En 2001, a meses de la gran crisis que terminó con el gobierno de Fernando De la Rúa y la convertibilidad, Miguel Bonasso escribió su relato de aquellos días, publicado con el título de “El palacio y la calle”. Aunque se pueda disentir con Bonasso sobre causas, hechos y consecuencias, es interesante esa dialéctica que el título presenta, entre los hechos de protesta e insurrección callejera y los entretelones de las intrigas en el seno del poder, ambos confluyendo para cambiar la historia.
Lo que Bonasso planteó en su libro puede leerse como una versión de un viejo conflicto entre dos interpretaciones de la historia. Una, el palacio, es la que se corresponde con lo que se ha dado en llamar historiografía liberal, que concibe la historia como el terreno de las grandes acciones de los héroes y próceres, autores exclusivos de la historia. En nuestro país, sería la historia canónica de Mitre y Sarmiento, aquella que troqueló una serie de prohombres que construyeron la república liberal contra las fuerzas del atraso y la barbarie. Otra, la calle, es la que cree que la historia es la obra de las masas populares, de actores mayormente anónimos, héroes sin nombre. Es la historia de una parte del revisionismo, reivindicador del papel del pueblo en contradicción con las elites, y también de las versiones marxistas que cifran la dinámica histórica en la lucha de clases.
Ambas visiones no son excluyentes, o al menos no deberían serlo. La historia “profesional” y objetiva que se pretende cultivar en la actualidad trata de hechos y de procesos, en los que se verifica la combinación de acciones individuales y colectivas. En la Argentina tenemos una versión paradójica de esta dialéctica en el caso del peronismo, que se reivindica como movimiento de masas pero con una característica fundacional, la verticalidad: las masas, en el fondo, siguen al líder, sea Perón, Menem, Néstor o Cristina. Estos sustentan su conducción en su particular habilidad para conocer e interpretar los deseos de la masa.
Estas reflexiones nos proporcionan algunas ideas interesantes para analizar las características del gobierno de Javier Milei y también explicar algunos planteamientos de la oposición. El contexto lo amerita, ya que en los últimos días el oficialismo ha recibido el embate de dos expresiones “populares”: la marcha por la universidad pública y el paro de la CGT. Si lo planteamos en los términos arriba indicados, parece ser la calle contra el palacio, el pueblo contra la autoridad presidencial. Una pulseada por la conducción del país.
Sabemos que Milei es un convencido defensor de la iniciativa individual como motor del progreso y de la historia. Como buen liberal, postula el egoísmo del individuo como impulsor de la acción: cada uno persigue su propio beneficio, lo que es natural y conveniente. Ya conocemos sus loas a los empresarios como verdaderos benefactores. La prosperidad general, en todo caso, se dará por acumulación de actos individuales. Por eso, toda expresión de acción colectiva es inmediatamente despreciada y calificada de populista o comunista. Milei mete en la misma bolsa cualquier acción humana que escape al marco de la búsqueda del beneficio individual e implique algún tipo de iniciativa colectiva o grupal. De allí su reiterada condena a la idea de justicia social. Por eso, desde la primera magistratura, evita encarar políticas públicas que signifiquen que el peso de la acción esté puesto en el Estado y no las personas. Veremos, por ejemplo, cómo se expresa esta dificultad frente al espinoso tema del transporte público, como ha mostrado en estos días el accidente ferroviario de Palermo.
Pero no es sólo eso. El presidente también tiene un estilo de gestión que se caracteriza por ser extremadamente individualista. Suele tomar las decisiones en soledad, rodeado apenas de sus más cercanos: su hermana Karina, Santiago Caputo, y no muchos más. Asimismo, sus resoluciones son mostradas como expresión de la decisión individual; “lo hago porque se me ocurre”. Esto no apunta a descalificar esa manera de gobernar, sino simplemente a resaltar que puede ser vista como expresión del capricho presidencial, además de un sesgo voluntarista y autoritario. Que es precisamente lo que algunos le achacan: su desprecio por rasgos característicos de la política como la negociación y el consenso, reducidos en su cabeza a meros acuerdos espurios entre castas, conlleva su correspondiente dosis de individualismo autoritario.
Frente a semejante manera de gobernar, y de esta concepción de la realidad política y social que pone el acento en la acción individual, pareciera erigirse una oposición que, diametralmente opuesta, apuesta por la calle y las movilizaciones populares como modo de expresión y acción política. Ante el relativo fracaso de la acción política institucional –que tampoco significa un triunfo del oficialismo-, elige recurrir al ya manido y agotado recurso de la calle. Si algo se ha podido comprobar en los últimos años, es que el dominio físico, la ocupación del espacio público ha dejado de tener un rol tan relevante en política. Dejemos de lado por un momento las movilizaciones piqueteras y de izquierda, ya rutinarias, para centrarnos en dos momentos que creo más significativos.
En primer lugar, el paro reciente de la CGT, cuyo relativo éxito –como siempre, depende de quién haga la evaluación-, atribuible principalmente a la ausencia de transportes, muestra a una cúpula sindical un tanto desorientada frente al gobierno libertario. No han conseguido todavía jaquearlo en sede política –la ley Bases todavía sobrevive- ni en sede judicial –aún no se puede anticipar el destino del DNU-. El único recurso a mano ha sido parar el país, por segunda vez en los cinco meses de mandato de Milei. Pero estas decisiones ya provocan más hartazgo que apoyo en una población que sufre en billetera propia el día no trabajado. Y, para peor, el gobierno aprovecha este gesto para mantener su apoyo, en relación inversa con el aumento del descrédito de una conducción sindical cada vez más lejos de sus bases. Principio de revelación, le llama Milei.
Algo muy distinto sucedió con la marcha en defensa de la universidad pública. A diferencia del paro de la CGT, esta manifestación multitudinaria contaba con una legitimación previa, ya que parece revelar un amplio consenso social sobre la universidad pública como uno de los pilares de la cultura nacional y, por esto mismo, intocable. A la marcha, transformada en protesta contra la política presupuestaria del gobierno, se sumaron representantes de todos los sectores vinculados a la vida universitaria y cultural y, por supuesto, sindicatos, partidos y organizaciones de izquierda. Esto, a ojos de mucha gente y no sólo del oficialismo, puso un manto de duda sobre la marcha. Como dijo el mismo Milei, ésta no sólo se politizó sino, peor, se “partidizó”. Una clara muestra de cómo la casta corroe y corrompe incluso aquello que parece ser apreciado de manera unánime. Se puede coincidir o no, pero el argumento tiene su validez.
Desviándonos momentáneamente del motivo de este artículo, ambas expresiones “callejeras” revelan una cuestión de fondo que el gobierno de Milei quiere poner en el centro de la escena: qué es lo “intocable” en la realidad nacional. Seguramente coincidamos en que la motosierra no es el instrumento más adecuado para gobernar, y en que la actividad política requiere de una buena dosis de diálogo, negociación y consenso. Pero el presidente ha planteado un principio muy interesante: si hemos llegado hasta esta situación calamitosa es porque todo, o casi todo, anda mal. En consecuencia, todo puede ser revisado. ¿Por qué la educación pública en general, y la universitaria en particular, iban a ser una excepción? ¿No será, imagino que sospechan en la Casa Rosada, que detrás de esta prestigiosa institución se esconde una opaca estructura de negocios y prebendas? Esta postura puede ser atribuida a cierto grado de paranoia, pero es cierto que al menos el presidente se ha atrevido a discutir lo que hasta ahora era indiscutible. Y eso es bueno. Es muy loable defender la universidad, pero también sería positivo poder abrir las puertas a auditorías que no sólo encuentren hipotéticos negociados sino que permitan establecer políticas de eficiencia en el gasto y mejora educativa. Igualmente, para más adelante quedaría otra cuestión: ¿sirve la universidad pública tal como está hoy?
El presidente parece imperturbable ante estos reclamos en la calle. Las manifestaciones populares no lo asustan ni, por lo menos hasta ahora, lo hacen recalcular objetivos y políticas. Para muchos, es señal de su absoluta falta de empatía, de su indiferencia ante los conflictos y reclamos sociales. Puede ser. Pero también es cierto que, en realidad, Milei tiene en su cabeza otra concepción de la política, más tecnocrática si se quiere. La política es decisión, fundamentalmente técnica, especializada. Por eso es que su prioridad esencial está cifrada en alcanzar las metas económicas, lo que persigue obsesivamente. Lo medible, lo cuantificable, es lo que marca el paso de su gestión y determina su éxito o su fracaso. Lo demás no cuenta.
De todos modos, lo dicho no nos debe hacer caer en el error de creer que podemos interpretar esta realidad con las categorías de Bonasso, como algunos quieren plantear. Ni la manera de gestionar del presidente se sustenta en turbias negociaciones de palacio, a espaldas del pueblo, ni las manifestaciones por la universidad pública y los paros de la central obrera son la legítima expresión, insurreccional, de la resistencia popular. Sería más preciso afirmar que frente a la voluntad decidida pero inflexible de Milei, se alzan ciertos sectores de la sociedad que claramente manifiestan una vocación corporativa, caso del sindicalismo, o que aprovechan un reclamo genuino para legitimar su pretensión de negarse a todo proceso de transparencia y racionalidad y, de paso, sumar rédito político, como es el caso de los defensores de la universidad pública y aquellos partidos y agrupaciones que se “colaron” en la marcha.
Esta tensión entre el palacio y la calle amenaza con ser una constante durante la presidencia de Milei. Difícilmente aquellos sectores que ven achicarse su margen de maniobra institucional, por la falta de resultados, renuncien a hacer demostraciones de fuerza en los espacios públicos. Habrá que ver si el presidente sigue mostrando un cuero tan duro a estas presiones como hasta ahora.
* El autor es profesor universitario de Historia de las Ideas Políticas.
