregularidades e incidencias ocurridas en distintas ramas administrativas durante su prolongada ausencia”. Respecto del seguro, se acusaba a los miembros de la Comisión administradora, cuyo asesor letrado era José Hipólito Lencinas, hermano del ejecutivo. También se hablaba de desorden, despilfarro, existencia de personal innecesario y gastos mayores a lo presupuestado, etc. Al mismo tiempo se denunciaba la falta de cumplimiento del pago del seguro.
Lencinas trató de salvar su política para el sector y promovió la reforma sostenida por Suárez con la ley 798, que establecía que las dos terceras partes de los fondos recaudados para el seguro agrícola se destinarían también para los siniestros impagos. Pero esto no calmó los ánimos opositores y el gobernador cedió a esos intereses y elevó a la Legislatura tres proyectos de ley que, entre otros aspectos, desactivaba el seguro agrícola. Luego de una larga discusión, en febrero de 1923 se sancionó la ley 810 que dispuso, entre otras medidas, la finalización del seguro a partir del 1 de agosto de 1924.
Cabe concluir que en su fracaso operaron factores de diferente índole: político-institucionales (conflictividad interna del radicalismo, intervención federal); de fiscalización (inspecciones deficitarias a los productores, falta de control extra-poder al programa) y técnicas (improvisación debido a la falta de conocimiento y criterios especializados). Pero también es cierto que su inspirador buscó mejorar los desaciertos observados en los dos primeros años de aplicación, aunque la franca mejoría del mercado de vino generó una férrea oposición de los productores a toda intervención del Estado en la vitivinicultura, y así cayó el seguro agrícola estatal.
Es muy probable que esta experiencia fracasada pusiera luz sobre un nicho rentable para la inversión privada. Así parece sugerirlo la inmediata instalación de empresas de seguros que combinaron exitosamente capitales regionales y extra-regionales.
* La autora pertenece al IHAA-FFyL-UNCuyo.
