En principio, debo advertir que soy producto de la educación pública, laica y gratuita; escuela primaria, secundaria y la UNCuyo. Y muy agradecido, además.
En los últimos días se han escuchado numerosas voces destacando o denostando aspectos relacionados, en general, con los recursos que el Estado nacional debe destinar a las universidades, como si éstas fueran las únicas encargadas de la educación pública. Es una mirada parcial, como veremos más adelante.
Conviene dejar de lado algunos puntos a los que se ha dado importancia y que, en mi opinión, son secundarios: Uno de ellos está referido a los estudiantes extranjeros que, conforme a la información divulgada, solamente representan menos del 3% de la matrícula. No es el meollo del problema.
Otro se refiere a la falta de auditorías. Tampoco es relevante. Cada universidad nacional tiene sus propios sistemas de control interno y, además, la Ley de Presupuesto podría imponer la obligación de rendir cuentas bajo apercibimiento de cesar el suministro de fondos. Creo que la falta de controles puede atribuirse a que la Auditoría General de la Nación (AGN) -presidida por la oposición y que reporta al Congreso Nacional- está sobrepasada en sus tareas.
Dejando de lado la importancia que tiene para los países la acumulación de conocimientos y la investigación, uno de los argumentos más destacados de los defensores del presupuesto universitario se refiere al papel de la universidad como instrumento relevante para la movilidad ascendente. Tanto Perón como Balbín coincidían que es el arma más idónea para romper la regla que establece que el hijo de obrero está obligado a ser obrero. Sin embargo, este factor pierde eficacia si la mayoría de las clases teóricas y prácticas se dictan en horarios que impiden la asistencia de los jóvenes que tienen que trabajar mientras cursan sus estudios. Terminan inscriptos en universidades pagas, con horarios vespertinos o nocturnos.
La composición de los Consejos Superiores y Directivos de las universidades nacionales (docentes, alumnos, egresados y no docentes), la elección democrática y periódica de estos integrantes, las diversas corrientes ideológicas que coexisten en los centros de estudiantes y la designación de profesores por concurso, permiten desestimar, o al menos no generalizar, las acusaciones de adoctrinamiento.
Si se aceptan estas bases, cabe preguntarse entonces cuál es el meollo del problema que ha sacudido a la Argentina durante los últimos meses y que ha motivado multitudinarias marchas y manifestaciones. No pretendo indicarlo, pero creo que hay que atender algunos aspectos que van más allá de la abundancia o escasez de partidas presupuestarias.
Para hablar de educación pública, el primer enfoque hay que dirigirlo a la escuela primaria y secundaria. Hay fallas importantes que hemos terminado aceptando como una nueva normalidad. Además de lo que indican los pobres resultados de las pruebas PISA (puesto 66 de 84 países), hay otros síntomas que resultan muy llamativos: por ejemplo, para ingresar a la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCuyo hay que demostrar “comprensión lectora”. Insólito requerimiento para quienes ya cuentan con títulos secundarios, en muchos casos otorgados por establecimientos dependientes de la misma universidad.
Otro aspecto que hay que enfrentar es qué tipo de educación universitaria debe sufragar el Estado en un marco macroeconómico de escasez y pobreza generalizadas. No pretendo descalificar ni subestimar ninguna disciplina o profesión, pero cabe hacerse algunas preguntas: ¿será necesario asegurarles enseñanza universitaria gratuita a quienes tienen vocación por disciplinas o artes que no tienen más que uno o dos interesados?; ¿corresponde pagarle dedicación exclusiva a un profesor titular que dicta una materia durante un cuatrimestre por año y solamente a tres o cuatro alumnos?; ¿se justifica conformar cátedras con profesor titular, profesor adjunto y jefe de trabajos prácticos en asignaturas con un escaso número de alumnos? Estos y otros interrogantes son los que deben plantearse y resolver quienes tienen a su cargo la correcta asignación de las partidas presupuestarias cuya administración se les ha confiado. No deben olvidar que manejan fondos públicos, provenientes del pago de impuestos que recaen sobre todos, los que pueden aprovechar la educación pública gratuita, los que asisten a establecimientos privados, y los que -lamentablemente- sólo pueden dedicarse a procurar alimentos, ropa y techo para ellos y sus hijos.
* El autor es Contador Público Nacional.
