El ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, sorprendió a propios y opositores cuando el martes llegó a la Legislatura y depositó en manos de sus autoridades el proyecto de ley para declarar la necesidad de reforma de la Constitución provincial. Concurrió en nombre de Rodolfo Suárez pero con la expectativa de ser, justamente él, uno de los inspiradores de la propuesta del Gobernador. Además, por ser el titular del área política del Ejecutivo.
Más allá de las observaciones que puedan surgir a la propuesta de parte de la dirigencia política y constitucionalistas, principalmente, está claro que el tema saca un poco la atención puesta en el agobio en el que nos encontramos inmersos los mendocinos, como todos los argentinos, desde que se instaló la pandemia de coronavirus. Pero también hay que darle una cuota de razón a los que consideran que por la crítica situación sanitaria imperante, éste tal vez no haya sido el momento adecuado para sembrar semejante debate institucional.
Uno de los aspectos de discusión será el del costo de la política. No son pocos los que dudan que achicar la Legislatura signifique, por añadidura, reducir sustancialmente el gasto público. En todo caso, es un gesto hacia la gente, mayoritariamente crítica de la calidad de la política. Lo que más temen los sectores partidarios es que dicha reducción conlleve una menor calidad institucional al perderse la actual función revisora que cumple el sistema bicameral, entre otras consideraciones que surgirán a partir del inicio del debate de la propuesta.
Y hablamos de todos los sectores partidarios, porque realmente son todos. Ya hubo algunos pronunciamientos públicos en contra de los alcances controvertidos del proyecto reformista, como el de la diputada demócrata Mercedes Llano, pero también habría otros varios para nada conformes. Estas especulaciones llevan a suponer que tanto en el Senado como en Diputados no estarían los números favorables para la propuesta.
Y si de institucionalidad se trata, la eliminación de la elección de “medio término” es vista por aquellos que dudan de los cambios propuestos, como una puerta que puede abrirse para la plena influencia del Ejecutivo de turno hacia el Legislativo si aquél obtiene mayoría de bancas en la única elección propuesta cada 4 años.
Sí produce alivio que no se hable de la reelección del gobernador, salvo con un período constitucional intermedio, como ha regido tradicionalmente en la provincia. Fue parte del anuncio de Suárez en la Asamblea del 1 de Mayo y constituye un dato importante a favor de la discusión de la propuesta. Tampoco tendría planteos la implementación de la doble vuelta para la elección del gobernador.
En el principal sector de la oposición, el justicialismo, comentan que no hay por el momento ninguna reunión convocada para iniciar el debate legislativo o para informar con más detalles sobre los alcances de la reforma impulsada. No existiría apuro en el Ejecutivo. Curioso, porque el trámite encarado es bastante largo, ya que requiere que primero se expida el Poder Legislativo y que luego se convoque a elección de convencionales constituyentes para que, finalmente, éstos se constituyan en Asamblea y decidan sobre la reforma.
Es por ello que los referentes del peronismo legislativo esperan que desde el suarismo comiencen los contactos para ver cómo está el nivel de aceptación en la “tropa” del PJ. Por lo menos en esta primera semana tras la presentación del proyecto no se observa aún preparativos para empezar a testear en las filas opositoras. Quienes ocupan bancas desde hace un tiempo coinciden en que el empeño lo deberá poner el oficialismo y recuerdan que si no pudo imponer una reforma en su momento Cornejo, durante su gobernación, pese a la fuerte presión que ejerció a través de sus operadores políticos, más complicado se le presentará el tema a la actual administración si no aceita los mecanismos de contacto.
Aquella presión del cornejismo no resultó lo más adecuado; el apuro y la tensión constante hicieron que el bando de los intendentes peronistas terminara dándole la espalda a todo lo que proviniese de Cornejo con relación a la Constitución, la reelección o la composición de la Corte. Y la relación entre las partes se mantuvo irreconciliable hasta el final de la gestión. La comparación se realiza para explicar que toda propuesta ambiciosa debe contar con un necesario voluntarismo. Aquello de que los extremos siempre son perjudiciales sirve como claro ejemplo en este caso.
Los otros alcances de la propuesta del Gobierno no merecerían grandes objeciones y podrían contrarrestar la suma de dudas que genera la intención de ahorro para el Estado con menos legisladores y elecciones.
Otro tema que mueve y une al justicialismo contra el Ejecutivo es el de la deuda de la Provincia. “Si Mendoza cierra a un valor mayor que el de la Nación en su negociación se condiciona a otras provincias también endeudadas en moneda extranjera”, explican desde el PJ, aunque coinciden con el ministro de Hacienda, Lisandro Nieri, en que el marco de acuerdo logrado por la Nación ayuda las expectativas mendocinas.
El endeudamiento de la Provincia fue recurrentemente objetado por el peronismo desde los tiempos de Cornejo y tras la asunción de Suárez siempre la oposición eb¿¿ buscó conducir a éste a una suerte de blanqueo de la situación heredada, algo que en la actual gestión de ningún modo reconocen. Tampoco Suárez estaría dispuesto a generar un conflicto con su antecesor por el simple hecho de ganar simpatías opositoras para gobernar sin sobresaltos. Las diferencias entre suaristas y cornejistas, que existen, quedan por ahora puertas adentro del radicalismo.
La crisis que no decrece
En el Gobierno no decrece la preocupación por el día a día que impone la crisis por el Covid 19. Hubo dudas el viernes a la tarde porque muchos interpretaron que la explicación que dio Alberto Fernández había incluido a Mendoza entre las provincias o lugares de la Argentina que debían volver a la cuarentena estricta de la fase 1, la inicial. Luego, todo se aclaró y así el Gobernador pudo comprobar que lo que había conversado con el Presidente horas antes no había sido ignorado por éste. Sí hubo consultas en Olivos y el pedido de que la Presidencia no obligara a un retroceso que hubiese complicado, a no dudarlo, la hasta ahora buena relación entre el Gobierno y la gente en general. Porque en Mendoza hay bastante saturación popular, es verdad, pero la apertura paulatina y temprana de las actividades económicas fue un paso acertado que muchos sectores valoraron. Además, salvo sectores muy puntuales, las normas básicas de respeto y cuidado (uso de tapabocas, distanciamiento, etc) se cumplen en un alto porcentaje. Pero eso es lo que se ve; puertas adentro de viviendas y locales ha habido imprudencias y excesos que, en gran medida, llevan al cuadro crítico que se soporta en estos días.
Así, la inquietud persiste por el número de casos y el temor de la eventual saturación del sistema. Eso explica, en líneas generales, por qué se suspenden algunas intervenciones quirúrgicas programadas y se enviará a sus domicilios a los contagiados de coronavirus con cuadros leves.
La nueva etapa de cuarentena, o aislamiento, determinado por la Nación hasta el domingo 30 le permite al gobierno local mantener, en líneas generales, lo que ya se venía aplicando desde el inicio del mes. Sí se tendrá que apelar una vez más a la solidaridad y sentido común del grueso de los mendocinos para que la provincia no tenga que volver a endurecer sus medidas si se mantiene en alza el número de contagios.
Suárez, como tantos otros gobernadores, debe lamentar íntimamente el mal momento que le tocó justo en el comienzo de su gobierno. Pero también debe contemplar que su imagen se consolidó entre la gente por el silencioso pero prolijo recorrido que impuso y su correcta relación con la Nación, a lo “Rodríguez Larreta”. Esta larga emergencia le valió para dejar atrás los tropezones de sus primeros meses. Pues, entonces deberá ser precavido para que sus nuevas iniciativas no le vuelvan a generar contratiempos.
