La dimensión escandalosa de la corrupción del ciclo kirchnerista de veinte años en el poder y la focalización en la misma, necesaria para no caer en la complicidad, nos distrae del enorme retroceso experimentado por nuestro país, desde el 25 de mayo de 2003, cuando Néstor Kirchner asumió el gobierno de la Argentina.
Hay una imagen distorsionada, por algunas cifras positivas del primer cuatrienio K, que, el deterioro de los gobiernos de ese ciclo se inicia, luego, de la crisis desatada por la resolución 125. En realidad, en el primer gobierno de Néstor Kirchner, luego de los comicios de medio término de 2005, se agudizan problemas como la escasa inversión en infraestructura, el atraso tarifario, la postergación indefinida de la renegociación de los contratos de los servicios públicos concesionados.
El mito inicial es el haber recibido un país destruido en 2003. Más allá del debate, retrospectivo, sobre si la salida de la crisis del 2001 pudo ser diferente lo cierto, es que el país que recibió el kirchnerismo estaba creciendo, con una inflación de 4 % anual y con apoyo del gobierno de los Estados Unidos, para, una renegociación favorable de la deuda externa.
Agreguemos que la Argentina del 2002 era exportadora de energía, y había modernizado bastante su infraestructura. También, el sector agropecuario, había logrado un salto cualitativo en su capacidad productiva a pesar de los bajos precios internacionales de esos años y que, afectaron a los gobiernos anteriores al 2003. Precisamente el gobierno de Kirchner se beneficia con esa transformación y el inicio de ciclo de incremento de precios para los alimentos más altos desde la primera década del siglo XX:
Las mejoras del sector externo y de la recaudación fiscal, provocó un desmesurado e improductivo incremento del gasto público nacional, provincial y municipal a partir del 2003. La presión fiscal se incrementó hasta provocar una mayor informalidad de la economía y retorna el déficit fiscal, al no alcanzar la recaudación impositiva a cubrir ese gasto, provocando endeudamiento externo, apropiación de los ahorros previsionales con la supresión de las AFJP y la descontrolada emisión monetaria al cerrarse los mercados financieros para seguir colocando deuda. Es así como retorna el flagelo de la inflación.
Las críticas valederas al aumento desmesurado del gasto, a veces oscurece la cuestión de la calidad del gasto público. El gasto creció de un 25 % del PBI a un 42 %. Son unos 17 puntos. Dentro de ese gasto, la planta de empleados públicos se elevó de dos millones doscientos mil a más de cuatro millones. Este incremento en el empleo público no se tradujo en mejoras en los servicios educativos o de salubridad. También, se sumaron las jubilaciones sin aportes de un millón y medio de personas con ingresos medios altos. Otra distorsión que incrementó el gasto fueron los subsidios indiscriminados a los servicios públicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires, beneficiando a sectores de altos ingresos. En 2015 las tarifas de luz sólo pagaban el 18 % del costo del servicio. En el sistema de transporte generó enormes corruptelas y el deterioro de los servicios. El incremento del gasto público no se reflejó en el porcentaje destinado a la obra pública, por el contrario, se redujo al más bajo de Sudamérica.
Yo soy contrario a los subsidios de los desocupados porque desmoralizan y desacostumbran a trabajar”, decía Franklin Delano Roosevelt. El estadista estadounidense afrontó el flagelo de la desocupación provocado por la crisis de 1929, promoviendo el trabajo. El programa K fue por el contrario desalentar el trabajo con planes sin contraprestación o el escándalo de dar casi un millón de pensiones por invalidez a falsos inválidos.
La reestatización de numerosas actividades ha provocado un incremento del déficit de 7500 millones de dólares, un 1,5 % del PBI. A esto se agregan los subsidios a empresarios prebendarios, como, el ensamblaje de electrónicos en Tierra del Fuego, perjudicando al fisco y a los consumidores que deben adquirir eso productos a mayor precio.
Las retenciones a las exportaciones agropecuarias y producciones regionales han transferido al estado desde las economías provinciales alrededor de 150 mil millones de dólares, es dinero que se le ha restado a las inversiones que podían haber elevado la producción y el agregado de valor. Los gobernadores declamadores del federalismo cuanto se trata de preservar el dominio de las oligarquías en el poder nunca reclaman por este despojo que perjudica el desarrollo del interior.
Sólo en 2021 los subsidios al transporte y a la energía significaron una erogación de 11 mil millones de dólares, un 2% del PBI. Otra transferencia de ingresos a los habitantes de ingresos medios y altos del área metropolitana de Buenos Aires. Once mil millones de dólares equivalen a la reconstrucción de once mil kilómetros de vías ferroviarias o a convertir en autopistas unos cinco mil kilómetros de rutas, cien kilómetros de subterráneos o un programa para irrigar unos siete millones de hectáreas, asunto prioritario como lo ha demostrado la terrible sequía que ha afectado hasta hace pocas semanas al país. Pensemos en lo que se podía haber hecho en veinte años con esos fondos.
Los hechos son concluyentes, la pobreza duplica a las cifras del 2003. Pero hay algo peor, el desastre educativo que soportamos en estos años, deja como saldo que los pobres no tengan oportunidad de salir de esa condición deviniendo excluidos.
Ese es el país que nos dejaron.
* El autor es miembro de número de la Academia Argentina de la Historia y de la Academia de Historia Militar.
